La tragedia de la escuela de Río de Janeiro, en la que un exalumno mató a tiros a 12 niños hace 17 días, ha llevado al Gobierno brasileño a lanzar una gran campaña nacional, a partir del 6 de mayo, para que los ciudadanos entreguen voluntariamente las armas. Así lo anunció el lunes el Ministerio de Justicia, que pretende destinar un lugar en cada ciudad para que los ciudadanos puedan depositar sus armas de fuego obtenidas legal o ilegalmente.
El Gobierno piensa dar todas las facilidades posibles para dicha entrega, por lo que ha determinado que podrán ser entregadas no solo en las comisarías de policía, sino también en las iglesias, en las sedes de las ONG y hasta en las oficinas del Colegio de Abogados de Brasil. En todos esos lugares, incluso en el interior de los templos, deberá ser un agente de policía quien reciba el arma.
Ante las críticas de que muchas veces las armas entregadas por los civiles acaban en el mercado negro, esta vez el Gobierno ha decidido que sean destruidas ante el ciudadano en el momento de entregarlas, aunque no se ha explicado de qué forma será llevada a cabo esa destrucción. Tampoco se ha decidido aún cómo se compensará a los ciudadanos por las armas entregadas.
La medida está siendo objeto de polémica, incluso dentro de la clase política, como sucede con el proyecto de convocar un nuevo plebiscito en octubre para prohibir el comercio legal de armas a civiles, apoyado por el presidente del Senado, José Sarney. Una iniciativa similar fue rechazada por el 64% de los votantes en otro plebiscito celebrado en 2005.
Ha habido hasta políticos que, llevados por la emoción de la tragedia de Río, llegaron a sugerir que las fuerzas del orden pudieran registrar las casas para requisar armas ilegalmente adquiridas, propuesta que fue descartada como contraria a la Constitución, que protege la intimidad de los hogares, en los que solo se puede entrar con mandato judicial.
Críticas a la campaña
Los que se oponen a la campaña para desarmar a la población alegan que el problema es otro: la ineficacia en la lucha policial contra el contrabando internacional de armas y la corrupción en el seno de la policía y el Ejército, cuyos integrantes acaban en muchos casos vendiendo armas a los narcos. Los críticos con la medida afirman que desarmar a la población será el mejor regalo para los delincuentes.
Sin embargo, las cifras de violencia hacen mella en la opinión pública. Por ejemplo, el pasado fin de semana, solo en la ciudad de Salvador de Bahía se registraron 20 asesinatos con armas de fuego. Brasil es hoy uno de los países de América Latina con mayor número de homicidios: 50 mil anuales, con una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes. La excepción es São Paulo, que este mes ha conseguido por primera vez reducir dicha tasa a menos de 10, por lo que está por debajo de lo considerado como epidemia.
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