Las personas con el grado de dependencia más alto están atendidas en casa en su mayoría. Ocurre en los dos niveles de la gran dependencia. En el nivel 1, el 48,8%, y en el nivel 2, el 45,12% están asistidos en casa. Normalmente, esto se debe a la preferencia del ciudadano, que opta por que un familiar le cuide en su domicilio. Pero esta deriva contraviene la propia ley, que preveía un uso excepcional de la prestación económica en pro de los servicios, que además de ofrecer un cuidado profesional generan empleo.
¿Cuántos están solos, cuántas horas de ayuda reciben? No se sabe
Las razones culturales y la escasez de recursos pueden estar también detrás de estas cifras, que ayer presentó la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez Lozano. Y una prueba de ello son los datos que arroja el mundo rural: solo un 12% de la población española vive en pueblos de menos de 5 mil habitantes, sin embargo, ahí residen el 28,5% de las personas dependientes.
"El mundo rural tiene una población muy envejecida, pero también es cierto que los servicios sociales municipales tienen en esas zonas un gran desarrollo y cercanía al ciudadano, lo que indicaría un mejor acceso al sistema de la dependencia", señaló el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Muchos familiares atienden a sus mayores como el mejor experto, y no siempre los empleados de los geriátricos tienen la formación adecuada. Preocupa, sin embargo, el casi 20% de grandes dependientes cuya prestación es la ayuda a domicilio. ¿Cuántos de ellos están solos en casa? No se sabe. ¿Cuántas horas de ayuda a domicilio semanales reciben? Se sabrá cuando las Administraciones quieran hacerlo público, pero en algunas son bien escasas estas horas de apoyo y a veces ni siquiera sirven para ayudar al dependiente, sino para limpiar la cocina.
A pesar de todo, la ley camina, aunque de forma desigual. Ya hay 720.000 personas con cobertura y cuatro de cada cinco reconocidas como grandes dependientes reciben una prestación.
El Gobierno ha destinado en estos cuatros años de vigencia de la ley 5.390 millones de euros. Para tener una idea exacta de la correcta financiación de esta ley habría que contar con los datos de las comunidades autónomas, pero, tras cuatro años, no se dispone de ellos todavía. La ley exige que ambas Administraciones, central y autónomas, aporten la misma cantidad. "Hemos pedido los datos a las comunidades. Cuando alguna dice que aporta más de lo que le corresponde, les digo que me lo demuestren", señaló Martínez Lozano. "Es hora de que se vayan animando y presenten sus datos, los ciudadanos tienen derecho a conocerlos", reclamó ayer José Manuel Ramírez.
En todo caso, haciendo unas sencillas operaciones con las cifras facilitadas por el Gobierno, se observa cómo las comunidades que peor han desarrollado la ley han dejado de percibir un dinero que les correspondería si hubieran atendido un porcentaje de personas en relación con su población similar a otras comunidades. Madrid pierde 290 millones, Valencia, 233, Canarias, 116 y Baleares, 33. Son las que están a la cola en personas atendidas respecto a su población (una forma de medir con la que Madrid no está de acuerdo). En el lado opuesto están La Rioja, Cantabria y Andalucía.
La mayoría de los beneficiarios de la dependencia son mujeres (porque viven más años) y un 56% del total es usuario por su discapacidad física mientras que el resto lo es por problemas intelectuales o mentales (la estadística no lo distingue).
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