CSI-F convoca una huelga de funcionarios en septiembre
Los funcionarios celebran concentraciones durante ayer y hoy
El sindicato de la función pública CSI-F no quiere que la reacción de
los sindicatos a la suspensión de la paga extra de Navidad de los
funcionarios se quede en las concentraciones que se están celebrando
entre ayer y hoy, ni en la manifestación que han convocado UGT y CC OO
para el próximo jueves 19 de julio. El máximo órgano de este sindicato
ha decidido hoy convocar una huelga general en la función pública en
septiembre, será la quinta de la democracia. La semana que viene
intentará que se sumen el resto de sindicatos de empleados públicos.
Mientras el Consejo de Ministros decidía suspender la paga de Navidad de los funcionarios, quitarles buena parte de sus días libres, reducirles el sueldo que reciben cuando están de baja y eliminar parte de los liberados sindicales, el máximo órgano de CSI-F estaba preparando la respuesta más contundente: la huelga. Será en septiembre, pero todavía no está concretado el día.
Hay dos motivos por los que CSI-F, uno de los tres sindicatos más representativos del sector, no ha cerrado la fecha todavía. Primero porque quiere contar con el resto de organizaciones, sobre todo con las otras dos grandes centrales (UGT y CC OO). De hecho, estos tres sindicatos han convocado una reunión para el miércoles que viene una reunión con el resto de organizaciones con representación en la función pública, tanto las de corte nacionalista con implantación autonómica (ELA, del País Vasco; o CIG, de Galicia) como las sectoriales (SUP, sindicato policial).
La otra causa hay que buscarla en la enseñanza. Este sector hizo muchas huelgas el curso pasado en varias comunidades autónomas (Madrid, Comunidad Valenciana) y los sindicatos temen que la convocatoria tenga poco seguimiento entre maestros y profesores, que ya han perdido dinero por seguirlas. Además, para que un paro se note en el sector educativo tiene que celebrarse durante el curso escolar. Eso retrasaría la fecha hasta finales de septiembre o al comienzo de octubre, retrasarlo más supondría situar la convocatoria muy lejos del anuncio con los recortes para los funcionarios.
Esta convocatoria será la quinta huelga de funcionarios de la democracia. La última se celebró el 8 de junio de 2010 y el desencadenante fue la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reducir un 5% de media el salario de los empleados públicos.
Mientras el Consejo de Ministros decidía suspender la paga de Navidad de los funcionarios, quitarles buena parte de sus días libres, reducirles el sueldo que reciben cuando están de baja y eliminar parte de los liberados sindicales, el máximo órgano de CSI-F estaba preparando la respuesta más contundente: la huelga. Será en septiembre, pero todavía no está concretado el día.
Hay dos motivos por los que CSI-F, uno de los tres sindicatos más representativos del sector, no ha cerrado la fecha todavía. Primero porque quiere contar con el resto de organizaciones, sobre todo con las otras dos grandes centrales (UGT y CC OO). De hecho, estos tres sindicatos han convocado una reunión para el miércoles que viene una reunión con el resto de organizaciones con representación en la función pública, tanto las de corte nacionalista con implantación autonómica (ELA, del País Vasco; o CIG, de Galicia) como las sectoriales (SUP, sindicato policial).
La otra causa hay que buscarla en la enseñanza. Este sector hizo muchas huelgas el curso pasado en varias comunidades autónomas (Madrid, Comunidad Valenciana) y los sindicatos temen que la convocatoria tenga poco seguimiento entre maestros y profesores, que ya han perdido dinero por seguirlas. Además, para que un paro se note en el sector educativo tiene que celebrarse durante el curso escolar. Eso retrasaría la fecha hasta finales de septiembre o al comienzo de octubre, retrasarlo más supondría situar la convocatoria muy lejos del anuncio con los recortes para los funcionarios.
Esta convocatoria será la quinta huelga de funcionarios de la democracia. La última se celebró el 8 de junio de 2010 y el desencadenante fue la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reducir un 5% de media el salario de los empleados públicos.
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