Malestar con el juez y preocupación en el Gobierno por la imputación de Rato
Rajoy ha evitado defender a un referente del PP que él colocó al frente de Bankia
Bankia y la caída de Rodrigo Rato se han convertido hace tiempo en un asunto central del mandato de Mariano Rajoy.
Desde que el presidente decidió forzarle a dimitir y nacionalizar el
gran banco del PP, dominado por dirigentes de este partido, es el asunto
principal de las conversaciones internas. Pero ahora, con la imputación
del exvicepresidente económico del PP y de otros 13 consejeros de
Bankia y BFA vinculados estrechamente con el partido, como el exministro
Ángel Acebes, han saltado todas las alarmas.
Tanto en el Gobierno como en el PP se ha instalado una gran preocupación que solo se comenta en privado. La imagen que se traslada es pésima, admiten, el resultado de un largo proceso incierto, y sobre todo: Rato no es cualquiera.
Además, entre distintos miembros del Gobierno y del PP se ha instalado también una auténtica indignación con el juez Andreu por haber aceptado íntegramente la querella de UPyD. Esa indignación, muy extendida, se dejó ver ayer en las palabras de un ministro que es pata negra del PP, como Miguel Arias Cañete, responsable de Agricultura, que criticó por “indiscriminada” la imputación múltiple —33 personas— decidida por Andreu. Algunos incluso están molestos con UPyD, el partido que se ha apuntado un gran tanto político, porque creen que ha sido irresponsable.
El Gobierno, de nuevo, decretó silencio oficial. La portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, huyó de la prensa cuando esta le preguntó por el asunto tras su intervención en el Campus FAES, la fundación que preside José María Aznar. Ella reivindicó el 96, cuando el PP llegó al Gobierno, como un “modelo” para el actual proceso de reformas, pero no dijo una palabra del gran protagonista de esas reformas económicas: Rato. Los aznaristas aseguran ahora que en realidad era Aznar el que dirigía la política económica.
La vicepresidenta no habló, pero algunos ministros tenían entrevistas en Onda Cero, Cope o TVE y se vieron obligados a hablar mientras la portavoz guardaba silencio. José Ignacio Wert, el titular de Educación, sostuvo que hay “sobreinterpretación del significado material” de la imputación de Rato y otros. Y José Manuel García-Margallo, el de Exteriores, dijo sentirse “entristecido” por “una situación delicada” de alguien como Rato, a quien considera un amigo, aunque también señaló: “Como ciudadano, me alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos”.
El asunto Rato es extremadamente delicado para el PP. Consciente de que fue Rajoy quien decidió dejar caer al exvicepresidente, ninguno de sus notables se anima a apoyarlo abiertamente. Al contrario, los más fieles al presidente critican la actitud de Rato y se molestaron mucho cuando demostró que estaba dispuesto a contratacar e hizo pública una carta que había enviado a todos los consejeros defendiendo su gestión y señalando que Bankia no necesita los 19.000 millones que ha estimado su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri.
Otros, los ratistas, están molestos precisamente porque creen que el Gobierno lo ha dejado caer de manera demasiado estruendosa y no le ayuda a salvar su reputación. Los ratistas están además especialmente indignados tras la querella porque entienden que el verdadero responsable del fracaso de Bankia, que es según ellos el aznarista Miguel Blesa —amigo del expresidente y presidente de Caja Madrid durante 12 años—, se está librando de la quema y no está entre los imputados. El caso Rato fractura pues al PP y es un asunto del que prácticamente solo se puede hablar en privado.
Al contrario de lo que han hecho algunos miembros del partido, Rajoy no ha dicho ni una palabra en estos dos meses a favor del que fuera su rival en la sucesión de Aznar. Y eso que fue él quien lo nombró en Bankia. Cada vez que se le pregunta, el presidente esquiva la cuestión. Nunca cita a Rato.
La distancia entre ambos es evidente, aunque nadie se plantea, por ejemplo, que Rajoy fuerce a Rato y a todos los demás imputados del PP a pedir la suspensión de militancia. El PSOE ha metido mucha presión porque, el mismo día en que se anunció la imputación, los dos consejeros socialistas en Bankia, Jorge Gómez y José María de la Riva, dejaron su partido. El PP no quiere seguir esa línea. Tendría que echar a 14 personas, incluido Acebes, que fue nada menos que su secretario general hasta 2008.
El asunto Rato es tan complejo que el Gobierno tampoco se ha animado, como pedía un sector del PP, a promover que el exvicepresidente y otros responsables de Bankia comparezcan en el Congreso. Algunos creen que esa pelea evidente que mantiene con Rajoy y en especial con Luis de Guindos, ministro de Economía, convierten a Rato en un peligro para el Gobierno si le da una tribuna como la del Congreso.
El Ejecutivo, oficialmente, no rechaza esas comparecencias. Pero las retrasa siempre. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, números dos del PSOE, intentaron llegar a un acuerdo, pero no se logró nada. Solo hay largas, aunque ayer Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP, insistía en que su grupo no se opone a las comparecencias, solo a la comisión de investigación. Lo cierto es que han pasado dos meses, no ha habido comparecencias, y la justicia ha sido más rápida que el Congreso con mayoría absoluta del PP.
El PSOE sigue metiendo presión y el jueves forzará una votación en la diputación permanente sobre la investigación parlamentaria de Bankia. Muchos en el PP, incluso abiertamente, como hizo ayer Alicia Sánchez Camacho, piden “llegar hasta el final” y “depurar responsabilidades” por el escándalo. Pero Rajoy es el único que decide. Y de momento ha decidido el silencio.
Tanto en el Gobierno como en el PP se ha instalado una gran preocupación que solo se comenta en privado. La imagen que se traslada es pésima, admiten, el resultado de un largo proceso incierto, y sobre todo: Rato no es cualquiera.
Además, entre distintos miembros del Gobierno y del PP se ha instalado también una auténtica indignación con el juez Andreu por haber aceptado íntegramente la querella de UPyD. Esa indignación, muy extendida, se dejó ver ayer en las palabras de un ministro que es pata negra del PP, como Miguel Arias Cañete, responsable de Agricultura, que criticó por “indiscriminada” la imputación múltiple —33 personas— decidida por Andreu. Algunos incluso están molestos con UPyD, el partido que se ha apuntado un gran tanto político, porque creen que ha sido irresponsable.
El Gobierno, de nuevo, decretó silencio oficial. La portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, huyó de la prensa cuando esta le preguntó por el asunto tras su intervención en el Campus FAES, la fundación que preside José María Aznar. Ella reivindicó el 96, cuando el PP llegó al Gobierno, como un “modelo” para el actual proceso de reformas, pero no dijo una palabra del gran protagonista de esas reformas económicas: Rato. Los aznaristas aseguran ahora que en realidad era Aznar el que dirigía la política económica.
La vicepresidenta no habló, pero algunos ministros tenían entrevistas en Onda Cero, Cope o TVE y se vieron obligados a hablar mientras la portavoz guardaba silencio. José Ignacio Wert, el titular de Educación, sostuvo que hay “sobreinterpretación del significado material” de la imputación de Rato y otros. Y José Manuel García-Margallo, el de Exteriores, dijo sentirse “entristecido” por “una situación delicada” de alguien como Rato, a quien considera un amigo, aunque también señaló: “Como ciudadano, me alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos”.
El asunto Rato es extremadamente delicado para el PP. Consciente de que fue Rajoy quien decidió dejar caer al exvicepresidente, ninguno de sus notables se anima a apoyarlo abiertamente. Al contrario, los más fieles al presidente critican la actitud de Rato y se molestaron mucho cuando demostró que estaba dispuesto a contratacar e hizo pública una carta que había enviado a todos los consejeros defendiendo su gestión y señalando que Bankia no necesita los 19.000 millones que ha estimado su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri.
Otros, los ratistas, están molestos precisamente porque creen que el Gobierno lo ha dejado caer de manera demasiado estruendosa y no le ayuda a salvar su reputación. Los ratistas están además especialmente indignados tras la querella porque entienden que el verdadero responsable del fracaso de Bankia, que es según ellos el aznarista Miguel Blesa —amigo del expresidente y presidente de Caja Madrid durante 12 años—, se está librando de la quema y no está entre los imputados. El caso Rato fractura pues al PP y es un asunto del que prácticamente solo se puede hablar en privado.
Al contrario de lo que han hecho algunos miembros del partido, Rajoy no ha dicho ni una palabra en estos dos meses a favor del que fuera su rival en la sucesión de Aznar. Y eso que fue él quien lo nombró en Bankia. Cada vez que se le pregunta, el presidente esquiva la cuestión. Nunca cita a Rato.
La distancia entre ambos es evidente, aunque nadie se plantea, por ejemplo, que Rajoy fuerce a Rato y a todos los demás imputados del PP a pedir la suspensión de militancia. El PSOE ha metido mucha presión porque, el mismo día en que se anunció la imputación, los dos consejeros socialistas en Bankia, Jorge Gómez y José María de la Riva, dejaron su partido. El PP no quiere seguir esa línea. Tendría que echar a 14 personas, incluido Acebes, que fue nada menos que su secretario general hasta 2008.
El asunto Rato es tan complejo que el Gobierno tampoco se ha animado, como pedía un sector del PP, a promover que el exvicepresidente y otros responsables de Bankia comparezcan en el Congreso. Algunos creen que esa pelea evidente que mantiene con Rajoy y en especial con Luis de Guindos, ministro de Economía, convierten a Rato en un peligro para el Gobierno si le da una tribuna como la del Congreso.
El Ejecutivo, oficialmente, no rechaza esas comparecencias. Pero las retrasa siempre. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, números dos del PSOE, intentaron llegar a un acuerdo, pero no se logró nada. Solo hay largas, aunque ayer Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP, insistía en que su grupo no se opone a las comparecencias, solo a la comisión de investigación. Lo cierto es que han pasado dos meses, no ha habido comparecencias, y la justicia ha sido más rápida que el Congreso con mayoría absoluta del PP.
El PSOE sigue metiendo presión y el jueves forzará una votación en la diputación permanente sobre la investigación parlamentaria de Bankia. Muchos en el PP, incluso abiertamente, como hizo ayer Alicia Sánchez Camacho, piden “llegar hasta el final” y “depurar responsabilidades” por el escándalo. Pero Rajoy es el único que decide. Y de momento ha decidido el silencio.
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