Si insiste, venga usted a La Moncloa
El Gobierno insta a una diputada a consultar las sugerencias a la Ley de Transparencia fuera del Congreso
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, en el Congreso, durante su última alusión a la Ley
de Transparencia. / J.C. Hidalgo (EFE)
La Ley de Transparencia,
esa que ha de permitir que la gestión de lo público se realice de una
forma menos opaca y más clara para el ciudadano, sigue el enrevesado
camino que inició después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara el texto inicial en marzo, días antes de que se pudiera consultar públicamente.
Y así, a trompicones, ha seguido su tramitación. Con anuncios de textos modificados que no se podían consultar en el momento del anuncio. Con informes sobre el anteproyecto, que tampoco fueron accesibles en el momento de su emisión, y, en sus comienzos, con un procedimiento especial que abrió a la sociedad la posibilidad de alegar, sugerir o recomendar la eliminación o inclusión de determinados aspectos.
Aquellas 3.600 aportaciones ciudadanas tampoco han sido consultables. El planteamiento de abrir este trámite de consulta no incluyó la advertencia de que la información podría hacerse pública y, por lo tanto, el Gobierno la mantiene en “secreto” para no vulnerar la Ley de protección de datos.
El celo en su guarda no se ha limitado a los ciudadanos sino que se ha extendido a los diputados y estos tampoco han podido, de momento, acceder a ella. La diputada socialista Meritxell Batet, reclamó, cuando el proyecto de ley llegó al Congreso, la posibilidad de consultar esas aportaciones antes de presentar las enmiendas al texto, con el fin de conocer cuáles eran las inquietudes de colectivos y ciudadanos que presentaron sugerencias. Como respuesta recibió un informe sobre las sugerencias pero no las aportaciones originales, con lo que insistió en el tema.
La respuesta, ahora, ha llegado del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien le conmina a que se desplace a La Moncloa para consultar esa información. Ayllón alega que, de trasladar esos documentos al Congreso podría vulnerar la Ley de Protección de Datos que, según sus palabras, no se vulnera si esta no sale de La Moncloa, es decir, que la guarda del derecho solo es posible en esa sede gubernamental.
“Ante la reiteración de la petición, el Gobierno ha decidido, en aras de conjugar la mayor protección posible de los datos de los ciudadanos que participaron en la consulta y el derecho parlamentario a conocer un proceso que forme parte de un procedimiento legislativo, articular un mecanismo que proporcione satisfacción a Su Señoría y al deseo de este Ejecutivo de alcanzar la mayor transparencia posible, dentro de los límites legales, en todos y cada uno de sus actos”, le dice en su escrito a la diputada socialista. Y así le insta a acudir a la Moncloa.
Meritxell Batet no descarta, si esta es la única manera de consultarlas, acudir al palacio y realizar allí su trabajo.
Mientras, la ley sigue su trámite parlamentario. El plazo para presentar enmiendas se ha prorrogado en tres ocasiones. Los diputados de Izquierda Plural y de Equo ya han anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad, entre otras cosas, porque la ley no admite el acceso a la información como un derecho fundamental, tal como reclaman los colectivos expertos en transparencia.
Y así, a trompicones, ha seguido su tramitación. Con anuncios de textos modificados que no se podían consultar en el momento del anuncio. Con informes sobre el anteproyecto, que tampoco fueron accesibles en el momento de su emisión, y, en sus comienzos, con un procedimiento especial que abrió a la sociedad la posibilidad de alegar, sugerir o recomendar la eliminación o inclusión de determinados aspectos.
Aquellas 3.600 aportaciones ciudadanas tampoco han sido consultables. El planteamiento de abrir este trámite de consulta no incluyó la advertencia de que la información podría hacerse pública y, por lo tanto, el Gobierno la mantiene en “secreto” para no vulnerar la Ley de protección de datos.
El celo en su guarda no se ha limitado a los ciudadanos sino que se ha extendido a los diputados y estos tampoco han podido, de momento, acceder a ella. La diputada socialista Meritxell Batet, reclamó, cuando el proyecto de ley llegó al Congreso, la posibilidad de consultar esas aportaciones antes de presentar las enmiendas al texto, con el fin de conocer cuáles eran las inquietudes de colectivos y ciudadanos que presentaron sugerencias. Como respuesta recibió un informe sobre las sugerencias pero no las aportaciones originales, con lo que insistió en el tema.
La respuesta, ahora, ha llegado del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien le conmina a que se desplace a La Moncloa para consultar esa información. Ayllón alega que, de trasladar esos documentos al Congreso podría vulnerar la Ley de Protección de Datos que, según sus palabras, no se vulnera si esta no sale de La Moncloa, es decir, que la guarda del derecho solo es posible en esa sede gubernamental.
“Ante la reiteración de la petición, el Gobierno ha decidido, en aras de conjugar la mayor protección posible de los datos de los ciudadanos que participaron en la consulta y el derecho parlamentario a conocer un proceso que forme parte de un procedimiento legislativo, articular un mecanismo que proporcione satisfacción a Su Señoría y al deseo de este Ejecutivo de alcanzar la mayor transparencia posible, dentro de los límites legales, en todos y cada uno de sus actos”, le dice en su escrito a la diputada socialista. Y así le insta a acudir a la Moncloa.
Meritxell Batet no descarta, si esta es la única manera de consultarlas, acudir al palacio y realizar allí su trabajo.
Mientras, la ley sigue su trámite parlamentario. El plazo para presentar enmiendas se ha prorrogado en tres ocasiones. Los diputados de Izquierda Plural y de Equo ya han anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad, entre otras cosas, porque la ley no admite el acceso a la información como un derecho fundamental, tal como reclaman los colectivos expertos en transparencia.
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