El drama de los desahucios dispara el negocio de los ‘pisos de patada’
En San Cristóbal los vecinos denuncian la ocupación de 500 viviendas vacías por los desalojos Las tienen mafias que las realquilan ilegalmente
ULY MARTÍN / ÁLVARO RODRÍGUEZ DE LA RUA
Cuando Esther Sanz supo que iba a ser desahuciada comenzó a
movilizarse a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH). También acudió al párroco del barrio de San Cristóbal, en el
distrito de Villaverde. En ese momento, dos personas le abordaron en
plena calle con una oferta alternativa: “Sabemos que te van a desahuciar
y sabemos la fecha y la hora. Si nos das 600 euros te abrimos una casa
ese mismo día”. No es la única a la que se lo han ofrecido. Aquí los
pisos vacíos no duran ni un día.
La ola de desalojos de los últimos cuatro años, que ha golpeado con
especial intensidad a San Cristóbal, se ha convertido en un caldo de
cultivo ideal para que florezcan las ocupaciones y quienes hacen negocio
con ellas. De un parque de 6.000 viviendas, la asociación de vecinos
contabiliza 500 pisos de patada, como se les conoce. Sus
propietarios, los bancos, se desentienden de las propiedades una vez
ejecutan el desahucio y en algunos casos ni siquiera pagan las cuotas de
la comunidad vecinal. Estas quedan a merced del abandono y de quienes
se lucran con la desgracia de otros.
Esther Sanz denuncia con rabia la existencia de “mafias organizadas” que “saben de antemano cuando se va a producir un desahucio y van a intentar captar a familias que ya están hundidas en la miseria”. Afirma que controlan incluso qué pisos se quedan libres una temporada. Ese fue el caso de Juan, nombre ficticio de un ciudadano de Santo Domingo que marchó por unos meses a Almería y, al volver, se encontró con la cerradura forzada; una familia se había instalado en su casa. Puso la correspondiente denuncia, pero de eso hace dos años, y hace apenas un mes que recuperó su vivienda. “Ese es el problema”, critica María del Prado, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal desde 1991. “Se dan mucha prisa en echar a familias que no pueden hacer frente a la hipoteca, pero luego los procesos de desalojar a los ocupas se alargan dos años o más, y el conflicto social se queda en el barrio”.
Hay casos que rozan el esperpento. María Serna, colombiana de 51
años, fue desalojada el pasado 11 de julio. Su casa, en la cuarta planta
de un bloque cercano al de Esther Sanz, la compraron en 2008 por
135.000 euros. 20 días después de firmar el contrato, su marido se quedó
en paro. En el momento de ejecutarse el desahucio la familia debía a
Bankia 22.000 euros, que subieron a casi 60.000 entre intereses de
demora y pago de la derrama por la reforma comunitaria del piso. Cuenta
que fue un desahucio “violento” por la excesiva presencia policial. En
el mismo edificio otro piso se desocupó ese mismo día. Allí vivían
varios marroquíes que se asustaron al ver tanta policía y pusieron pies
en polvorosa. En esa vivienda de la primera planta vive hoy María con
sus dos hijas, su marido y su sobrina. Se lo encontraron “destrozado,
sin puertas, sin plato de la ducha”, pero trajeron lo que pudieron
salvar escaleras arriba. Su antiguo piso de la cuarta planta no tardó en
convertirse en piso de patada. Ella no sabe quién lo ocupó, ya que
apenas sale de casa. “Pensamos en regresarnos a Colombia”, cuenta entre
lágrimas, “pero con las niñas en pleno curso escolar no sabemos qué
hacer. Cada vez que llaman a la puerta se me para el corazón”.
En 1999 San Cristóbal se declaró Área de Rehabilitación Preferente, y más de un millar de viviendas fueron marcadas para ser derribadas y construidas de nuevo. En lugar de derruirse, muchas se vendieron a precios astronómicos de 192.000 euros de media. “Los compraron familias vinculadas a la construcción, muchas de ellas inmigrantes”, explica María del Prado. Recientemente los vecinos han recogido 5.000 firmas pidiendo el amparo de las instituciones: “Hace cuatro años había 68 de estas ocupaciones, y hoy estamos en 500. Seis desahucios a la semana. ¿Qué Madrid estamos viviendo?”.
Esther Sanz nunca fue desahuciada; llegó a un acuerdo para pagar un alquiler social de 350 euros. No hay muchos casos como el suyo en San Cristóbal. Por su implicación en la PAH, a Esther le paran por el barrio personas como Cymien Valero. El desahucio de este camerunés de 38 años está previsto para el 4 de diciembre. Con una nena de tres meses y sin un lugar a donde ir, tiene claro que buscará un techo. A cualquier precio.
Los bancos se desentienden de sus pisos una vez desahuciados, y a veces ni siquiera pagan la comunidad
Esther Sanz denuncia con rabia la existencia de “mafias organizadas” que “saben de antemano cuando se va a producir un desahucio y van a intentar captar a familias que ya están hundidas en la miseria”. Afirma que controlan incluso qué pisos se quedan libres una temporada. Ese fue el caso de Juan, nombre ficticio de un ciudadano de Santo Domingo que marchó por unos meses a Almería y, al volver, se encontró con la cerradura forzada; una familia se había instalado en su casa. Puso la correspondiente denuncia, pero de eso hace dos años, y hace apenas un mes que recuperó su vivienda. “Ese es el problema”, critica María del Prado, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal desde 1991. “Se dan mucha prisa en echar a familias que no pueden hacer frente a la hipoteca, pero luego los procesos de desalojar a los ocupas se alargan dos años o más, y el conflicto social se queda en el barrio”.
“Se dan prisa en echar familias pero no en desalojar ocupas, y el conflicto social se queda en el barrio”
Paro y falsos derribos
San Cristóbal ostenta la tasa de paro más alta de la Comunidad de Madrid, cercana al 30%. De sus 18.000 habitantes, el 37% son extranjeros. También es elevado el porcentaje de gitanos, debido principalmente a los realojos de los años 80 desde las chabolas de la periferia. En la mayoría de estos pisos de patada viven hoy personas de etnia gitana, pero no son los únicos. Hay casos de inmigrantes como Abrahim, un marroquí de 40 años que fue engañado para meterse a ocupar: “Un dominicano me aseguró que la casa era suya y me pidió 2.000 euros de fianza a cambio de las llaves. Me dijo que volvería para firmar el contrato y nunca más le he vuelto a ver”. Y también hay casos como el de una joven española de 28 años que no da su nombre, pero no tiene reparos en reconocer que lleva más de dos años ocupando con su novio y su bebé. En este tiempo no han recibido citación alguna, pero corrobora que las ofertas alternativas están a la orden del día en el barrio. “Si me vienen a desalojar seguro que se enteran y ahí están, ofreciéndose a abrirme otro piso por dinero”.En 1999 San Cristóbal se declaró Área de Rehabilitación Preferente, y más de un millar de viviendas fueron marcadas para ser derribadas y construidas de nuevo. En lugar de derruirse, muchas se vendieron a precios astronómicos de 192.000 euros de media. “Los compraron familias vinculadas a la construcción, muchas de ellas inmigrantes”, explica María del Prado. Recientemente los vecinos han recogido 5.000 firmas pidiendo el amparo de las instituciones: “Hace cuatro años había 68 de estas ocupaciones, y hoy estamos en 500. Seis desahucios a la semana. ¿Qué Madrid estamos viviendo?”.
Esther Sanz nunca fue desahuciada; llegó a un acuerdo para pagar un alquiler social de 350 euros. No hay muchos casos como el suyo en San Cristóbal. Por su implicación en la PAH, a Esther le paran por el barrio personas como Cymien Valero. El desahucio de este camerunés de 38 años está previsto para el 4 de diciembre. Con una nena de tres meses y sin un lugar a donde ir, tiene claro que buscará un techo. A cualquier precio.
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