Permisos por casas
El Gobierno compite con otros países con fórmulas para vender el parque de viviendas
La iniciativa del Gobierno de otorgar un permiso especial de
residencia a los extranjeros que compren en España una vivienda de más
de 160.000 euros —algo que, con diferentes modalidades y objetivos
variados, existe ya en varios países— ha sido aplaudida por la patronal
de la construcción y rechazada por la oposición política. La medida es
una vía para disminuir el enorme stock que existe de casas sin vender
(Catalunya Caixa lo cifró recientemente en 818.000) y está destinada al
mercado de ciudadanos no comunitarios. Los socialistas la tachan de
“ocurrencia” y los grupos a su izquierda la considera “hiriente” porque,
dicen, supone “vender” los permisos.
Otorgar un permiso de residencia temporal a cambio de una inversión o de la mera demostración de solvencia económica no es una política nueva. Los extranjeros con poder adquisitivo, ofertas y contratos de trabajo ya lo pueden obtener en muchos lugares sin necesidad de comprar una vivienda. Su caso no tiene nada que ver con el de los inmigrantes que, cuando buscan un permiso, se topan con las dificultades que plantea un mercado de trabajo deprimido, pero, de nuevo, no es este Gobierno el que ha inventado este orden de cosas que funciona en muchos países de nuestro entorno.
A juzgar por la cantidad de dinero —casas de un precio superior a los 160.000 euros— el objetivo es dar salida a decenas de miles de apartamentos en las costas, procedentes del boom del ladrillo de los últimos años y sobre los que hay una débil demanda doméstica. Cualquier iniciativa tendente a atraer inversión extranjera debe ser bienvenida. Pero hay que pedir a los poderes públicos que vayan algo más allá, además de abordar problemas a corto plazo; que planteen medidas de largo alcance en las que la concesión de permisos de residencia se haga a cambio de inversiones más productivas, como ocurre en Portugal, Francia, Irlanda y algunos estados de EE UU.
Hace falta, en todo caso, mucha más información. El Gobierno anuncia la puesta en marcha, a corto plazo, del decreto de extranjería que permita dar estos permisos de residencia. Para que no sea una chapuza, tendrá que aclarar los detalles, las condiciones y el alcance de la medida. Y explicar qué precauciones se toman para que la iniciativa no se convierta en un vehículo para canalizar dinero de dudoso origen.
Otorgar un permiso de residencia temporal a cambio de una inversión o de la mera demostración de solvencia económica no es una política nueva. Los extranjeros con poder adquisitivo, ofertas y contratos de trabajo ya lo pueden obtener en muchos lugares sin necesidad de comprar una vivienda. Su caso no tiene nada que ver con el de los inmigrantes que, cuando buscan un permiso, se topan con las dificultades que plantea un mercado de trabajo deprimido, pero, de nuevo, no es este Gobierno el que ha inventado este orden de cosas que funciona en muchos países de nuestro entorno.
A juzgar por la cantidad de dinero —casas de un precio superior a los 160.000 euros— el objetivo es dar salida a decenas de miles de apartamentos en las costas, procedentes del boom del ladrillo de los últimos años y sobre los que hay una débil demanda doméstica. Cualquier iniciativa tendente a atraer inversión extranjera debe ser bienvenida. Pero hay que pedir a los poderes públicos que vayan algo más allá, además de abordar problemas a corto plazo; que planteen medidas de largo alcance en las que la concesión de permisos de residencia se haga a cambio de inversiones más productivas, como ocurre en Portugal, Francia, Irlanda y algunos estados de EE UU.
Hace falta, en todo caso, mucha más información. El Gobierno anuncia la puesta en marcha, a corto plazo, del decreto de extranjería que permita dar estos permisos de residencia. Para que no sea una chapuza, tendrá que aclarar los detalles, las condiciones y el alcance de la medida. Y explicar qué precauciones se toman para que la iniciativa no se convierta en un vehículo para canalizar dinero de dudoso origen.
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