Un primer paso
El decreto contra los desahucios debe continuarse con una revisión legal profunda
El decreto aprobado ayer por el Gobierno es el adecuado a la
emergencia nacional desatada por los crecientes casos de desahucios que
se registran en España y la contestación social subsiguiente. La
paralización de las órdenes o lanzamientos de desalojo durante dos años
para los ciudadanos más vulnerables que están a punto de perder su
vivienda habitual o los que han llegado a esa condición a causa de la
grave crisis económica es una exigencia a la que urgía dar respuesta. De
hecho, la banca y las cajas ya habían tomado una decisión similar.
Muchas instituciones están teniendo una aproximación muy cuidadosa a
este drama. El decreto puede caer en el mismo error cometido con el
código de buenas prácticas de marzo pasado, porque sólo se podrán
beneficiar los que cumplan unas estrictas condiciones. Pero que se haya
elevado hasta los 19.200 euros anuales el techo de ingresos de la
familia afectada, además de tener en cuenta otras circunstancias,
ampliará sus efectos a más personas. La creación de un fondo social de
viviendas para alquileres baratos a los que ya han perdido su casa es
una iniciativa justa para que se puedan beneficiar de estas medidas
paliativas los que no han llegado a tiempo de evitar el desalojo.
Este es, sin embargo, solo un primer paso que debe tener continuación, y urgente. Muchas de esas decenas de miles de desahuciados registrados han sido víctimas de la crisis, pero también de un marco jurídico que permite intereses de demora desorbitados y cláusulas leoninas. Es urgente ese cambio más profundo también porque tras la contundente opinión de la abogada general del Tribunal de Luxemburgo en contra de esta legislación, es muy probable que en breve sean los propios jueces europeos los que se manifiesten en el mismo sentido.
Sería un error histórico no aprovechar el impulso actual, con el 95% de la población a favor, para revertir esta situación. El Gobierno ha prometido un proyecto de ley cuya finalidad sea, en genérico, mejorar los sistemas de subastas, los intereses de demora o las tasaciones. Tal proyecto debería ser tramitado con carácter de urgencia y no quedar descafeinado por el camino aprovechando las medidas de carácter temporal aprobadas ayer y que, sin duda, reducirán la alarma social durante un par de años.
Como dijo ayer el propio ministro Luis de Guindos, en España la gente, los particulares, pagan sus hipotecas. La tasa de morosidad de los ciudadanos apenas supone el 3% del total. El problema principal de la banca española no son las hipotecas individuales, sino el crédito promotor. Es importante por ello que los cambios normativos no pongan en riesgo a las entidades de crédito, sumidas también en los momentos más delicados de su historia. Es innegable que estos argumentos están pesando a la hora de encontrar una legislación más equilibrada, pero para no desviarse del objetivo final es importante tener en cuenta esos datos.
Este es, sin embargo, solo un primer paso que debe tener continuación, y urgente. Muchas de esas decenas de miles de desahuciados registrados han sido víctimas de la crisis, pero también de un marco jurídico que permite intereses de demora desorbitados y cláusulas leoninas. Es urgente ese cambio más profundo también porque tras la contundente opinión de la abogada general del Tribunal de Luxemburgo en contra de esta legislación, es muy probable que en breve sean los propios jueces europeos los que se manifiesten en el mismo sentido.
Sería un error histórico no aprovechar el impulso actual, con el 95% de la población a favor, para revertir esta situación. El Gobierno ha prometido un proyecto de ley cuya finalidad sea, en genérico, mejorar los sistemas de subastas, los intereses de demora o las tasaciones. Tal proyecto debería ser tramitado con carácter de urgencia y no quedar descafeinado por el camino aprovechando las medidas de carácter temporal aprobadas ayer y que, sin duda, reducirán la alarma social durante un par de años.
Como dijo ayer el propio ministro Luis de Guindos, en España la gente, los particulares, pagan sus hipotecas. La tasa de morosidad de los ciudadanos apenas supone el 3% del total. El problema principal de la banca española no son las hipotecas individuales, sino el crédito promotor. Es importante por ello que los cambios normativos no pongan en riesgo a las entidades de crédito, sumidas también en los momentos más delicados de su historia. Es innegable que estos argumentos están pesando a la hora de encontrar una legislación más equilibrada, pero para no desviarse del objetivo final es importante tener en cuenta esos datos.
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