Los jueces se coordinan ante el desahucio
Juntas de magistrados se adelantan al Parlamento ante el vacío legal
Unifican criterios sobre intereses abusivos y sobre cómo facilitar el bloqueo de los desalojos
Miembros de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca protestan frente a la sede del Partido Popular en
Andalucía, el pasado día 9. / José Manuel Vidal (EFE)
Hay un modelo de auto para paralizar subastas circulando por foros
profesionales de la judicatura que numerosos magistrados consideran más
que interesante. Lo firma el juez Guillem Soler, titular del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Barcelona, y representa un instrumento
para dar voz a las personas que están a punto de ser desahuciadas y
congelar el proceso que puede llevar a la pérdida de su vivienda. El
modelo es un auto firmado por Soler el pasado 9 de abril y se encuadra
dentro de las iniciativas que los magistrados están impulsando para
facilitar el bloqueo de desahucios.
Estamos frente a un momento de vacío legal o de inseguridad jurídica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó el pasado 14 de marzo que el sistema de desahucios español es contrario a la normativa europea sobre derechos de los consumidores. Y el Gobierno español está ahora obligado a cambiar la ley. Pero hasta que esto se produzca, ¿qué se hace? Algunos han decidido actuar.
Los jueces están empezando a coordinarse para hacer frente a este periodo de impasse hasta que llegue la nueva ley, que podría estar lista a lo largo del mes de mayo. El jueves se daba a conocer el acuerdo al que llegaron el pasado 4 de abril los magistrados de primera instancia de Barcelona, que, entre otras cosas, acuerdan que se podrán considerar abusivos intereses de demora que superen 2,5 veces el interés legal del dinero. El viernes alcanzaba un acuerdo la Junta de Jueces de Valencia, que fijaba ese límite en 3 veces el tipo legal. Son acuerdos orientativos, que ya se adaptan a lo dictado desde el Tribunal de Justicia de la UE, y que no son vinculantes; el juez siempre tendrá la última palabra. Pero ayudan a evitar resoluciones contradictorias. Todos estos movimientos reflejan la ebullición que viven las juntas de jueces en momentos de cierta confusión, la producida por el vacío legal.
Los jueces están estableciendo los primeros límites a lo que se considera un interés abusivo, en la línea por la que puede caminar la reforma de la ley en España. “Estamos en situación de impasse, haciendo lo que podemos”, dice un juez que prefiere mantener el anonimato. “Estamos ocupados y preocupados. Lo bonito es que hay mucho debate interno, lo que resulta apasionante para todo jurista”.
Esta semana pasada también se producían reuniones entre los titulares de los juzgados de primera instancia en Málaga según confirma el decano, José María Páez. En Bilbao habrá una reunión el martes que viene.
Siguiendo los pasos marcados desde Luxemburgo, los jueces ya están abriendo la puerta a que los consumidores sean oídos en los procedimientos, cosa que hasta ahora no ocurría. Los magistrados de Barcelona han acordado que en las nuevas ejecuciones hipotecarias que se produzcan a partir de ahora se comunique al afectado la posibilidad que tiene de oponerse por estimar la existencia de cláusulas abusivas. En cuanto a los procesos en trámite en los que aún no se ha celebrado subasta, se otorga un plazo de diez días al deudor para poner de manifiesto la existencia de esas cláusulas. Valencia se ha expresado en términos similares.
Las reuniones de coordinación también están certificando algo que ya venía ocurriendo en algunos juzgados desde junio: que el juez, de oficio, pueda entrar a analizar la existencia de cláusulas abusivas, algo que no contemplaba la legislación española.
Algunos anduvieron rápidos en la reacción y adoptaron acuerdos antes de la Semana Santa. Apenas cinco días después de la sentencia del tribunal europeo, los jueces de Mallorca, que venían aplicando el control de oficio de las cláusulas desde junio, publicaban un acta de la reunión de magistrados de la Audiencia Provincial de Palma. En esta se instaba a que se diera al deudor la posibilidad de oponerse si apreciaba cláusulas abusivas. “Fue algo natural”, confirma Carlos Gómez, presidente de la Audiencia Provincial. “Toda España esperaba a ver qué decía Europa”. Los nuevos criterios ya se han empezado a aplicar. Si se determina que hay intereses abusivos, el interés de demora desaparece, pasa a ser cero.
Los jueces de primera instancia de Cantabria tampoco tardaron demasiado en reaccionar. El 22 de marzo, la junta de jueces de primera instancia acordaba el control de oficio de las cláusulas abusivas por parte del juez. “La norma española está desbordada”, declara Jaime Anta, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander. “Nos estamos organizando hasta que llegue una norma respetuosa con la legislación europea. Buscamos soluciones provisionales. El legislador español [en referencia al Parlamento] no ha hecho los deberes y nos ha llevado a una situación extraña”.
En Zaragoza, la junta de jueces tomó la decisión, a la semana siguiente de la sentencia de Luxemburgo, de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de que puedan plantear una demanda de juicio ordinario con solicitud de medida cautelar de suspensión de ejecución, cuenta el decano Ángel Dolado.
En Bilbao ya se empezaron a paralizar desahucios desde el pasado mes de noviembre, tras el decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno. “Desde entonces, prácticamente no se han ejecutado lanzamientos de vivienda habitual”, declara el decano Alfonso González-Guija. “El problema que intuyo es de desconcierto”, dice. “La situación es de confusión: ¿qué hacemos?”, añade. De ahí la necesidad de coordinarse.
En los foros de debate interno para jueces que tiene habilitado en Consejo General del Poder Judicial, el intercambio de pareceres está siendo intenso, según confirma José Luis Núñez, decano de Vitoria. Algún que otro juez habla de debate más que apasionado, con posturas muy encontradas sobre lo que se debe hacer: no moverse y aplicar lo que había, o adaptarse ya a lo dicho por Luxemburgo.
Estamos frente a un momento de vacío legal o de inseguridad jurídica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó el pasado 14 de marzo que el sistema de desahucios español es contrario a la normativa europea sobre derechos de los consumidores. Y el Gobierno español está ahora obligado a cambiar la ley. Pero hasta que esto se produzca, ¿qué se hace? Algunos han decidido actuar.
Los jueces están empezando a coordinarse para hacer frente a este periodo de impasse hasta que llegue la nueva ley, que podría estar lista a lo largo del mes de mayo. El jueves se daba a conocer el acuerdo al que llegaron el pasado 4 de abril los magistrados de primera instancia de Barcelona, que, entre otras cosas, acuerdan que se podrán considerar abusivos intereses de demora que superen 2,5 veces el interés legal del dinero. El viernes alcanzaba un acuerdo la Junta de Jueces de Valencia, que fijaba ese límite en 3 veces el tipo legal. Son acuerdos orientativos, que ya se adaptan a lo dictado desde el Tribunal de Justicia de la UE, y que no son vinculantes; el juez siempre tendrá la última palabra. Pero ayudan a evitar resoluciones contradictorias. Todos estos movimientos reflejan la ebullición que viven las juntas de jueces en momentos de cierta confusión, la producida por el vacío legal.
Los jueces están estableciendo los primeros límites a lo que se considera un interés abusivo, en la línea por la que puede caminar la reforma de la ley en España. “Estamos en situación de impasse, haciendo lo que podemos”, dice un juez que prefiere mantener el anonimato. “Estamos ocupados y preocupados. Lo bonito es que hay mucho debate interno, lo que resulta apasionante para todo jurista”.
Esta semana pasada también se producían reuniones entre los titulares de los juzgados de primera instancia en Málaga según confirma el decano, José María Páez. En Bilbao habrá una reunión el martes que viene.
Siguiendo los pasos marcados desde Luxemburgo, los jueces ya están abriendo la puerta a que los consumidores sean oídos en los procedimientos, cosa que hasta ahora no ocurría. Los magistrados de Barcelona han acordado que en las nuevas ejecuciones hipotecarias que se produzcan a partir de ahora se comunique al afectado la posibilidad que tiene de oponerse por estimar la existencia de cláusulas abusivas. En cuanto a los procesos en trámite en los que aún no se ha celebrado subasta, se otorga un plazo de diez días al deudor para poner de manifiesto la existencia de esas cláusulas. Valencia se ha expresado en términos similares.
Las reuniones de coordinación también están certificando algo que ya venía ocurriendo en algunos juzgados desde junio: que el juez, de oficio, pueda entrar a analizar la existencia de cláusulas abusivas, algo que no contemplaba la legislación española.
Algunos anduvieron rápidos en la reacción y adoptaron acuerdos antes de la Semana Santa. Apenas cinco días después de la sentencia del tribunal europeo, los jueces de Mallorca, que venían aplicando el control de oficio de las cláusulas desde junio, publicaban un acta de la reunión de magistrados de la Audiencia Provincial de Palma. En esta se instaba a que se diera al deudor la posibilidad de oponerse si apreciaba cláusulas abusivas. “Fue algo natural”, confirma Carlos Gómez, presidente de la Audiencia Provincial. “Toda España esperaba a ver qué decía Europa”. Los nuevos criterios ya se han empezado a aplicar. Si se determina que hay intereses abusivos, el interés de demora desaparece, pasa a ser cero.
Los jueces de primera instancia de Cantabria tampoco tardaron demasiado en reaccionar. El 22 de marzo, la junta de jueces de primera instancia acordaba el control de oficio de las cláusulas abusivas por parte del juez. “La norma española está desbordada”, declara Jaime Anta, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander. “Nos estamos organizando hasta que llegue una norma respetuosa con la legislación europea. Buscamos soluciones provisionales. El legislador español [en referencia al Parlamento] no ha hecho los deberes y nos ha llevado a una situación extraña”.
En Zaragoza, la junta de jueces tomó la decisión, a la semana siguiente de la sentencia de Luxemburgo, de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de que puedan plantear una demanda de juicio ordinario con solicitud de medida cautelar de suspensión de ejecución, cuenta el decano Ángel Dolado.
En Bilbao ya se empezaron a paralizar desahucios desde el pasado mes de noviembre, tras el decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno. “Desde entonces, prácticamente no se han ejecutado lanzamientos de vivienda habitual”, declara el decano Alfonso González-Guija. “El problema que intuyo es de desconcierto”, dice. “La situación es de confusión: ¿qué hacemos?”, añade. De ahí la necesidad de coordinarse.
En los foros de debate interno para jueces que tiene habilitado en Consejo General del Poder Judicial, el intercambio de pareceres está siendo intenso, según confirma José Luis Núñez, decano de Vitoria. Algún que otro juez habla de debate más que apasionado, con posturas muy encontradas sobre lo que se debe hacer: no moverse y aplicar lo que había, o adaptarse ya a lo dicho por Luxemburgo.
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