Frenar el drama social
La efectista propuesta andaluza sobre desahucios estimula un debate necesario y urgente
El Colegio de Registradores de la Propiedad ha fijado en algo más de 30.000 el número de primeras viviendas
con el que la banca se quedó el año pasado por impago de créditos
hipotecarios, lo cual provocó la ejecución de una media de 115
lanzamientos diarios. Los intentos legislativos de poner fin a este
drama se alargan sin éxito, pero es imposible que un país civilizado no
sea capaz de lograrlo. El Gobierno y las fuerzas parlamentarias tienen
que pactar una solución, teniendo en cuenta los intereses de las
entidades financieras y del sector inmobiliario, pero también la alarma
de la sociedad civil.
La Junta de Andalucía se ha adelantado a los titubeos del PP con un decreto-ley fundado en el principio de que la Constitución no tutela “usos antisociales” del derecho a la propiedad privada. Puede ser más o menos acertado jurídicamente, más o menos difícil de gestionar, más o menos discutible el intervencionismo de los poderes públicos; pero lo cierto es que el mercado de la vivienda no está resolviendo la emergencia social. Algunos descalifican el decreto como “comunismo soviético”, pese a que no parece tal la potestad de expropiar por tres años el “uso” de viviendas de personas jurídicas (bancos, inmobiliarias), cuando residan en ellas grupos “en especiales circunstancias de emergencia social”. Afecta a familias en proceso de desahucio y que hayan sufrido un “importante menoscabo” de sus ingresos, sobre todo aquellas que cuentan con “menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación”.
Otra parte del decreto tiende a sancionar a los tenedores de viviendas desocupadas (de entidades, no de personas físicas) para movilizar el mercado del alquiler. En ese punto, la Junta se arroga facultades de inspección y penalización económica que expertos del mercado inmobiliario consideran una presión para que bajen los precios de venta y los de alquiler. Es probable que las consecuencias de esas medidas resulten negativas para el negocio; pero no hay defensa posible si se pretende mantener inmóvil un parque considerable de viviendas vacías, mientras existe el riesgo de exclusión social de tantas familias.
A la iniciativa andaluza se le puede achacar más efectismo político que posibilidades verdaderas de aplicación; pero al menos es una iniciativa. Desde el Gobierno se discute la competencia de una comunidad autónoma para llevar a cabo ese programa, lo cual no hace sino estimular la necesidad de tratar el problema a escala de toda España. No cuando ya no haya remedio, sino ahora. Por ejemplo, el informe de los Registradores de la Propiedad revela que la dación en pago, supuestamente inaceptable para la banca, se admitió en 11.441 de los 30.000 desahucios del año pasado. Si se quiere resolver un problema, se puede. La premisa indispensable es tener esa voluntad.
La Junta de Andalucía se ha adelantado a los titubeos del PP con un decreto-ley fundado en el principio de que la Constitución no tutela “usos antisociales” del derecho a la propiedad privada. Puede ser más o menos acertado jurídicamente, más o menos difícil de gestionar, más o menos discutible el intervencionismo de los poderes públicos; pero lo cierto es que el mercado de la vivienda no está resolviendo la emergencia social. Algunos descalifican el decreto como “comunismo soviético”, pese a que no parece tal la potestad de expropiar por tres años el “uso” de viviendas de personas jurídicas (bancos, inmobiliarias), cuando residan en ellas grupos “en especiales circunstancias de emergencia social”. Afecta a familias en proceso de desahucio y que hayan sufrido un “importante menoscabo” de sus ingresos, sobre todo aquellas que cuentan con “menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación”.
Otra parte del decreto tiende a sancionar a los tenedores de viviendas desocupadas (de entidades, no de personas físicas) para movilizar el mercado del alquiler. En ese punto, la Junta se arroga facultades de inspección y penalización económica que expertos del mercado inmobiliario consideran una presión para que bajen los precios de venta y los de alquiler. Es probable que las consecuencias de esas medidas resulten negativas para el negocio; pero no hay defensa posible si se pretende mantener inmóvil un parque considerable de viviendas vacías, mientras existe el riesgo de exclusión social de tantas familias.
A la iniciativa andaluza se le puede achacar más efectismo político que posibilidades verdaderas de aplicación; pero al menos es una iniciativa. Desde el Gobierno se discute la competencia de una comunidad autónoma para llevar a cabo ese programa, lo cual no hace sino estimular la necesidad de tratar el problema a escala de toda España. No cuando ya no haya remedio, sino ahora. Por ejemplo, el informe de los Registradores de la Propiedad revela que la dación en pago, supuestamente inaceptable para la banca, se admitió en 11.441 de los 30.000 desahucios del año pasado. Si se quiere resolver un problema, se puede. La premisa indispensable es tener esa voluntad.
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