Nuevo (viejo) orden mundial
EE UU se resiste a ceder el trono de la cultura pop a los países emergentes
Cuando en agosto, Standard and Poor's rebajó la calificación de la deuda estadounidense se reavivó el debate sobre cuánto tardaría Estados Unidos en dejar de ser la primera potencia mundial. Si bien es casi irremediable que China releve al gigante norteamericano como principal poder económico global, aún no parece estar tan claro quién va a asumir el rol de dominante a escala cultural. Estados Unidos cimentó gran parte de su imperio a través de la música o el cine. ¿Quién dominará culturalmente el mundo en el futuro?
DJ/Rupture: "La crisis nos sitúa más lejos del cambio de paradigma global"
"Sin duda, llegará un momento en el que Estados Unidos dejará de ser la primera economía del mundo, pero tardaremos mucho más en ver cómo su hegemonía cultural se esfuma. Es muy probable, incluso, que se repita lo que sucedió con Reino Unido en los sesenta, cuando política y económicamente el país entró en barrena, pero su influencia cultural al nivel mundial explotó". El profesor David Hesmondhlagh, jefe del departamento de comunicación de la Universidad de Leeds y autor de The cultural industries (Las industrias culturales), duda de que ninguno de los elementos que advierten sobre la culminación de un cambio de paradigma económico global vayan a conducir a un nuevo orden planetario en la cultura pop. Al menos, de momento. "El idioma es clave", insiste.
"También lo es la hegemonía regional. Brasil, por ejemplo, ya es una potencia cultural, pero su impacto está limitado ya que muy pocos países en el mundo tienen el portugués como lengua oficial. Japón y Corea dominan el panorama asiático, pero pronto veremos cómo China gana importancia por los mismos motivos que han convertido a EE UU en un ente cultural dominante: su enorme mercado interior. Además, las audiencias estadounidenses, las que más gastan en cultura, son muy cerradas y no aceptan productos extranjeros con facilidad".
En otras palabras: ¿está China en disposición de, no solo construir carreteras africanas y comprar deuda europea y estadounidense, sino también de vender al mundo un estilo de vida en cultura popular? "Ninguno de los países emergentes posee esa vocación de dominación cultural porque no han asumido aún el poder que te otorga lograr que todo el mundo cante tus canciones", apunta Timothy Taylor, profesor de musicología y teoría cultural en UCLA y autor de The sounds of capitalism: Advertising, music and the conquest of culture (Los sonidos del capitalismo: publicidad, música y la conquista de la cultura). "Ni siquiera Internet, y el acceso universal a la cultura que propone su supuesta democratización, ha logrado que nazcan grandes estrellas globales procedentes de países que no sean los de siempre. Hay artistas que crean su nicho, pero no poseen un impacto global porque son aún vistos de forma paternalista por las audiencias occidentales, que son aún las principales consumidoras de cultura".
Para Jace Clayton, más conocido como DJ/Rupture, músico y activista cultural afincado en Brooklyn y experto en sonidos latinoamericanos, la crisis de las industrias culturales occidentales está provocando un efecto que, en contra de lo que cabía prever, nos sitúa aún más lejos del cambio de paradigma global. "El legado y la producción musical no occidental se han convertido, más que nunca, en souvenir turístico. Los artistas occidentales se apropian de ello, lo convierten en moda y a la siguiente semana se olvidan del tema. El productor de Lady Gaga es marroquí, vale, pero graba en EE UU. Hasta Justin Bieber lo hace, y eso que es canadiense".
Clayton advierte de que el cambio real no sucederá hasta que sonar como los Beatles deje de ser un sueño recurrente fuera del ámbito anglosajón. Sacudirse 60 años de cultura pop de encima va a ser mucho más complicado de lo que fue decidirse por un coche japonés en vez de por uno de Detroit. "La escena rock argentina es patética. Es muy triste que hoy, cuando la cumba villera cuenta con una escena tan viva y celebrada en otros países, haya aún tantos jóvenes que sueñen con ser los Stones".
jueves, 1 de septiembre de 2011
Vanessa Redgrave, una luchadora social.
La penúltima batalla solidaria de Vanessa Redgrave
La actriz, contra el desalojo de un asentamiento gitano
Los integrantes del mayor asentamiento gitano del Reino Unido no podían creer lo que estaban viendo. La actriz Vanessa Redgrave, de 74 años, llamaba a la puerta de sus caravanas para ayudar a impedir el desmantelamiento de su campamento. Ganadora de un Óscar y condecorada por el Imperio Británico, se trasladó ayer al campamento de Dale Farm, Essex (norte de Londres), con la intención de defender a 86 familias ante su inminente expulsión de la tierra donde han vivido durante una década.
Redgrave, embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, declaró que el desalojo de esta comunidad nómada de origen irlandés es "ilegal" según las convenciones de derechos humanos. "Espero que triunfe la humanidad", explicó ante los medios horas antes del cumplimiento de la orden de desalojo. Entre las tazas de té y los platos de patatas y col que le ofrecían los residentes de Dale Farm, la intérprete defendió a una comunidad "fuerte, sabia, cálida y dulce", con la que aseguró que no le importaría vivir un tiempo.
Su compromiso con este asentamiento - no autorizado oficialmente- tiene implicaciones personales para Redgrave. Se ha propuesto continuar el trabajo de su hermano Corin, que sufrió un paro cardiaco del que nunca se recuperó mientras defendía Dale Farm frente al gobierno local en 2005. Los vecinos de las zonas colindantes al campamento no han recibido a Redgrave precisamente con los brazos abiertos, acusándola de interferir en asuntos que desconoce.
Pero la actriz nunca se ha acobardado en la defensa de sus convicciones. Durante sus cinco décadas en el ojo público, ha compaginado su trabajo en más de 80 filmes con una larga trayectoria de activismo político. Ha criticado la intervención en Irak, apoyado la causa palestina y hecho campaña para el desarme nuclear. En 2007 pagó buena parte de la fianza de dos presos de Guantánamo que en ese momentos eran reclamados por la justicia española por su presunta pertenencia a la red española de Al Qaeda.
La actriz, contra el desalojo de un asentamiento gitano
Los integrantes del mayor asentamiento gitano del Reino Unido no podían creer lo que estaban viendo. La actriz Vanessa Redgrave, de 74 años, llamaba a la puerta de sus caravanas para ayudar a impedir el desmantelamiento de su campamento. Ganadora de un Óscar y condecorada por el Imperio Británico, se trasladó ayer al campamento de Dale Farm, Essex (norte de Londres), con la intención de defender a 86 familias ante su inminente expulsión de la tierra donde han vivido durante una década.
Redgrave, embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, declaró que el desalojo de esta comunidad nómada de origen irlandés es "ilegal" según las convenciones de derechos humanos. "Espero que triunfe la humanidad", explicó ante los medios horas antes del cumplimiento de la orden de desalojo. Entre las tazas de té y los platos de patatas y col que le ofrecían los residentes de Dale Farm, la intérprete defendió a una comunidad "fuerte, sabia, cálida y dulce", con la que aseguró que no le importaría vivir un tiempo.
Su compromiso con este asentamiento - no autorizado oficialmente- tiene implicaciones personales para Redgrave. Se ha propuesto continuar el trabajo de su hermano Corin, que sufrió un paro cardiaco del que nunca se recuperó mientras defendía Dale Farm frente al gobierno local en 2005. Los vecinos de las zonas colindantes al campamento no han recibido a Redgrave precisamente con los brazos abiertos, acusándola de interferir en asuntos que desconoce.
Pero la actriz nunca se ha acobardado en la defensa de sus convicciones. Durante sus cinco décadas en el ojo público, ha compaginado su trabajo en más de 80 filmes con una larga trayectoria de activismo político. Ha criticado la intervención en Irak, apoyado la causa palestina y hecho campaña para el desarme nuclear. En 2007 pagó buena parte de la fianza de dos presos de Guantánamo que en ese momentos eran reclamados por la justicia española por su presunta pertenencia a la red española de Al Qaeda.
Chile: la educación como negocio.
El gobierno de Piñera rechaza el proyecto porque “perjudica” a los alumnos de colegios privados
Aprueba comisión del Senado iniciativa contra el lucro en la educación chilena
Diputados no consideran pertinente acusar constitucionalmente al ministro del Interior por la represión
Denuncia el Instituto Nacional de Derechos Humanos la persistencia de torturas contra manifestantes
Policías militarizados intentan retirar a estudiantes que se encadenaron a las rejas del Congreso en la ciudad de Valparaíso en reclamo de una educación pública gratuita y de calidad
Santiago, 31 de agosto. La Comisión de Educación del Senado, con el voto de la oposición, aprobó este miércoles en primera instancia una iniciativa de ley que pone fin al lucro en la educación, en vísperas de una reunión entre la dirigencia estudiantil y el presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera.
La comisión votó en favor del proyecto que pretende la eliminación de los aportes del Estado a operadores privados con fines de lucro. La idea de la iniciativa de ley, presentada por parlamentarios de oposición en apoyo a las demandas de los estudiantes chilenos, es que se potencie el sistema de educación estatal y a las entidades privadas sin fines de lucro.
El proyecto de ley –aprobado por cuatro votos contra uno, del representante de la Unión Demócrata Independiente (pinochetista)– pasará a discusión en el pleno del Senado, poniendo un piso negociador a los estudiantes que se reunirán el sábado con Piñera en el palacio presidencial de La Moneda.
La aprobación marcó una derrota para el ministro de Educación, Felipe Bulnes, que acudió al Senado para defender el lucro en la educación “porque abre más opciones educativas”, argumentó.
“El proyecto no produce avance en la calidad de la educación de los más pobres, que es lo que nos preocupa, pero implica poner en riesgo o generar incertidumbre en más de un millón 200 mil alumnos que hoy están en colegios particulares subvencionados”, explicó.
Los estudiantes de secundaria y universitarios se manifiestan desde hace tres meses para exigir una reforma a la educación que ponga fin al lucro y potencie una educación pública gratuita y de calidad.
En contraparte, la Cámara de Diputados no consideró pertinente la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuestionado por la oposición por los procedimientos represivos de la policía militarizada contra el movimiento estudiantil.
La acusación fue entregada el 9 de agosto por parlamentarios de la oposición de izquierda, tras los incidentes del día 4, cuando el gobierno no autorizó una marcha por el centro de Santiago. A esta acusación se sumó después la muerte del menor Manuel Gutiérrez, abatido por un disparo de la policía en la protesta el jueves pasado.
El titular del Interior asistió a la Cámara baja con el ministro de la presidencia Cristián Larroulet y el vocero Andrés Chadwick, en clara demostración del cerrado apoyo de La Moneda a Hinzpeter.
En tanto, unos 50 estudiantes de secundaria que dijeron no sentirse representados por las organizaciones estudiantiles tomaron durante dos horas el Ministerio de Educación en rechazo al diálogo que sostendrá Piñera con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
“La Confech está liderada por partidos políticos y pretende arreglar el conflicto dándose la mano con los políticos, mientras los colegios que están movilizados en la periferia no tienen ni voz ni voto en las decisiones”, dijo Anadiela Villarroel, vocera de la ocupación.
En una declaración de prensa, la “Secretaría de Educación Rebelde”, como se denominó el grupo de escolares, exigió al renuncia de Hinzpeter y del director general de Carabineros, Eduardo Gordon, por la muerte de Manuel Gutiérrez.
Los jóvenes ingresaron al edifico ubicado a un costado del palacio presidencial, y subieron al séptimo piso –donde está el despacho ministerial–, en medio de forcejeos con los guardias de seguridad.
Tras causar destrozos en vidrios y puertas de las oficinas de Bulnes –quien en ese momento se encontraba en el Senado, en Valparaíso– los estudiantes fueron desalojados del edifico –en medio de un fuerte resguardo policial– sin que se reportaran detenidos.
De su lado, el autónomo y estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció la persistencia de torturas y represiones excesivas en el país en el contexto de las protestas estudiantiles y sociales. “No estamos ante un patrón sistemático, pero hay casos violentos y excesivos”, subrayó la directora del organismo, Lorena Fries.
Añadió que culturalmente el chileno es proclive al autoritarismo, y advirtió que la ola de movilizaciones también afectó a los carabineros, como le señalaron sus generales. “Desde marzo están con turnos de 18 horas y tratamientos de contención sicológica, pues están estresados” debido a las cientos de protestas, explicó la jurista.
Recalcó la gravedad de la muerte de Manuel Gutiérrez y criticó que en un inicio la policía rechazara investigar su participación en los hechos pese a los cargos en su contra, que derivaron luego en el despido de varios policías, incluido un general. “Este es un país ordenado, pero donde los derechos humanos no van por delante”, sostuvo.
Destacó que la justicia militar no garantiza la justicia para los familiares del joven, “porque se trata de una justicia opaca, poco transparente, es juez y parte, y no hay manera de incidir en la investigación porque ésta es secreta”.
Aprueba comisión del Senado iniciativa contra el lucro en la educación chilena
Diputados no consideran pertinente acusar constitucionalmente al ministro del Interior por la represión
Denuncia el Instituto Nacional de Derechos Humanos la persistencia de torturas contra manifestantes
Policías militarizados intentan retirar a estudiantes que se encadenaron a las rejas del Congreso en la ciudad de Valparaíso en reclamo de una educación pública gratuita y de calidad
Santiago, 31 de agosto. La Comisión de Educación del Senado, con el voto de la oposición, aprobó este miércoles en primera instancia una iniciativa de ley que pone fin al lucro en la educación, en vísperas de una reunión entre la dirigencia estudiantil y el presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera.
La comisión votó en favor del proyecto que pretende la eliminación de los aportes del Estado a operadores privados con fines de lucro. La idea de la iniciativa de ley, presentada por parlamentarios de oposición en apoyo a las demandas de los estudiantes chilenos, es que se potencie el sistema de educación estatal y a las entidades privadas sin fines de lucro.
El proyecto de ley –aprobado por cuatro votos contra uno, del representante de la Unión Demócrata Independiente (pinochetista)– pasará a discusión en el pleno del Senado, poniendo un piso negociador a los estudiantes que se reunirán el sábado con Piñera en el palacio presidencial de La Moneda.
La aprobación marcó una derrota para el ministro de Educación, Felipe Bulnes, que acudió al Senado para defender el lucro en la educación “porque abre más opciones educativas”, argumentó.
“El proyecto no produce avance en la calidad de la educación de los más pobres, que es lo que nos preocupa, pero implica poner en riesgo o generar incertidumbre en más de un millón 200 mil alumnos que hoy están en colegios particulares subvencionados”, explicó.
Los estudiantes de secundaria y universitarios se manifiestan desde hace tres meses para exigir una reforma a la educación que ponga fin al lucro y potencie una educación pública gratuita y de calidad.
En contraparte, la Cámara de Diputados no consideró pertinente la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuestionado por la oposición por los procedimientos represivos de la policía militarizada contra el movimiento estudiantil.
La acusación fue entregada el 9 de agosto por parlamentarios de la oposición de izquierda, tras los incidentes del día 4, cuando el gobierno no autorizó una marcha por el centro de Santiago. A esta acusación se sumó después la muerte del menor Manuel Gutiérrez, abatido por un disparo de la policía en la protesta el jueves pasado.
El titular del Interior asistió a la Cámara baja con el ministro de la presidencia Cristián Larroulet y el vocero Andrés Chadwick, en clara demostración del cerrado apoyo de La Moneda a Hinzpeter.
En tanto, unos 50 estudiantes de secundaria que dijeron no sentirse representados por las organizaciones estudiantiles tomaron durante dos horas el Ministerio de Educación en rechazo al diálogo que sostendrá Piñera con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
“La Confech está liderada por partidos políticos y pretende arreglar el conflicto dándose la mano con los políticos, mientras los colegios que están movilizados en la periferia no tienen ni voz ni voto en las decisiones”, dijo Anadiela Villarroel, vocera de la ocupación.
En una declaración de prensa, la “Secretaría de Educación Rebelde”, como se denominó el grupo de escolares, exigió al renuncia de Hinzpeter y del director general de Carabineros, Eduardo Gordon, por la muerte de Manuel Gutiérrez.
Los jóvenes ingresaron al edifico ubicado a un costado del palacio presidencial, y subieron al séptimo piso –donde está el despacho ministerial–, en medio de forcejeos con los guardias de seguridad.
Tras causar destrozos en vidrios y puertas de las oficinas de Bulnes –quien en ese momento se encontraba en el Senado, en Valparaíso– los estudiantes fueron desalojados del edifico –en medio de un fuerte resguardo policial– sin que se reportaran detenidos.
De su lado, el autónomo y estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció la persistencia de torturas y represiones excesivas en el país en el contexto de las protestas estudiantiles y sociales. “No estamos ante un patrón sistemático, pero hay casos violentos y excesivos”, subrayó la directora del organismo, Lorena Fries.
Añadió que culturalmente el chileno es proclive al autoritarismo, y advirtió que la ola de movilizaciones también afectó a los carabineros, como le señalaron sus generales. “Desde marzo están con turnos de 18 horas y tratamientos de contención sicológica, pues están estresados” debido a las cientos de protestas, explicó la jurista.
Recalcó la gravedad de la muerte de Manuel Gutiérrez y criticó que en un inicio la policía rechazara investigar su participación en los hechos pese a los cargos en su contra, que derivaron luego en el despido de varios policías, incluido un general. “Este es un país ordenado, pero donde los derechos humanos no van por delante”, sostuvo.
Destacó que la justicia militar no garantiza la justicia para los familiares del joven, “porque se trata de una justicia opaca, poco transparente, es juez y parte, y no hay manera de incidir en la investigación porque ésta es secreta”.
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