Un asunto de dedos
Soledad Loaeza
La llegada de la democracia a México significó el fin del dedazo, al que hay que distinguir del palomeo, que consistía en que los dirigentes aceptaran una propuesta, y no que la hicieran, como correspondía al dedazo. Nos dicen que éste ha desaparecido, pero sólo parcialmente, porque si bien es cierto que la competencia interna en los partidos por la candidatura presidencial es hoy una realidad, las quejas y protestas que agitan al PRI, al PAN y al PRD han sido provocadas por procesos de selección de candidatos al Congreso que, no obstante promesas en contrario, han estado en manos de la cúpula de los partidos. O sea que las dirigencias partidistas no se han cortado el dedo, como prometió hacerlo en 1997 el entonces presidente Ernesto Zedillo, con todas las implicaciones que podía arrastrar una promesa de esa naturaleza en boca de un político de extracción priísta.
El poder de las dirigencias partidistas para integrar la lista de candidatos a cargos de elección popular no es una excepción mexicana, ni mucho menos. De hecho, las leyes electorales pueden estimular este mecanismo, todavía más si estamos hablando de un sistema de listas de representación proporcional, en el que el votante elige en una circunscripción de representación plural a un partido y no a un candidato. Algunas de las críticas más severas contra la representación proporcional están dirigidas precisamente al efecto que tiene sobre la autonomía de decisión de las dirigencias en relación con la militancia, la cual puede ser marginada de este proceso que se considera central en la vida democrática de los partidos.
La asociación entre el fin del autoritarismo y el dedazo, que es una de las figuras políticas emblemáticas del PRI y de la hegemonía que ejerció durante casi medio siglo, no es de ninguna manera gratuita. El poder que tenía el presidente para designar al candidato de su partido a la Presidencia de la República, decisión que era equivalente a la designación de su sucesor, era la expresión más pura del bajo nivel de institucionalización que le permitía al jefe del Ejecutivo actuar según su leal saber y entender, sin previa consulta ni auscultación, y de acuerdo con su propia voluntad de respetar las reglas no escritas al respecto.
La importancia de esta decisión estriba en que nos refiere al corazón de todo sistema político: las convenciones que norman la lucha por el poder, pues la designación del sucesor era una responsabilidad estrictamente personal del presidente en turno, en particular después de 1958; sin embargo, estaba sujeta a unas cuantas condiciones, muy vagas pero efectivas. La no relección era la primera. La segunda apuntaba a que el elegido debía ser una persona cercana al presidente, un colaborador, miembro de su gabinete; este atributo garantizaba continuidad, pero también experiencia de gobierno en el nivel federal. Por último, antes de anunciar su decisión el presidente debía asegurarse de que el elegido gozara de “buena fama pública”, o al menos que no fuera objeto de un veto por parte de alguno de los actores políticos relevantes.
Por ejemplo, se supone que el preferido de Miguel Alemán para sucederlo en la silla presidencial en 1952 era Fernando Casas Alemán. Un hombre de todas sus confianzas, que había sido su sustituto cuando dejó el gobierno de Veracruz para dirigir la campaña electoral de Manuel Ávila Camacho, y que luego fue jefe del Departamento del Distrito Federal. Cuenta la leyenda que un cónclave de ex presidentes vetó al favorito de Alemán, que tenía muy mala fama. Lo interesante de esta historia –cuya veracidad es tan frágil como la de cualquier otra referida al mismo asunto en otras épocas– es que los ex presidentes no le impusieron un candidato al presidente, simplemente vetaron al que supuestamente había elegido.
Ahora, en apariencia, los dirigentes de los partidos han seleccionado a los candidatos al Congreso haciendo caso omiso no sólo de propuestas de la militancia, sino también de vetos que se han expresado de diferentes maneras: muy ruidosas en algunos casos, como ha ocurrido en el PAN y en el PRD, famoso por las trifulcas internas; y en el PRI ahora parecen soterradas, después del gran escándalo que provocó la alianza con el Panal y su costo en términos de curules y hasta de gubernaturas.
El origen de la ruptura de la alianza PRI-Panal fue el intento de Rubén Moreira, cuya manecita estaba bajo el control de Elba Ester Gordillo, de llevar a cabo muchos dedazos que, de hecho, sobredimensionaban la fuerza electoral del partido del magisterio, a expensas de filas de priístas que se sintieron injustamente descartados. La base de los acuerdos que celebró Moreira desde la presidencia del PRI con la lideresa del SNTE era mucho más frágil que la que apoyaba los dedazos puramente priístas, pues quienes habían compuesto una lista importante de candidatos al Congreso eran los dirigentes –o la jefa– de un partido distinto del PRI. Los priístas rechazaron esos dedazos, y se sacudieron una alianza onerosa que no les garantizaba sino menos curules; en estas nuevas circunstancias, buen número de ellos, muy distinguidos, están ahora empacando sus enseres de legisladores para cambiar de cámara: el diputado pasa a ser senador y viceversa, el senador pasará a diputado. En el pasado se reprochaba a los legisladores priístas que fueran sólo levantadedos; si el PRI triunfa en la elección presidencial, tendrán de demostrar que esa mala costumbre también ha quedado atrás.
jueves, 1 de marzo de 2012
Ecuador: Correa frente a la prensa.
Correa frente a la dictadura mediática
Ángel Guerra Cabrera
El presidente ecuatoriano Rafael Correa otorgó el perdón y solicitó la remisión de la condena impuesta en tribunales por el delito de injuria al diario oligárquico El Universo, a sus dueños y al editor de opinión. Ello seguramente no pondrá fin a los desmelenados ataques que le prodigan los pulpos mediáticos, pero su batalla por la verdad y la democracia informativa deja un saldo político muy positivo en la conciencia de los ecuatorianos y de los latinoamericanos en general. Como también el precedente del fallo judicial contra uno de los dos periódicos más poderosos del país, perteneciente, se supo por la declaración de los propios dueños, a una empresa ecuatoriana-estadunidense registrada nada menos que en Gran Caimán, célebre lavadero de dinero y refugio de evasores fiscales. Salvo por los países de América Latina cuyos gobiernos procuran democratizar la comunicación, en casi todas partes las corporaciones mediáticas se han encargado de quitarle dientes a la normatividad existente en la materia y con toda impunidad ni así cumplen con ella.
Correa se querelló por infamia contra el citado rotativo de Guayaquil –autor de innumerables calumnias contra su gobierno, especialmente después del intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010– debido a la publicación, a principio de 2011, de un artículo de su editor de opinión en el cual lo acusaba de “criminal de lesa humanidad” y de haber ordenado aquel día “fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Como se pudo apreciar en vivo y en directo por la televisión, fueron los golpistas quienes lanzaron una lluvia de balas desde el centro de salud contra los uniformados que iban al rescate del presidente, hecho prisionero por aquellos. De modo que Correa ganó el juicio en dos instancias y finalmente en la Corte Nacional de Justicia, que ratificó la condena de tres años de prisión para los tres dueños del diario y el articulista, y el pago de una indemnización de 40 millones de dólares al injuriado. Contrariamente a las calumnias de la cofradía desinformativa, los jueces ecuatorianos sí son independientes, integrantes del nuevo Poder Judicial a donde se llega por concurso de méritos y no como anteriormente por influencias o linaje.
Correa y sus partidarios consiguieron dos grandes victorias estratégicas frente al barraje de desinformación y calumnias de los monopolios mediáticos de América del norte y del sur y varios europeos. Una, demostrar fehacientemente ante el país que El Universo mintió en sus páginas antes y durante el juicio y evidenciar los subterfugios, amenazas y chicanas legales de sus abogados. Dos, desmontar el fariseísmo de quienes alegan defender la libertad de prensa y lo que realmente defienden es la libertad de sus empresas para hacer negocios y manipular a la opinión pública en lugar de brindar un servicio público como establece la nueva Constitución. Encima, la alta popularidad de Rafael Correa siguió subiendo durante el proceso hasta sobrepasar 80 por ciento, mientras decrecía la credibilidad de los grandes medios.
El presidente siempre dijo que El Universo podía zanjar el asunto simplemente con reconocer públicamente su falta a la ética periodística y ofrecerle una disculpa, y que en caso de haber una indemnización la donaría al proyecto ecológico Yasuní-ITT. Pero a los demandados y a sus aliados del Departamento de Estado, la Sociedad Interamericana de Prensa y los conglomerados mediáticos internacionales lo que les interesaba era que continuara el pleito y el torrente de calumnias contra el gobierno de la revolución ciudadana. Doblarle el brazo al presidente y dejar claro que los “medios” son intocables.
Este gobierno ha disgustado mucho a esos poderes, pues como ninguno otro en Ecuador, ha trabajado incansablemente por la igualdad, la justicia social, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y los pobres. Además, y ya esto es intolerable para la mafia mediática, ha realizado esfuerzos por democratizar la comunicación, oponiéndose a que los dueños del capital financiero lo sean también de medios. Así que ha entregado más frecuencias de radio y televisión que ninguno anterior, entre ellas 14 a radios comunitarias, de las que asignó 13 a nacionalidades indígenas. Por si fuera poco, ha presentado al Legislativo un proyecto de ley que reservaría gran parte del espacio mediático para medios públicos y comunitarios, impidiendo a la vez los monopolios.
Ángel Guerra Cabrera
El presidente ecuatoriano Rafael Correa otorgó el perdón y solicitó la remisión de la condena impuesta en tribunales por el delito de injuria al diario oligárquico El Universo, a sus dueños y al editor de opinión. Ello seguramente no pondrá fin a los desmelenados ataques que le prodigan los pulpos mediáticos, pero su batalla por la verdad y la democracia informativa deja un saldo político muy positivo en la conciencia de los ecuatorianos y de los latinoamericanos en general. Como también el precedente del fallo judicial contra uno de los dos periódicos más poderosos del país, perteneciente, se supo por la declaración de los propios dueños, a una empresa ecuatoriana-estadunidense registrada nada menos que en Gran Caimán, célebre lavadero de dinero y refugio de evasores fiscales. Salvo por los países de América Latina cuyos gobiernos procuran democratizar la comunicación, en casi todas partes las corporaciones mediáticas se han encargado de quitarle dientes a la normatividad existente en la materia y con toda impunidad ni así cumplen con ella.
Correa se querelló por infamia contra el citado rotativo de Guayaquil –autor de innumerables calumnias contra su gobierno, especialmente después del intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010– debido a la publicación, a principio de 2011, de un artículo de su editor de opinión en el cual lo acusaba de “criminal de lesa humanidad” y de haber ordenado aquel día “fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Como se pudo apreciar en vivo y en directo por la televisión, fueron los golpistas quienes lanzaron una lluvia de balas desde el centro de salud contra los uniformados que iban al rescate del presidente, hecho prisionero por aquellos. De modo que Correa ganó el juicio en dos instancias y finalmente en la Corte Nacional de Justicia, que ratificó la condena de tres años de prisión para los tres dueños del diario y el articulista, y el pago de una indemnización de 40 millones de dólares al injuriado. Contrariamente a las calumnias de la cofradía desinformativa, los jueces ecuatorianos sí son independientes, integrantes del nuevo Poder Judicial a donde se llega por concurso de méritos y no como anteriormente por influencias o linaje.
Correa y sus partidarios consiguieron dos grandes victorias estratégicas frente al barraje de desinformación y calumnias de los monopolios mediáticos de América del norte y del sur y varios europeos. Una, demostrar fehacientemente ante el país que El Universo mintió en sus páginas antes y durante el juicio y evidenciar los subterfugios, amenazas y chicanas legales de sus abogados. Dos, desmontar el fariseísmo de quienes alegan defender la libertad de prensa y lo que realmente defienden es la libertad de sus empresas para hacer negocios y manipular a la opinión pública en lugar de brindar un servicio público como establece la nueva Constitución. Encima, la alta popularidad de Rafael Correa siguió subiendo durante el proceso hasta sobrepasar 80 por ciento, mientras decrecía la credibilidad de los grandes medios.
El presidente siempre dijo que El Universo podía zanjar el asunto simplemente con reconocer públicamente su falta a la ética periodística y ofrecerle una disculpa, y que en caso de haber una indemnización la donaría al proyecto ecológico Yasuní-ITT. Pero a los demandados y a sus aliados del Departamento de Estado, la Sociedad Interamericana de Prensa y los conglomerados mediáticos internacionales lo que les interesaba era que continuara el pleito y el torrente de calumnias contra el gobierno de la revolución ciudadana. Doblarle el brazo al presidente y dejar claro que los “medios” son intocables.
Este gobierno ha disgustado mucho a esos poderes, pues como ninguno otro en Ecuador, ha trabajado incansablemente por la igualdad, la justicia social, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y los pobres. Además, y ya esto es intolerable para la mafia mediática, ha realizado esfuerzos por democratizar la comunicación, oponiéndose a que los dueños del capital financiero lo sean también de medios. Así que ha entregado más frecuencias de radio y televisión que ninguno anterior, entre ellas 14 a radios comunitarias, de las que asignó 13 a nacionalidades indígenas. Por si fuera poco, ha presentado al Legislativo un proyecto de ley que reservaría gran parte del espacio mediático para medios públicos y comunitarios, impidiendo a la vez los monopolios.
El G-20: cancilleres y financieros.
G-20: cancilleres y financieros
Jorge Eduardo Navarrete
Difiero la discusión del tercer reactivo de la prueba de ácido que para la diplomacia mexicana constituye la relación bilateral con Estados Unidos, presentada en los artículos de febrero. Dos encuentros ministeriales en menos de 15 días fuerzan a considerar una vez más al Grupo de los Veinte (G-20) y a su carrera contrarreloj hacia la cumbre de Los Cabos, distante sólo 16 semanas y, quizá, otras tantas minicrisis. La macrocrisis europea, al igual que en Cannes el año pasado, absorbió el tiempo de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales, reunidos en la ciudad de México en el fin de semana del 25-26 de febrero. Eswar Prasard, de la Universidad de Cornell, confirmó al Financial Times lo que todo mundo sospechaba: “la exigencia de enfrentar la crisis de deuda de la eurozona desplazó del centro de atención las cuestiones de largo plazo, entre ellas las reformas del marco de regulación financiera global y del sistema monetario internacional”. Seis días antes, en Los Cabos mismo, los ministros de Relaciones Exteriores, en una reunión informal, habían tenido, como se publicitó ampliamente, otras distracciones: una caza visual de ballenas que debe de haber sido divertida. Prefirieron, en la circunstancia y amparados en la informalidad, no expedir comunicado alguno, sino ofrecer un conjunto de declaraciones individuales que dificultan apreciar el alcance del encuentro. Hay otra carrera, la de la edificación del centro de convenciones que alojaría a la cumbre, pero ésta ya se da por perdida. Así, entre prisas, tropiezos y distracciones, avanzan hacia la cumbre del G-20 cancilleres y financieros.
Sobre la reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores, el portal de la presidencia mexicana del G-20 (www.g20mexico.org) ofrece un breve documento informativo. Lo resumo: los cancilleres advirtieron que, en las décadas recientes, la globalización ha vuelto más numerosos y apremiantes los retos globales. También ha mostrado que un sistema multilateral con legitimidad, conocimientos técnicos y recursos bastantes para afrontarlos se ha visto lastrado por “mandatos fragmentados” y “negociaciones [que] no registran avance o se encuentran estancadas”. Por ello “se requiere más que nunca de un fuerte liderazgo político”. El G-20 deberá aportarlo. Hasta ahora, ha fortalecido la coherencia y coordinación de las políticas, pero “el clima actual de incertidumbre económica ha dado lugar a demandas aún mayores y ha creado expectativas respecto al papel del G-20 en la solución de los problemas mundiales”. El grupo debe seguir centrado en “la gobernanza económica y financiera”, cuyos “aspectos claves” ya han sido identificados, al tiempo que están en curso “esfuerzos destinados a proporcionar soluciones adecuadas”. Por su parte, México invitó a los demás a “reflexionar sobre otros problemas importantes”.
Este documento informativo, que se supone refleja lo esencial de los intercambios de los cancilleres y sus adláteres, en realidad no informa. Es un ejemplo destacado de la diplomacia concebida como el arte de decir lo menos posible con el mayor número de palabras. Sería más grave, sin embargo, que fuese un reflejo fiel del desconcierto reinante en la reunión.
A pesar de que, según una crónica periodística, muchos de los ministros de Finanzas “no se quedaron en México por más de 24 horas”, se las arreglaron para formular y aprobar un comunicado (disponible en inglés en el portal de la presidencia mexicana del G-20). Es un texto interesante, una vez que se reconoce su supuesto básico: se trata de reformar el actual sistema monetario y financiero internacional para hacerlo más funcional en relación con el actual modelo económico global. No se trata de sustituirlo por otro que contribuya, más bien, a una transformación del modelo.
La cláusula que recoge con mayor claridad esta intencionalidad política es la referida a Grecia. Los financieros y banqueros del G-20 expresan su complacencia por los progresos conseguidos en Europa para “colocar a Grecia en un sendero sustentable”. Parece más bien que –con las políticas de austeridad extrema que abaten salarios, frenan el empleo y recortan el gasto social, entre otras acciones– Grecia ha sido colocada en el sendero del desastre: recesión prolongada, desempleo creciente, niveles de vida a la baja y otras consecuencias no sostenibles, que se extenderán hasta mediado el decenio y más allá. Se hunde a Grecia y quizá no se logre salvar a sus acreedores. Si se ha alcanzado alguna sustentabilidad es la de los bancos. Al revisar la prensa europea del último mes se encuentra que el corpus de opinión en este sentido es abrumador.
El comunicado confirma un comportamiento económico desigual, con débil avance en los países avanzados y declinante expansión en las economías emergentes, en medio de una elevada volatilidad financiera. Se expresa alarma ante las posibles alzas de precios del petróleo, sin reconocer que, con una demanda deprimida por el estancamiento, son las sanciones a Irán y sus posibles repercusiones el factor que impulsa los precios al alza.
En la perspectiva de Los Cabos, el comunicado promete que allí se actualizará el Plan de Acción de Cannes, reforzando la vigilancia y la rendición de cuentas sobre “políticas fiscal, financiera, estructural, monetaria, cambiaria, comercial y de desarrollo”. Pareciera un tanto exagerado el papel que se atribuye a la supervisión de políticas, sin hablar de la necesidad de monitoreo simétrico, a menos que se busque generalizar la experiencia de las visitas de la troika de inspectores a Atenas.
El tema central del fin de semana mexicano fue la cuestión de si los países no europeos del G-20 se hallaban dispuestos a incrementar el volumen de recursos de que dispone el FMI para operaciones de rescate de deuda. El rechazo más enfático provino del secretario del Tesoro de EU, pero nadie parece haber recibido con aplausos el señalamiento de la directora gerente del fondo de que requería de mucho más recursos para aumentar su capacidad no de apagar incendios, sino de evitar que se extiendan. Incluso el ministro alemán, que los ve de cerca, considera que disponer de más recursos de alivio induciría el abandono de la austeridad salvaje en la que tiene cifradas sus esperanzas.
En el mejor estilo del G-20, las decisiones se difirieron. El tema de los recursos adicionales –por la vía de préstamos, para no poner en riesgo con un aumento de cuotas las relaciones de poder en el fondo– se volverá a discutir en abril en Washington o en junio en Los Cabos. Se ha perdido, otra vez, el sentido de urgencia que estuvo presente en la cumbre de Pittsburgh, en 2009, y reapareció fugazmente en Cannes dos años después. Eso sí, los ministros y gobernadores se apresuraron a señalar las condiciones para usar recursos todavía no comprometidos, es decir inexistentes: “se impondrán elementos de mitigación de riesgo y condicionalidad”, aclararon.
Así transcurre, entre financieros y banqueros y no sin intermezzos livianos, la vía dolorosa a Los Cabos.
Jorge Eduardo Navarrete
Difiero la discusión del tercer reactivo de la prueba de ácido que para la diplomacia mexicana constituye la relación bilateral con Estados Unidos, presentada en los artículos de febrero. Dos encuentros ministeriales en menos de 15 días fuerzan a considerar una vez más al Grupo de los Veinte (G-20) y a su carrera contrarreloj hacia la cumbre de Los Cabos, distante sólo 16 semanas y, quizá, otras tantas minicrisis. La macrocrisis europea, al igual que en Cannes el año pasado, absorbió el tiempo de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales, reunidos en la ciudad de México en el fin de semana del 25-26 de febrero. Eswar Prasard, de la Universidad de Cornell, confirmó al Financial Times lo que todo mundo sospechaba: “la exigencia de enfrentar la crisis de deuda de la eurozona desplazó del centro de atención las cuestiones de largo plazo, entre ellas las reformas del marco de regulación financiera global y del sistema monetario internacional”. Seis días antes, en Los Cabos mismo, los ministros de Relaciones Exteriores, en una reunión informal, habían tenido, como se publicitó ampliamente, otras distracciones: una caza visual de ballenas que debe de haber sido divertida. Prefirieron, en la circunstancia y amparados en la informalidad, no expedir comunicado alguno, sino ofrecer un conjunto de declaraciones individuales que dificultan apreciar el alcance del encuentro. Hay otra carrera, la de la edificación del centro de convenciones que alojaría a la cumbre, pero ésta ya se da por perdida. Así, entre prisas, tropiezos y distracciones, avanzan hacia la cumbre del G-20 cancilleres y financieros.
Sobre la reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores, el portal de la presidencia mexicana del G-20 (www.g20mexico.org) ofrece un breve documento informativo. Lo resumo: los cancilleres advirtieron que, en las décadas recientes, la globalización ha vuelto más numerosos y apremiantes los retos globales. También ha mostrado que un sistema multilateral con legitimidad, conocimientos técnicos y recursos bastantes para afrontarlos se ha visto lastrado por “mandatos fragmentados” y “negociaciones [que] no registran avance o se encuentran estancadas”. Por ello “se requiere más que nunca de un fuerte liderazgo político”. El G-20 deberá aportarlo. Hasta ahora, ha fortalecido la coherencia y coordinación de las políticas, pero “el clima actual de incertidumbre económica ha dado lugar a demandas aún mayores y ha creado expectativas respecto al papel del G-20 en la solución de los problemas mundiales”. El grupo debe seguir centrado en “la gobernanza económica y financiera”, cuyos “aspectos claves” ya han sido identificados, al tiempo que están en curso “esfuerzos destinados a proporcionar soluciones adecuadas”. Por su parte, México invitó a los demás a “reflexionar sobre otros problemas importantes”.
Este documento informativo, que se supone refleja lo esencial de los intercambios de los cancilleres y sus adláteres, en realidad no informa. Es un ejemplo destacado de la diplomacia concebida como el arte de decir lo menos posible con el mayor número de palabras. Sería más grave, sin embargo, que fuese un reflejo fiel del desconcierto reinante en la reunión.
A pesar de que, según una crónica periodística, muchos de los ministros de Finanzas “no se quedaron en México por más de 24 horas”, se las arreglaron para formular y aprobar un comunicado (disponible en inglés en el portal de la presidencia mexicana del G-20). Es un texto interesante, una vez que se reconoce su supuesto básico: se trata de reformar el actual sistema monetario y financiero internacional para hacerlo más funcional en relación con el actual modelo económico global. No se trata de sustituirlo por otro que contribuya, más bien, a una transformación del modelo.
La cláusula que recoge con mayor claridad esta intencionalidad política es la referida a Grecia. Los financieros y banqueros del G-20 expresan su complacencia por los progresos conseguidos en Europa para “colocar a Grecia en un sendero sustentable”. Parece más bien que –con las políticas de austeridad extrema que abaten salarios, frenan el empleo y recortan el gasto social, entre otras acciones– Grecia ha sido colocada en el sendero del desastre: recesión prolongada, desempleo creciente, niveles de vida a la baja y otras consecuencias no sostenibles, que se extenderán hasta mediado el decenio y más allá. Se hunde a Grecia y quizá no se logre salvar a sus acreedores. Si se ha alcanzado alguna sustentabilidad es la de los bancos. Al revisar la prensa europea del último mes se encuentra que el corpus de opinión en este sentido es abrumador.
El comunicado confirma un comportamiento económico desigual, con débil avance en los países avanzados y declinante expansión en las economías emergentes, en medio de una elevada volatilidad financiera. Se expresa alarma ante las posibles alzas de precios del petróleo, sin reconocer que, con una demanda deprimida por el estancamiento, son las sanciones a Irán y sus posibles repercusiones el factor que impulsa los precios al alza.
En la perspectiva de Los Cabos, el comunicado promete que allí se actualizará el Plan de Acción de Cannes, reforzando la vigilancia y la rendición de cuentas sobre “políticas fiscal, financiera, estructural, monetaria, cambiaria, comercial y de desarrollo”. Pareciera un tanto exagerado el papel que se atribuye a la supervisión de políticas, sin hablar de la necesidad de monitoreo simétrico, a menos que se busque generalizar la experiencia de las visitas de la troika de inspectores a Atenas.
El tema central del fin de semana mexicano fue la cuestión de si los países no europeos del G-20 se hallaban dispuestos a incrementar el volumen de recursos de que dispone el FMI para operaciones de rescate de deuda. El rechazo más enfático provino del secretario del Tesoro de EU, pero nadie parece haber recibido con aplausos el señalamiento de la directora gerente del fondo de que requería de mucho más recursos para aumentar su capacidad no de apagar incendios, sino de evitar que se extiendan. Incluso el ministro alemán, que los ve de cerca, considera que disponer de más recursos de alivio induciría el abandono de la austeridad salvaje en la que tiene cifradas sus esperanzas.
En el mejor estilo del G-20, las decisiones se difirieron. El tema de los recursos adicionales –por la vía de préstamos, para no poner en riesgo con un aumento de cuotas las relaciones de poder en el fondo– se volverá a discutir en abril en Washington o en junio en Los Cabos. Se ha perdido, otra vez, el sentido de urgencia que estuvo presente en la cumbre de Pittsburgh, en 2009, y reapareció fugazmente en Cannes dos años después. Eso sí, los ministros y gobernadores se apresuraron a señalar las condiciones para usar recursos todavía no comprometidos, es decir inexistentes: “se impondrán elementos de mitigación de riesgo y condicionalidad”, aclararon.
Así transcurre, entre financieros y banqueros y no sin intermezzos livianos, la vía dolorosa a Los Cabos.
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