Indultos a manos llenas
Les ruego que reconozcan sinceramente que, como me pasaba a mí, hasta
hace muy poco no le habían dedicado un pensamiento a la Ley del Indulto
ni a su aplicación en España. En lo que a mí respecta, suponía que era
algo excepcional y que siempre se explicaba o argumentaba, al menos si
alguien solicitaba al Gobierno argumentos o explicaciones de por qué se
perdonaba la pena –es decir, se eximía de cumplirla– a un reo condenado,
a alguien cuya culpa había sido demostrada en juicio. Me imaginaba que
habría tres, cinco, diez indultos al año, algo así –no había prestado
atención, ya lo confieso–, y que vendrían dictados por fundadas razones:
la pésima salud o la avanzada edad de un preso, su terrible situación
familiar, su claro arrepentimiento o su rehabilitación indudable, su
falta de peligrosidad, la certeza de que no reincidiría. O bien su
trayectoria anterior a la comisión del delito: hay personas tan útiles a
la sociedad que su caída en una tentación, o su metedura de
pata, o su momentánea flaqueza, no deberían pesar más que un largo
historial de probidad y buen servicio. Por así expresarlo, el
encarcelamiento de un individuo en conjunto honrado y benéfico, por un
error o mala decisión no muy graves, puede no compensar, si se pierde
más con su exclusión de lo que se gana con su castigo.
Si hemos empezado a preguntarnos por esta práctica es por la llamativa arbitrariedad de ciertos indultos recientes: cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas, algún empresario o político o banquero, dos militares responsables del famoso accidente del Yak-42, un conductor kamikaze que mató a un hombre en su demencial carrera. En este último caso la única sospecha del posible motivo para la condonación es tan vergonzosa que más vale descartarla: al kamikaze lo habría defendido en su día un bufete en el que al parecer trabajan un hermano del conocido miembro del PP Ignacio Astarloa y un hijo de Gallardón. Por contraste ha clamado al cielo que no se haya concedido el indulto, profusamente solicitado, a un ex-toxicómano que lleva a cabo tareas sociales desde hace tiempo, llamado Reboredo, mientras Esperanza Aguirre ha anunciado que va a pedirlo para su temerario cachorro Carromero, tras ir corriendo a visitarlo, como una madrina, a la prisión en la que permaneció pocos días tras su celérico rescate de Cuba por el Gobierno.
¿Excepcionales los indultos, como uno se figuraba? En modo alguno. Resulta que todos nuestros Gobiernos, del signo que fueran, los repartieron con manga ancha. Suárez, 410 en menos de dos años; Calvo-Sotelo, 878 también en menos de dos años; Felipe González, 5.944 en trece y pico; Aznar, 5.948 en ocho; Zapatero, 3.378 en siete y pico; Rajoy lleva 501 en tan sólo uno. La suma total es de 17.059. Párense un momento: 17.059 personas convictas, una a una perdonadas. Se dice pronto, pero si se ponen a contar, antes de llegar a 50 ya se habrán aburrido, y todavía les faltarían 17.009. La media de indultados es de unos 500 anuales, más de uno diario, todos los días a lo largo de treinta y cuatro años. Y, claro está, eso significa que la labor de fiscales, abogados, policías, testigos, jurados, jueces, ha sido poco menos que inútil 500 veces al año. No es raro que la justicia vaya tan lenta, si se dedican horas y horas a probar delitos cuyas penas no se cumplen por capricho del Gobierno de turno. Porque, si uno echa un vistazo a la Ley de Indultos, descubre: a) que la que está vigente y se aplica, con mínimas modificaciones, data de 1870; b) que tal medida de gracia no es recurrible nunca: es una decisión gubernamental contra la que no caben alegaciones ni protestas; c) que dicha decisión es “discrecional”, es decir, el Gobierno no está obligado a explicar por qué otorga un indulto; lo concede con absoluta opacidad o hermetismo, o con tenebrosidad, mejor dicho; d) que son susceptibles de esa indulgencia los reos de toda clase de delitos; luego, si mal no entiendo, lo son también los violadores y asesinos.
Sin duda se percatan ustedes del significado de todo esto: lo que establece la justicia, uno de los poderes supuestamente independientes, fundamental en todo Estado de Derecho, puede quedar sin efecto y puede saltárselo a la torera el Ejecutivo (a través del Ministerio de Justicia, tiene guasa) si así lo decide, sin justificarse ante nadie y sin que quepa recurso alguno contra su arbitrariedad. Si un día se condena a los responsables de la trama Gürtel, éstos podrán ser indultados. Si un día se captura a Anglès, acusado de los crímenes de Alcàsser, y se lo condena en firme, podría ser indultado. Los etarras con delitos de sangre, los causantes de la matanza del 11-M, podrían ser indultados. Seguirían siendo culpables, su delito no sería “borrado” (esa posibilidad también existe, pero se llama amnistía, no indulto), pero se los eximiría de cumplir sus condenas porque así se le antojaría a un Gobierno. La cosa es tan flagrantemente injusta y tan loca que no se entiende que semejante ley, literalmente decimonónica, perviva y no esté derogada en 2013. Y aún menos que todos nuestros Presidentes se dediquen a hacer uso de ella, con ligereza y a manos llenas. Por ceñirnos al año pasado, 501 delincuentes (no presuntos, sino así declarados tras juicio) han sido puestos en libertad y perdonados. ¿Quiénes son? ¿Por qué motivo? La respuesta de nuestros gobernantes es esta siempre: “No tenemos que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a quienes nos han elegido”. Eso es todo.
Si hemos empezado a preguntarnos por esta práctica es por la llamativa arbitrariedad de ciertos indultos recientes: cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas, algún empresario o político o banquero, dos militares responsables del famoso accidente del Yak-42, un conductor kamikaze que mató a un hombre en su demencial carrera. En este último caso la única sospecha del posible motivo para la condonación es tan vergonzosa que más vale descartarla: al kamikaze lo habría defendido en su día un bufete en el que al parecer trabajan un hermano del conocido miembro del PP Ignacio Astarloa y un hijo de Gallardón. Por contraste ha clamado al cielo que no se haya concedido el indulto, profusamente solicitado, a un ex-toxicómano que lleva a cabo tareas sociales desde hace tiempo, llamado Reboredo, mientras Esperanza Aguirre ha anunciado que va a pedirlo para su temerario cachorro Carromero, tras ir corriendo a visitarlo, como una madrina, a la prisión en la que permaneció pocos días tras su celérico rescate de Cuba por el Gobierno.
¿Excepcionales los indultos, como uno se figuraba? En modo alguno. Resulta que todos nuestros Gobiernos, del signo que fueran, los repartieron con manga ancha. Suárez, 410 en menos de dos años; Calvo-Sotelo, 878 también en menos de dos años; Felipe González, 5.944 en trece y pico; Aznar, 5.948 en ocho; Zapatero, 3.378 en siete y pico; Rajoy lleva 501 en tan sólo uno. La suma total es de 17.059. Párense un momento: 17.059 personas convictas, una a una perdonadas. Se dice pronto, pero si se ponen a contar, antes de llegar a 50 ya se habrán aburrido, y todavía les faltarían 17.009. La media de indultados es de unos 500 anuales, más de uno diario, todos los días a lo largo de treinta y cuatro años. Y, claro está, eso significa que la labor de fiscales, abogados, policías, testigos, jurados, jueces, ha sido poco menos que inútil 500 veces al año. No es raro que la justicia vaya tan lenta, si se dedican horas y horas a probar delitos cuyas penas no se cumplen por capricho del Gobierno de turno. Porque, si uno echa un vistazo a la Ley de Indultos, descubre: a) que la que está vigente y se aplica, con mínimas modificaciones, data de 1870; b) que tal medida de gracia no es recurrible nunca: es una decisión gubernamental contra la que no caben alegaciones ni protestas; c) que dicha decisión es “discrecional”, es decir, el Gobierno no está obligado a explicar por qué otorga un indulto; lo concede con absoluta opacidad o hermetismo, o con tenebrosidad, mejor dicho; d) que son susceptibles de esa indulgencia los reos de toda clase de delitos; luego, si mal no entiendo, lo son también los violadores y asesinos.
Sin duda se percatan ustedes del significado de todo esto: lo que establece la justicia, uno de los poderes supuestamente independientes, fundamental en todo Estado de Derecho, puede quedar sin efecto y puede saltárselo a la torera el Ejecutivo (a través del Ministerio de Justicia, tiene guasa) si así lo decide, sin justificarse ante nadie y sin que quepa recurso alguno contra su arbitrariedad. Si un día se condena a los responsables de la trama Gürtel, éstos podrán ser indultados. Si un día se captura a Anglès, acusado de los crímenes de Alcàsser, y se lo condena en firme, podría ser indultado. Los etarras con delitos de sangre, los causantes de la matanza del 11-M, podrían ser indultados. Seguirían siendo culpables, su delito no sería “borrado” (esa posibilidad también existe, pero se llama amnistía, no indulto), pero se los eximiría de cumplir sus condenas porque así se le antojaría a un Gobierno. La cosa es tan flagrantemente injusta y tan loca que no se entiende que semejante ley, literalmente decimonónica, perviva y no esté derogada en 2013. Y aún menos que todos nuestros Presidentes se dediquen a hacer uso de ella, con ligereza y a manos llenas. Por ceñirnos al año pasado, 501 delincuentes (no presuntos, sino así declarados tras juicio) han sido puestos en libertad y perdonados. ¿Quiénes son? ¿Por qué motivo? La respuesta de nuestros gobernantes es esta siempre: “No tenemos que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a quienes nos han elegido”. Eso es todo.
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