República bananera
Jorge Camil
En mi colaboración anterior advertí que Estados Unidos, con la complacencia de Felipe Calderón y la ignorancia del Senado, había iniciado una peligrosa escalada de actividades militares en México y Centroamérica, nuevo refugio de los cárteles mexicanos: http://bit.ly/i5N2XZ. Dije que México, por su posición geográfica, la experiencia de su Ejército en la lucha con el narco y la postura condescendiente de Calderón, se había convertido en el centro de la guerra contra el crimen en Centroamérica. Esa fue mi interpretación de las comparecencias legislativas de los principales comandantes estadunidenses reportadas en La Jornada: http://bit.ly/h8n98J.
Añadí que planeaban hacer de México el socio ideal para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales (TCO por sus siglas en inglés), identificadas hoy como uno de los mayores riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Para mi sorpresa, el mismo día del artículo, confirmando mis sospechas, aparecieron en las noticias de la tarde dos notas sobre una misteriosa reunión sostenida ese día entre los principales comandantes militares de Estados Unidos y sus contrapartes mexicanas. Estuvieron aquí Michael Mullen, jefe del estado mayor conjunto de Estados Unidos; James Winnefeld, comandante del norte, y Douglas Fraser, comandante del sur. Vino además una comparsa formada por militares de Guatemala y Canadá. La presencia del alto mando de Estados Unidos confirma cuán cerca estamos de entregarles el control militar, así como el grado de desesperación del gobierno mexicano. Vinieron a discutir el crecimiento de las TCO en la frontera sur de México. Quizá debieron llamarla “la nueva frontera sur de Estados Unidos”, porque hasta allá se extienden las ambiciones de Barack Obama y la ignorancia de sus asesores en seguridad nacional.
Hemos llegado al punto peligroso en el que la “guerra” contra el narco lo justifica todo: el aumento de 44 por ciento en el gasto militar (en detrimento de salud y educación) y las violaciones constantes a la soberanía nacional, como lo demostraron en días pasados los sobrevuelos militares y el contrabando de armas instigado por Estados Unidos y tolerado por México; una cuestionable estrategia para “atrapar” criminales.
Hoy que la PGR, en un golpe simplemente mediático, sueña con procesar en Estados Unidos a los agentes que manejaron Rápido y furioso, poderosos comités legislativos de Estados Unidos están a punto de declarar a los superiores de esos mismos agentes en desacato judicial por negar la información. ¿Está dispuesta la PGR a procesar a Obama, porque hasta allá llega el encubrimiento? ¿Va a demandar a fabricantes protegidos por el invencible gun lobby? Es obvio que abogados sin experiencia los engañan.
Que nadie acuse a Calderón de no ser nacionalista. El académico Andrew Seely reconoció en The New York Times que “es intensamente nacionalista, pero también muy pragmático. No es fan de Estados Unidos pero los necesita”: http://nyti.ms/gQbxxN. En ese mismo artículo funcionarios entrevistados reconocieron que hace poco ese nivel de cooperación hubiese sido impensable, y que los temas son hoy secretos, “para no herir las susceptibilidades políticas de México y el tema de la soberanía”.
Milenio Diario reportó la reciente reunión de militares con un título inocuo: “EU y Canadá asisten a reunión de frontera México-Guatemala”: http://bit.ly/fIrVHQ. Pero El Universal, más enfocado, habló de un supuesto “acuerdo trilateral” para combatir al narco en la frontera sur: http://bit.ly/eFpvry. Es preocupante que la reunión no haya sido reportada en los medios de Estados Unidos, y que a la mañana siguiente la noticia haya sido sepultada en la prensa nacional. Por México asistieron los secretarios Guillermo Galván Galván y Francisco Saynez. Sin embargo, la reunión fue extrañamente presidida por la ubicua Patricia Espinosa, mujer de las confianzas de Calderón, que se ha convertido en experta en temas militares y de seguridad nacional: una Hillary mexicana. Quizá asistió como traductora, o para aparentar que la reunión fue sobre temas “estrictamente diplomáticos”.
Mullen, supremo comandante de las fuerzas estadunidenses, ha estado obsesionado con el tema de México. En marzo de 2010 se reunió con Obama para “analizar la posibilidad de una intervención militar”. Mullen declaró a Global Research que, “con pleno respaldo de Estados Unidos, Calderón había estado incrementando la militarización (de México) desplegando decenas de miles de tropas”: http://bit.ly/hpJTj9.
En esa reunión con Obama, Mullen anunció que la ayuda futura podría consistir en el sobrevuelo de aviones militares, tripulados y no tripulados (algo que ya está ocurriendo), y el despliegue de “fuerzas especiales” o “contratistas militares” (estilo Blackwater, hoy operando de nuevo como Xe Services: culpables de enormes atrocidades en Irak). ¿Para eso requieren las armas ilegales? Todo esto podría ser el legado de la “guerra de Calderón” en términos de soberanía nacional. Porque en el terreno humano su legado histórico no dejará de ser la sangre de los 40 mil muertos: ¡todos mexicanos!
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viernes, 29 de abril de 2011
jueves, 30 de diciembre de 2010
México riñe con Guatemala.
México acordó ayer con Honduras la creación de un grupo de seguridad para la protección de los migrantes y, por otro lado, recriminó a Guatemala la nota diplomática en la que la nación centroamericana se queja por “las constantes violaciones a los derechos humanos de los viajeros que transitan” por el país.
La cancillería se refirió a la nota diplomática de Guatemala como un “comunicado” y señaló que “las acusaciones unilaterales no contribuyen a generar el espíritu de cooperación que requiere este enorme reto”.
Respecto al grupo de alto nivel sobre seguridad, el vicecanciller hondureño, Alden Rivera, informó que éste se desarrollará en cinco áreas: campañas de comunicación, facilitación de procesos de denuncia, mayor participación de la sociedad civil, la creación de una plataforma informática y el trabajo conjunto con instituciones financieras que operan en Centroamérica, México y Estados Unidos y que son utilizadas pata el pago de rescates de migrantes.
Señaló que de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25 mil migrantes son secuestrados al año y sostuvo que de ellos, cerca de 10 mil son hondureños.
En el caso de las investigaciones sobre el presunto secuestro de migrantes en Oaxaca el 16 de diciembre, dijo que no existe un avance concreto, aunque informó que se entrevistó con cinco de sus connacionales que son actualmente testigos protegidos de esta investigación, quienes además calculan que al menos 25 hondureños, de entre un grupo de 50 personas, fueron privados de la libertad.
“No hay ningún avance concreto que nos diga si estos ciudadanos están recluidos en una casa de seguridad o pruebas concluyentes que nos digan que se han pagado los rescates y que ellos han sido puestos en libertad”, manifestó.
Señaló además que se espera que al grupo de alto nivel se sumen los gobiernos de Guatemala y
El Salvador.
En conferencia de prensa, el diplomático dijo que el gobierno de Honduras tiene referencia de que ciudadanos de su país habrían participado en casos como el de San Fernando, Tamaulipas, y el del presunto secuestro de migrantes en Oaxaca, el 16 de diciembre pasado.
“Tenemos información de que hondureños están formando parte de estos grupos del crimen organizado. Tenemos referencia de que en el caso de Tamaulipas hubo participación de un hondureño”, indicó.
En el caso de Oaxaca, dijo tener referencia de que “hubo también participación de un ciudadano hondureño, esto es coherente y consistente de lo que hemos venido diciendo de que el crimen organizado ha trascendido fronteras, de que tiene presencia en toda la región y de que es una manifestación regional, no es un problema de México, de Honduras, es un problema de posicionamiento del crimen organizado en toda la región”.
Explicó que se ha detectado también que cada vez es más frecuente que el pago de rescates de migrantes sea solicitado a sus familias en sus países de origen y cada vez menos a los familiares en Estados Unidos.
Dijo que los montos de los recates varían de entre 100 y hasta tres mil dólares.
Antecedentes
El lunes pasado, el gobierno de Guatemala envió una nota diplomática a la cancillería mexicana manifestando su preocupación por los hechos ocurridos los pasados 16 y 22 de diciembre, en los que migrantes centroamericanos habrían sido retenidos por bandas del crimen organizado.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala manifiesta a través de esta nota verbal, su profunda preocupación por los hechos pasados, ya que éstos evidencian una escalada de violencia en contra de la comunidad migrante, por lo que se ha solicitado a las autoridades mexicanas cualquier información oficial sobre los sucesos, así como la realización de una investigación de fondo, que busque deducir responsabilidades y castigar a los culpables”, señaló el gobierno guatemalteco.
La cancillería se refirió a la nota diplomática de Guatemala como un “comunicado” y señaló que “las acusaciones unilaterales no contribuyen a generar el espíritu de cooperación que requiere este enorme reto”.
Respecto al grupo de alto nivel sobre seguridad, el vicecanciller hondureño, Alden Rivera, informó que éste se desarrollará en cinco áreas: campañas de comunicación, facilitación de procesos de denuncia, mayor participación de la sociedad civil, la creación de una plataforma informática y el trabajo conjunto con instituciones financieras que operan en Centroamérica, México y Estados Unidos y que son utilizadas pata el pago de rescates de migrantes.
Señaló que de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25 mil migrantes son secuestrados al año y sostuvo que de ellos, cerca de 10 mil son hondureños.
En el caso de las investigaciones sobre el presunto secuestro de migrantes en Oaxaca el 16 de diciembre, dijo que no existe un avance concreto, aunque informó que se entrevistó con cinco de sus connacionales que son actualmente testigos protegidos de esta investigación, quienes además calculan que al menos 25 hondureños, de entre un grupo de 50 personas, fueron privados de la libertad.
“No hay ningún avance concreto que nos diga si estos ciudadanos están recluidos en una casa de seguridad o pruebas concluyentes que nos digan que se han pagado los rescates y que ellos han sido puestos en libertad”, manifestó.
Señaló además que se espera que al grupo de alto nivel se sumen los gobiernos de Guatemala y
El Salvador.
En conferencia de prensa, el diplomático dijo que el gobierno de Honduras tiene referencia de que ciudadanos de su país habrían participado en casos como el de San Fernando, Tamaulipas, y el del presunto secuestro de migrantes en Oaxaca, el 16 de diciembre pasado.
“Tenemos información de que hondureños están formando parte de estos grupos del crimen organizado. Tenemos referencia de que en el caso de Tamaulipas hubo participación de un hondureño”, indicó.
En el caso de Oaxaca, dijo tener referencia de que “hubo también participación de un ciudadano hondureño, esto es coherente y consistente de lo que hemos venido diciendo de que el crimen organizado ha trascendido fronteras, de que tiene presencia en toda la región y de que es una manifestación regional, no es un problema de México, de Honduras, es un problema de posicionamiento del crimen organizado en toda la región”.
Explicó que se ha detectado también que cada vez es más frecuente que el pago de rescates de migrantes sea solicitado a sus familias en sus países de origen y cada vez menos a los familiares en Estados Unidos.
Dijo que los montos de los recates varían de entre 100 y hasta tres mil dólares.
Antecedentes
El lunes pasado, el gobierno de Guatemala envió una nota diplomática a la cancillería mexicana manifestando su preocupación por los hechos ocurridos los pasados 16 y 22 de diciembre, en los que migrantes centroamericanos habrían sido retenidos por bandas del crimen organizado.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala manifiesta a través de esta nota verbal, su profunda preocupación por los hechos pasados, ya que éstos evidencian una escalada de violencia en contra de la comunidad migrante, por lo que se ha solicitado a las autoridades mexicanas cualquier información oficial sobre los sucesos, así como la realización de una investigación de fondo, que busque deducir responsabilidades y castigar a los culpables”, señaló el gobierno guatemalteco.
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