Un chiste gallego, Repsol.

Un chiste de gallegos sobre el caso YPF
Javier Lewkowicz

Antonio Brufau, presidente de Repsol, anunció en Madrid que se exigirá a Buenos Aires una indemnización de 10 mil 500 millones de dólares por la expropiación de su filial YPFFoto Reuters Repsol cotizó el valor de su participación en YPF en 10 mil 500 millones de dólares, suma que el gobierno argentino ya aclaró que no va a pagar, y anticipó que acudirá al Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, para exigir una indemnización por las acciones expropiadas”. El presidente de la firma española, Antonio Brufau, ofreció ayer una conferencia de prensa donde consideró que la decisión de expropiar casi la totalidad del capital de Repsol, grupo de control de YPF, respondería a una necesidad de la administración de Cristina Fernández de tapar una supuesta crisis “inflacionaria, cambiaria, energética y de transporte”.

“La Argentina querida es otra”, se lamentó Brufau, quien también vinculó la medida con una supuesta intención del gobierno de quedarse con las inversiones realizadas por la firma en el yacimiento de Vaca Muerta, donde existen recursos hidrocarburíferos no convencionales. Según especialistas, Repsol no realizó un desembolso de dinero significativo en ese reservorio.

“Ilícita”, “gravemente discriminatoria”, “no justifica la utilidad pública perseguida”, “implica un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino al momento de la privatización de YPF” y “se viola la confianza de la comunidad inversora internacional”. Con esos argumentos Repsol califica, en un documento presentado ayer a la bolsa española, la medida de expropiación. Son los que utilizará para sostener su demanda en el Ciadi, acción que Brufau adelantó que la firma realizará. El objetivo es cobrar una importante indemnización como resarcimiento por supuestos perjuicios generados por la medida, más allá del monto que recibirá en manos del Estado nacional por el propio proceso de expropiación.

En relación con el precio de la compañía, Repsol aseguró que 57.4 por ciento de YPF tiene un valor de 10 mil 500 millones de dólares, y aunque el gobierno busca expropiar 88 por ciento de ese capital (el 51 por ciento de YPF), la firma española pretende cobrar por toda su tenencia accionaria. El gobierno anticipó que no pagará la suma que Repsol pretende. “Todos los estados tienen derecho a expropiar, pero a pagar el justo precio, también”, planteó Brufau, quien aseguró que el Estado argentino apuntó a “facilitar el derrumbe del precio de YPF para conseguir la expropiación a precio de saldo”.

Una de las principales hipótesis que Brufau esbozó para dilucidar por qué el gobierno tomó la decisión de expropiar, es la de una supuesta “crisis social y económica” que Cristina Fernández buscaría tapar. “Al levantar la bandera de la expropiación, se cree que se supera la situación”, consideró. La afirmación parece anacrónica, en medio del mayor ajuste fiscal de la historia, que busca llevar a cabo el gobierno de Mariano Rajoy en España. Ese paquete de medidas probablemente empeore la ya de por sí compleja situación ibérica que, según estimaciones oficiales, cerraría el año con un desempleo de 24.3 por ciento y una baja del PIB de 1.7 por ciento.

No convencional

Brufau indicó, citando a Página/12, que uno de los motivos que llevan al gobierno a impulsar la nacionalización de YPF es “quedarse” con el yacimiento de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, un enorme reservorio de recursos hidrocarburíferos no convencionales. De hecho, según administración de información de energía (EIA en inglés), Argentina poseería 12 por ciento de los recursos no convencionales recuperables a escala mundial. Repsol confeccionó una línea del tiempo desde 2007 hasta la actualidad, describiendo las tareas de investigación y exploración que habrían permitido a la firma encontrar esos recursos. De ahí que Brufau asegure que el gobierno estaría pretendiendo apropiarse de la inversión que realizó Repsol. Aunque la compañía no ofreció cifras sobre el monto invertido en Vaca Muerta, aclaró que “el valor presente neto de esos recursos alcanzarían los 13 mil 700 millones de dólares”.
“En comparación con la gigantesca inversión que se requiere para extraer efectivamente esos recursos, lo realizado por Repsol en Vaca Muerta es insignificante. De hecho, la existencia de esos recursos no convencionales es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Reservorios convencionales se encuentran debajo de Vaca Muerta, de modo que los ingenieros que allí trabajan conocen perfectamente la presencia del recurso no convencional. Sucede que en los últimos años el avance tecnológico permite pensar que la extracción de esos recursos puede ser económicamente viable”, explicó a este diario Mariana Matranga, ingeniera y especialista en la materia.

Inversiones

Por otro lado, Brufau justifica la declinación de las reservas y la producción de YPF por tratarse de “cuencas maduras” los yacimientos argentinos. “Efectivamente, los yacimientos tienen una vida útil, sobre todo porque se trata de recursos no renovables. Sin embargo, eso está relacionado con la falta de inversión en exploración. La YPF estatal en los años 80 perforaba cerca de 90 pozos por año, sobre un total de 117. Repsol hizo un promedio de sólo ocho pozos por año. Como exploran muy poco y continúan extrayendo el recurso de los pozos viejos, obviamente la producción va a declinar”, manifestó a Página/12 Mariano Barrera, economista, autor del artículo “Subexploración y sobreexplotación: la lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina”.

Repsol advierte que su desempeño en el país es relativamente similar al que mostraron otras compañías. “Mientras los costos de exploración sean más bajos en otros lugares del planeta, todos van a seguir explotando acá y girando utilidades hacia afuera. La trampa de los años 90 fue asimilar la racionalidad microeconómica de la empresa con el interés general”, agregó Barrera. La desregulación del sector, revertida con la declaración de utilidad pública sobre toda la actividad, y el retorno de YPF como empresa testigo, puede mejorar esa situación, advierten especialistas.

Respecto de la entrada a la empresa del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, Brufau aseguró que ese esquema fue avalado por el gobierno hasta noviembre de 2011. “Teníamos el beneplácito explícito de las autoridades y ahora se nos acusa de una década de depredación”, criticó.