Cruce de recursos
La tasa del euro por receta rompe la equidad, grava a los enfermos y genera una disputa legal
La tasa del euro por receta, ya en vigor en Cataluña y Madrid, ha
logrado una rara coincidencia: la presentación de sendos recursos de
inconstitucionalidad por parte del PP y del PSOE. Hasta ahí llega la
unidad de criterio, pues las razones que mueven a ambos partidos para
tratar de tumbar el nuevo impuesto autonómico son distintas. Para los
populares se trata de evitar una injerencia autonómica en una cuestión
de competencia solo nacional —la política farmacéutica— que, además,
genera una evidente inequidad en el sistema nacional de salud por
cuestiones territoriales. El PSOE, por su parte, argumenta sobre todo el
principio de igualdad, puesto que una comunidad gobernada por su
partido, Andalucía, ha lanzado un sistema de subasta de medicamentos con
el fin de abaratarlos que el Gobierno central tiene recurrido.
Razones políticas han obligado a ambas formaciones a incurrir en ciertas contradicciones, como que el Gobierno de Rajoy rechace una medida que grava el consumo de medicinas, una vez, sin embargo, que él mismo ha hecho lo propio elevando el copago y obligando a los pensionistas a aportar también una parte de las mismas. El euro por receta se alinea con las políticas del PP contra la crisis a este respecto. Una vez, sin embargo, recurrida la tasa establecida en Cataluña por Artur Mas era una cuestión de coherencia hacer lo propio contra la misma medida de la Comunidad de Madrid, gobernada por uno de los suyos.
El rechazo de los socialistas a elevar el precio de los medicamentos es el que le impide ahora reclamar ante el Constitucional la equidad que exige el sistema, toda vez que la subasta andaluza ya la menoscababa y que Patxi López en el País Vasco se negara a aplicar el nuevo copago del Gobierno central.
Al margen de los rifirrafes políticos, que dan la medida de los graves problemas que subsisten en este modelo de Estado, lo importante del euro por receta es que es un nuevo impuesto lineal y, por tanto, poco progresivo, que grava un poco más a los enfermos, ya previamente castigados con el cambio del sistema de copago. El Gobierno madrileño de Ignacio González insiste en que no se trata de recaudar más, sino de “incentivar un uso más eficiente de los medicamentos”, ya que el consumo en España es muy alto. Este Ejecutivo, el mismo que se dispone a lanzar la mayor privatización de la gestión de hospitales y centros de salud, vuelve a ofrecer serias dudas de su capacidad para gestionar adecuadamente un servicio público tan esencial, puesto que en lo concerniente a este asunto no es el paciente el que prescribe los medicamentos y dosis necesarios, sino los médicos del propio sistema que los ciudadanos han puesto a su cargo. El detalle de poner en marcha el euro por receta sin el dispositivo informático adecuado para respetar el límite (72 euros por paciente y año) e impugnar su pago son una muestra más de la improvisación con la que se actúa.
Razones políticas han obligado a ambas formaciones a incurrir en ciertas contradicciones, como que el Gobierno de Rajoy rechace una medida que grava el consumo de medicinas, una vez, sin embargo, que él mismo ha hecho lo propio elevando el copago y obligando a los pensionistas a aportar también una parte de las mismas. El euro por receta se alinea con las políticas del PP contra la crisis a este respecto. Una vez, sin embargo, recurrida la tasa establecida en Cataluña por Artur Mas era una cuestión de coherencia hacer lo propio contra la misma medida de la Comunidad de Madrid, gobernada por uno de los suyos.
El rechazo de los socialistas a elevar el precio de los medicamentos es el que le impide ahora reclamar ante el Constitucional la equidad que exige el sistema, toda vez que la subasta andaluza ya la menoscababa y que Patxi López en el País Vasco se negara a aplicar el nuevo copago del Gobierno central.
Al margen de los rifirrafes políticos, que dan la medida de los graves problemas que subsisten en este modelo de Estado, lo importante del euro por receta es que es un nuevo impuesto lineal y, por tanto, poco progresivo, que grava un poco más a los enfermos, ya previamente castigados con el cambio del sistema de copago. El Gobierno madrileño de Ignacio González insiste en que no se trata de recaudar más, sino de “incentivar un uso más eficiente de los medicamentos”, ya que el consumo en España es muy alto. Este Ejecutivo, el mismo que se dispone a lanzar la mayor privatización de la gestión de hospitales y centros de salud, vuelve a ofrecer serias dudas de su capacidad para gestionar adecuadamente un servicio público tan esencial, puesto que en lo concerniente a este asunto no es el paciente el que prescribe los medicamentos y dosis necesarios, sino los médicos del propio sistema que los ciudadanos han puesto a su cargo. El detalle de poner en marcha el euro por receta sin el dispositivo informático adecuado para respetar el límite (72 euros por paciente y año) e impugnar su pago son una muestra más de la improvisación con la que se actúa.
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