Chile y Perú muestran altas tasas de crecimiento económico en los últimos años, a pesar de la crisis internacional. Gran parte de ese crecimiento se explica en la explotación de los materias primas mineras: cobre, oro, plata y otros minerales están en la base del “desarrollo” de ambos países. A su vez, ambos países comparten también los desafíos propios de las jóvenes democracias. Y es en este sentido que los avances y ajustes democráticos de Chile y Perú han estado mostrando serios inconvenientes en los últimos tiempos.
A nivel político, tanto Humala como Piñera han visto decrecer el apoyo popular del que disfrutaban, debido a la imposibilidad de enfrentar cuestiones sociales pendientes desde hace décadas. Ninguno de los dos países ha logrado poner al día una institucionalidad que permita una mayor participación ciudadana, lo que ha resultado en altas tasas de abstención electoral y desafección hacia el sistema democrático y el poder político en general.
Sin duda, gran parte de sus mayores problemas radica en sociedades que han logrado generar riqueza, pero que no han sabido repartirla adecuadamente. Eso es lo que está detrás del movimiento estudiantil chileno y de las protestas de las comunidades peruanas contra las mineras
.Como una prueba más de este desigual reparto de los recursos, la población observa cómo se fomenta la presencia de empresas extractivas que explotan recursos naturales escasos y de alto consumo como el agua, y cuyo beneficio para la población local es cuestionable. Así, tanto en Chile (con el proyecto Hidroeléctrico Hidroaysén) como en Cajamarca en el Perú (con el proyecto minero Congas), se reclama que la explotación del (escaso) recurso agua está siendo destinado a la explotación minera, más que al consumo de personas y al cultivo de alimentos.
Las protestas ciudadanas que estos dos proyectos han generado se han resuelto, comúnmente, con represión policial y negociaciones en las que los estados tienen poco margen de maniobra a favor de sus poblaciones: amenazas de denuncias por incumplimiento de condiciones de contratos en los tribunales internacionales por parte de las empresas extractivas, cuestionamiento de la distribución del desarrollo económico nacional fundamentado en los ingresos provenientes de la exportación de los minerales. Así, en el departamento peruano de Cajamarca, casi el 40% de su riqueza se sustenta en la minería, pero ésta sólo emplea al 0,5% de su población. La minera Yanacocha obtuvo en el segundo semestre de 2011 unos beneficios de 153 millones de dólares americanos (unos 110 millones de euros), en una provincia en la que el ingreso medio por familia es de 215 nuevos soles (unos 60 euros), donde existe 1 médico por cada 1.428 habitantes y en la que sólo el 52% de las viviendas tienen acceso a agua corriente y servicios de saneamiento, y el 40% a electricidad.
Por su parte, Chile es reconocido como el país más desigual de la OCDE. En este contexto la ciudadanía rechaza mayoritariamente el Proyecto Hydroaisén de Endesa y Colbún que significaría que ambas empresas concentrarían el 80% de la generación eléctrica del país con altísimos costos medioambientales en la Patagonia.
Esta íntima relación entre sostenibilidad y equidad es precisamente el eje del Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del PNUD. El Informe muestra en detalle como la población más pobre es la más desfavorecida por el deterioro medio ambiental. Afirma el PNUD: “…los apremiantes desafíos globales de sostenibilidad y equidad deben tratarse de forma conjunta…” Según el informe, es necesaria una acción decidida en ambos frentes para lograr mantener los avances en desarrollo humano obtenidos recientemente. En el caso de Chile y Perú es evidente esta relación: si bien ocupan lugares dispares en el IDH (Chile lugar 44 y Perú 80) ambos países pierden 11 y 5 puntos, respectivamente, cuando se aplica el IDH ajustado por desigualdad.
La conflictividad social continuará mientras no se apliquen modelos de desarrollo más inclusivos, donde la población compruebe una mejora en sus condiciones de vida gracias a la explotación sostenible de unos recursos que, en sentido estricto, le pertenecen
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