Cuba pospone la política migratoria.

Raúl Castro decepciona al posponer la apertura de la política migratoria
El régimen cubano anuncia el indulto de 2.900 presos por delitos menores


Las expectativas acabaron en frustración. El vaticinio, lanzado desde redes sociales cercanas al Gobierno cubano, de que Raúl Castro anunciaría el sábado una flexibilización de las restricciones migratorias no se cumplió, y los cubanos seguirán sin poder salir o entrar libremente en la isla. En cambio, el presidente aprovechó su discurso ante la Asamblea Nacional para anunciar la excarcelación de 2.900 presos condenados por delitos menores, el mayor indulto en los últimos años. Se trata de un “gesto humanitario” del régimen ante la visita a La Habana, el próximo marzo, del papa Benedicto XVI.

En realidad, pocos apostaban por una liberalización total de los movimientos, pero sí quizás un relajamiento de las duras limitaciones a la hora de viajar. En su lugar, Raúl Castro esgrimió “las circunstancias excepcionales” que vive Cuba por “la política injerencista y subversiva del Gobierno de EE UU” para posponer los cambios “en esta compleja temática”, que él mismo había anunciado hace meses y que llegarán en el futuro de forma “paulatina”. En juego está, dijo, “el destino de la Revolución y la Patria”.

“Estas palabras demuestran que el régimen tiene mucho temor. Es lo habitual: Castro anuncia medidas, y luego siempre las está demorando”, asegura el escritor Antonio José Ponte, director del portal Diario de Cuba. “La reforma de la ley migratoria toca el centro de la política cubana, porque supone derribar las barreras que se han colocado durante más de medio siglo. A cambio, te dan esa medida de excarcelación, que es positiva, pero poco esencial para lo que está pasando y para las aspiraciones de la gente. De ahí la frustración”.

El indulto afecta a 2.900 presos que han cumplido ya la mayor parte de la pena. Además, se han tomado en cuenta otras circunstancias como la edad, la salud y el buen comportamiento. Los disidentes se alegran por el anuncio, pero lo consideran insuficiente. “Es una medida cosmética y mezquina”, aseguraba en La Habana Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, que recordaba que las cerca de 200 cárceles de la isla encierran a más de 70.000 presos. “Es una mera excusa para entretener a la opinión internacional”.


La decisión, según algunas fuentes, se ha tomado a instancias de la Iglesia, que esperaba un gesto del régimen ante el próximo viaje papal a La Habana. Hay antecedentes: para la visita de Juan Pablo II, en 1998, régimen excarceló a dos centenares de reclusos. “La junta militar siempre ha tenido a bien soltar presos con motivo de la visita de un jefe de Estado”, afirma Regis Iglesias, uno de los 75 disidentes detenidos durante la Primavera Negra de 2003, que purgó siete años antes de ser desterrado a España. “Ahora es un grupo bastante amplio, y nos alegramos, pero el problema fundamental de los cubanos no se va a resolver con un indulto”.

Para Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, lo primero es derogar “las leyes draconianas y segregacionistas que han puesto en la cárcel a decenas de miles de cubanos. Y luego, decretar una amnistía, y no solo por delitos políticos. Hay muchos presos por delitos económicos debido a la escasez y las carencias. Yo tuve compañeros condenados a 20 años por coger un racimo de plátanos. No hay leyes justas, ni tribunales imparciales, ni garantías".




El médico Antonio Guedes, vicepresidente de la Unión Liberal Cubana, comparte esta opinión. "La mayoría de los presos que van a excarcelar posiblemente no habrían cometido ningún delito en un sistema democrático. Hasta que no se cambie un Código Penal que viola los derechos humanos y se establezca un auténtico Estado de Derecho, todo lo demás serán engañifas. El indulto es un gesto que no afecta a lo esencial. Lo que vemos es que en Cuba no se mueve nada. No hay cambios fundamentales, y los que hay, por ejemplo en el plano económico, son demasiado lentos y demasiado dispersos. En suma: no hay voluntad real de cambio, y sí miedo de parte del régimen".


Hay una ausencia en la lista de más de 2.900 presos a los que el Gobierno de Raul Castro va a liberar en lo que los medios del régimen han definido como un gesto “humanitario y soberano”. Se trata de Alan Gross, un estadounidense de 62 años, detenido en La Habana en diciembre de 2009 y condenado a 15 años de prisión el pasado 12 de marzo. Entre los futuros liberados hay 86 extranjeros, de 25 países. Según las autoridades cubanas, la mayoría son mayores de 60 años, como Gross. Pero él, dado que sólo ha cumplido dos de sus 15 años de condena, se quedará en la cárcel, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba.

El Gobierno norteamericano considera que Gross ha sido detenido por motivos políticos. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, llegó a visitar la isla en septiembre para pedir su liberación, infructuosamente. La Habana acusa al preso de intentar establecer redes informáticas en la isla para facilitar la caída del régimen. La familia de Gross admite que este estaba trabajando en esas redes informáticas, pero mantiene que lo hacía dentro de un programa financiado por la agencia pública de ayuda humanitaria USAID para ofrecer acceso a Internet a la que comunidad judía de Cuba.

La misma familia ha denunciado que Gross, que era obeso, ha perdido 45 kilos en prisión; que tiene hipertensión y una úlcera en el duodeno, y que sufre de una profunda depresión. Alega, además, que su hija y su madre padecen cáncer. Según reveló un cable secreto del Departamento de Estado publicado el año pasado por EL PAÍS, dentro de las revelaciones de Wikileaks, a Gross le ha representado en Cuba la abogada Armanda Nuria Piñero Sierra, que, a la vez, ha sido contratada por las familias de cinco espías cubanos condenados en EE UU, para los que La Habana pide una liberación inmediata.

En la isla, esa parece ser la contraprestación que se espera: que se libere a lo que el régimen llama los "héroes" de Cuba. Aquí en EE UU se les conoce como los Cinco de Cuba. Fueron arrestados en 1998 y declarados culpables en 2001 de intentar penetrar subrepticiamente en instalaciones militares en Florida e infiltrarse en grupos políticos anticastristas. Uno de ellos, Gerardo Hernández, recibió una condena de dos cadenas perpetuas por enviar a Cuba información que permitió al régimen abatir dos avionetas de la agrupación Hermanos al Rescate, que diseminaba panfletos de propaganda por la isla en 1996. En el ataque murieron cuatro ciudadanos de EE UU.