El Gobierno promete que la reforma financiera “no costará un euro” público
El fondo de rescate español amplía su capacidad de endeudamiento hasta los 120.000 millones
El 'banco malo' operará entre 10 y 15 años y comprará los activos dañados a las entidades a un precio "adecuado" para evitar el coste a los contribuyentes
El Ejecutivo acaba de aprobar la quinta reforma financiera en tres años,
las tres últimas, a cargo del Ejecutivo del PP, en un periodo de apenas
seis meses, pero sin duda la de hoy es más trascendental. La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado
que la ley diseñada responde al objetivo de que "no cueste un euro al
contribuyente" y servirá para "culminar" la reestructuración del sector y
"dinamizar la digestión" del sistema inmobiliario español, aún hundido
por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
El gran hecho diferencial de la de hoy, ese por el que el ministro de Economía, Luis de Guindos, decía esta semana, en una reunión con miembros del partido, que se trata de "la auténtica reforma", es que recoge la duras condiciones impuestas por Bruselas para rescatar a las entidades españolas con un préstamo europeo de hasta 100.000 millones de euros. "Si hubiésemos tenido unos instrumentos como estos, esta crisis bancaria se hubiese abordado de una forma distinta, aunque hay que mirar al futuro", ha dicho Guindos en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros.
El decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades regula por primera vez el proceso de liquidar bancos o cajas inviables de forma ordenada, establece el mecanismo para poder intervenir entidades de forma temprana, aunque aún cumplan los criterios mínimos de solvencia, crea el llamado banco malo o sociedad de gestión para transferir los activos dañados y sanear las cuentas bancarias e impone que, en el caso de que una entidad requiera ayudas públicas, los accionistas y dueños de deuda subordinada o participaciones preferentes tendrán que asumir parte de las pérdidas de la entidad en la que han invertido su dinero y no dejar todo el peso en el contribuyente.
El precio de traspaso de activos es clave para calcular el coste al erario público porque lo que el banco malo compra son activos cuyo precio actual en el mercado es muy inferior al que figura en los balances de los bancos como consecuencia de pinchazo de la burbuja inmobiliaria (el mercado habla de hasta un 60% de descuento). Si el banco malo los compra caros, puede perder dinero, y si los compra baratos, sufrirán las cuentas de la entidad. Guindos ha señalado que, "como los activos ya están muy provisionados (es decir, las entidades ya han reservado dinero para cubrir la pérdida), el suelo hasta el 80%, por ejemplo, el precio de compra podrá ser reducido", de modo que, "si el proceso de ventas de estas sociedad dura de 10 a 15 años" hay margen para evitar las ventas a pérdida.
Guindos asegura que este banco malo tiene una "vocación temporal" -de 10 a 15 años- y se persigue se quiere que sean inversores privados quienes tengan una participación mayoritaria en el mismo y que, por lo tanto, la del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sea "mínima".
El ministro ha apuntado que el FROB, creado en 2009 para ayudar a las entidades con problemas, ampliará su capacidad de endeudamiento hasta los 120.000 millones, frente a los 90.000 en los que tiene el actual tope. El ministro ha señalado que la reforma se ha dibujado con colaboración con el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este sentido, Santamaría ha señalado que "se han tomado decisiones de calado" para proteger a los inversores de cara a futuro, "visto el perjuicio causado en el pasado", y fija que la forma de comercialización de estas preferentes permita al cliente "saber en lo que está invirtiendo de verdad" e incluso reservar una parte a público profesional exclusivamente. En concreto, el decreto señala que el umbral mínimo para invertir serán 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas, y de 25.000 euros, en el de las cotizadas el mínimo, la cantidad mínima para invertir en productos complejos como preferentes y deuda subordinada. Además, el porcentaje de colocación entre instituciones será del 50% del total de la colocación.
En los contratos de deuda subordinada de las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) no está contempladas estas pérdidas en caso de recibir ayudas públicas, pero con la reforma financiera hoy aprobada el fondo de rescate bancario español sí puede aplicar esas pérdidas.
El gran hecho diferencial de la de hoy, ese por el que el ministro de Economía, Luis de Guindos, decía esta semana, en una reunión con miembros del partido, que se trata de "la auténtica reforma", es que recoge la duras condiciones impuestas por Bruselas para rescatar a las entidades españolas con un préstamo europeo de hasta 100.000 millones de euros. "Si hubiésemos tenido unos instrumentos como estos, esta crisis bancaria se hubiese abordado de una forma distinta, aunque hay que mirar al futuro", ha dicho Guindos en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros.
El decreto ley de reestructuración y resolución ordenada de entidades regula por primera vez el proceso de liquidar bancos o cajas inviables de forma ordenada, establece el mecanismo para poder intervenir entidades de forma temprana, aunque aún cumplan los criterios mínimos de solvencia, crea el llamado banco malo o sociedad de gestión para transferir los activos dañados y sanear las cuentas bancarias e impone que, en el caso de que una entidad requiera ayudas públicas, los accionistas y dueños de deuda subordinada o participaciones preferentes tendrán que asumir parte de las pérdidas de la entidad en la que han invertido su dinero y no dejar todo el peso en el contribuyente.
'Banco malo' para 10 o 15 años
El ministro de Economía ha sostenido que tampoco el banco malo supondrá coste a los contribuyentes porque el traspaso de activos dañados (inmuebles adjudicados por impago o créditos dudosos) a esta sociedad gestora será "a precios adecuados" para que pueda venderlo en el mercado después sin perder dinero. "Será una sociedad gestora viable y que no tenga pérdidas", ha recalcado, y ha insistido en "minimizar el impacto al contribuyente".El precio de traspaso de activos es clave para calcular el coste al erario público porque lo que el banco malo compra son activos cuyo precio actual en el mercado es muy inferior al que figura en los balances de los bancos como consecuencia de pinchazo de la burbuja inmobiliaria (el mercado habla de hasta un 60% de descuento). Si el banco malo los compra caros, puede perder dinero, y si los compra baratos, sufrirán las cuentas de la entidad. Guindos ha señalado que, "como los activos ya están muy provisionados (es decir, las entidades ya han reservado dinero para cubrir la pérdida), el suelo hasta el 80%, por ejemplo, el precio de compra podrá ser reducido", de modo que, "si el proceso de ventas de estas sociedad dura de 10 a 15 años" hay margen para evitar las ventas a pérdida.
Guindos asegura que este banco malo tiene una "vocación temporal" -de 10 a 15 años- y se persigue se quiere que sean inversores privados quienes tengan una participación mayoritaria en el mismo y que, por lo tanto, la del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sea "mínima".
El ministro ha apuntado que el FROB, creado en 2009 para ayudar a las entidades con problemas, ampliará su capacidad de endeudamiento hasta los 120.000 millones, frente a los 90.000 en los que tiene el actual tope. El ministro ha señalado que la reforma se ha dibujado con colaboración con el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pérdidas para las preferentes
La pérdida de las inversiones de los dueños de preferentes es un punto muy sensible de la reforma, ya que se trata de una producto de inversión muy complejo (paga intereses más altos que un depósito pero supone una inversión a perpetuidad) pero en España se vendió a clientes particulares que en muchos casos carecían de la cultura financiera necesaria para entender el producto en el que estaban colocando sus ahorros. La banca española en total ha vendido casi 30.000 millones en preferentes desde 1999.En este sentido, Santamaría ha señalado que "se han tomado decisiones de calado" para proteger a los inversores de cara a futuro, "visto el perjuicio causado en el pasado", y fija que la forma de comercialización de estas preferentes permita al cliente "saber en lo que está invirtiendo de verdad" e incluso reservar una parte a público profesional exclusivamente. En concreto, el decreto señala que el umbral mínimo para invertir serán 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas, y de 25.000 euros, en el de las cotizadas el mínimo, la cantidad mínima para invertir en productos complejos como preferentes y deuda subordinada. Además, el porcentaje de colocación entre instituciones será del 50% del total de la colocación.
En los contratos de deuda subordinada de las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) no está contempladas estas pérdidas en caso de recibir ayudas públicas, pero con la reforma financiera hoy aprobada el fondo de rescate bancario español sí puede aplicar esas pérdidas.
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