Nadie ayuda las familias arruinadas.

Nadie protege a las familias arruinadas
El Gobierno deja en manos de las entidades aceptar o no la vivienda para saldar la deuda
Los expertos alertan de problemas sin una protección específica a los particulares en quiebra


Arrecian las alertas por la situación que atraviesan muchas familias españolas tras años de crisis. La familia, que ha sido pañuelo de lágrimas, colchón económico y envidiable red de protección, está al borde de sus posibilidades. Y eso amenaza la paz social que aún se vive en España, dicen los expertos. Urgen medidas para apuntalar a las familias y evitar así que miles de personas sigan engrosando la lista de la exclusión social. Lo que se ha dado en llamar sobreendeudamiento es quizá la situación más alarmante y los desahucios por no poder pagar las hipotecas, la cara más visible. Ha habido 150.000 familias afectadas por esta situación en los últimos cuatro años. Cuando el pasado octubre se publicó en el BOE la última reforma de la Ley Concursal, discutida en los estertores de la legislatura socialista, se incluyó una disposición adicional única que encargaba al Gobierno la “posible adopción de medidas que completen la protección económica y social de consumidores y familias”.

Pero, por ahora, los cortos pasos que se han dado, el último el miércoles, con el anuncio del Ministerio de Economía sobre las hipotecas y los desahucios, no avanzan en la protección, apenas se quedan en un gesto voluntarioso. El ministro Luis de Guindos solicitó a la banca que acepte la devolución de la vivienda para saldar la deuda que una familia ya no puede asumir y que conceda dos años de moratoria antes de un desahucio. Serían medidas de alivio ante el drama que acecha a miles de familias, pero dependen de la voluntad de los bancos.

La Ley Concursal de 2003, cuyas últimas reformas entraron en vigor este enero, no establece medidas específicas para proteger a las personas físicas que se declaran en quiebra económica, por tanto han de dar los mismos pasos que si se tratara de una empresa. Así que, si un deudor propone un convenio con acreedores y el banco (normalmente el acreedor) no acude a esa cita su ausencia se interpreta como un voto negativo, es decir, no hay nada que acordar: la deuda sigue pendiente.

La Ley Concursal no fija medidas de amparo paralas personas físicas
“Eso es lo que ocurre, que las entidades financieras ni siquiera acuden a las juntas de acreedores, porque es algo voluntario, no les dan esa segunda oportunidad de la que gozan en otros países. Tienen instrucciones internas para no ir a esas juntas”, asegura el magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, un experto en el asunto que, a pesar de las dificultades, ha conseguido arrancar algún perdón de la deuda en los tribunales. Desde la Asociación Española de la Banca, AEB, dicen desconocer cómo actúa cada banco en particular ante los “pocos convenios de acreedores de particulares”, dice un portavoz. Y añade como posible explicación de la ausencia de los bancos en estos procedimientos: “El principal préstamo que una familia suele tener con el banco es una hipoteca y las hipotecas tienen prelación, es decir, el acreedor de una hipoteca está mejor situado que el resto a la hora de cobrar, quizás por esa razón no precisan constituirse como acreedores”.

“Los acreedores tienen ese privilegio de no asistir, y si no van pues no les afecta nada”, insiste el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid Jesús Quijano. De hecho, solo un 2% de los particulares insolventes lleva su caso a intervención judicial. “Se procede a la liquidación de bienes y hasta donde llegue. La deuda permanece”, dice Quijano, que fue diputado socialista en la anterior legislatura y ponente en la reforma de la Ley Concursal.

En otros países europeos sí existe protección específica para las familias. Y cabe el perdón de la deuda o de parte de ella, teniendo en cuenta si los deudores lo son de buena fe, de qué volumen de deuda se trata o por qué se generó esa deuda. “En España, de momento eso no es así, los deudores responden con todos sus bienes, presentes y futuros, lo dice el Código Civil”, señala Quijano.

En otros países de la UE hay perdón para los deudores de buena fe
Con las empresas no suele ocurrir lo mismo. Una empresa en concurso de acreedores que finalmente se declara inviable puede llegar a su extinción sin que nadie pague por la situación. La deuda se cubre como se puede y hasta donde se puede. Y se acabó.

Pero las familias no se extinguen. La deuda puede incluso pasar a los herederos. Es cierto que hay un mínimo inembargable para permitir la supervivencia, más alto cuantas más responsabilidades familiares se tengan. El Gobierno de Rodríguez Zapatero elevó ese mínimo que no se puede embargar de 700 a 961 euros del sueldo. Además, el banco que se quede con el piso tendrá que adjudicarlo en subasta por un importe de al menos el 60% de su valor de tasación, para que la deuda del particular se reduzca. Algunos expertos reclamaron que el porcentaje fuese del 70% u 80%.

El año pasado, 934 personas sin actividad empresarial se declararon en concurso de acreedores, un 3,9% menos que en 2010, según el INE. Y alguna de estas historias puede llegar a un final feliz, pero es difícil. “No suelen estar en condiciones de culminar un proceso complicado como es este: lleva tiempo, dinero en abogados y en el administrador concursal, que también cobra”, explica Manuel de la Rocha, colega de Jesús Quijano y también ponente en la última reforma de la ley.

“Los bancos son la causa
y la solución de la crisis”,
dice el sector asistencial
Todos esos escollos, más la ausencia de protección específica para las personas, deja a las familias en cierto desamparo cuando entran en quiebra, o sobreendeudamiento. “Deberían simplificarse los procedimientos, introducir, por ejemplo, la figura de la mediación, que se plasmaría ante notario o como documento público”, dice De la Rocha. CiU presentó una enmienda en ese sentido en la legislatura anterior que proponía la intervención notarial en estos procedimientos de mediación. También la disposición adicional única de la reforma hablaba de que “podrían proponerse opciones de solución extrajudicial para estos casos, sean de carácter notarial o registral, de mediación, o de otra naturaleza”.

Otros han propuesto la dación en pago, es decir, entrego el piso que no puedo pagar y doy por saldada la deuda, lo que el miércoles propuso el ministro De Guindos a los bancos. “El problema es que en las hipotecas hay escrituras firmadas, contratos, y eso no se puede modificar por ley, porque el Estado estaría expropiando a una de las partes, y tendría que compensarles por ello”, sigue De la Rocha. Sea como fuere, la cosa, por ahora, no ha pasado de pedir un favor a la banca y de esperar a que esta responda.

La última propuesta en este campo fue entregada el martes en el Congreso de los Diputados. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentó un documento en el que piden la creación de una figura jurídica “que proteja eficazmente a las familias” cuando se declaran en concurso de acreedores. También prevén la mediación, que se plasmaría “mediante acuerdos privados ante notario”. “La segunda fase sería judicial. Se necesita que un juez tenga amplias facultades para decidir sobre la situación económica y los requisitos para salvar esa situación, porque es la forma de que la mediación previa sea más exitosa”, explicó Luis Barriga, miembro de la asociación.

“No se les pide que
condonen las deudas,
hay medidas intermedias”
Los miembros de la asociación fueron recibidos en el Ministerio de Economía la semana pasada para escuchar esta propuesta. De aquel encuentro sospechan que el principal escollo lo encontrarán en el sistema financiero. “El problema no es legislar, ni tampoco lo son los jueces, que sabemos que estarían conformes con una figura jurídica así, sino los bancos. Pero estos deben entender que es bueno para su negocio sanear la situación de cientos de miles de familias. Los bancos fueron los responsables de la mitad de la crisis, pero ahora tienen en sus manos la mitad de la solución”, aseguró Barriga. “El sistema financiero ha de entender que sería un signo de fortaleza para ellos, no se les está pidiendo que condonen las deudas sin más, hay soluciones intermedias. Una sociedad subsidiada no es buena para nadie”, añadió.

El proyecto que esta asociación ha presentado al Ministerio de Economía da respuesta a algunos interrogantes que el ministro dejó abiertos en su propuesta. ¿Quiénes serían las familias con derecho a esta nueva protección jurídica ante una situación de insolvencia sobrevenida? Los servicios sociales se encargarían de definir ese extremo, junto a otros agentes implicados. “Se trataría de certificar que el endeudamiento ha sido de buena fe. Hay 20.000 trabajadores sociales que se podrían encargar de algo así. Nosotros somos también especialistas en mediación, así lo hacemos en caso de protección de menores o ante situaciones de maltrato machista, que ambas tienen protección judicial. Y también en buscar recursos de todo tipo para reflotar las situaciones de dificultad de las familias En este caso no sería muy caro, la red de trabajadores está ahí, lo que hay que pensar es que este asunto es prioritario. Bastaría con reorganizar el trabajo y los efectivos de que se disponen”, explicó el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Para saber que el asunto es prioritario bastan unas pocas cifras. La tasa de pobreza se ha elevado de un 23,4% a un 27% en los últimos dos años, el número de personas en desempleo supera los cinco millones, la exclusión social severa ha subido dos puntos, hasta un 18,6% desde 2007, y 12 puntos la tasa de los que están al borde de la exclusión. Con este panorama, los servicios sociales han pasado de atender a cinco millones de usuarios para encargarse de alrededor de ocho millones.

La tasa de pobreza se
ha elevado de un 23,4%
al 27% en solo dos años
“Es inexplicable que teniendo uno de los sistemas de protección social más bajos de Europa esto no haya estallado todavía y aún vivamos en la paz social. Pero las familias no dan más de sí. Los poderes públicos deben tener en cuenta que lo que no se gaste hoy en protección social se gastará mañana en seguridad ciudadana, policías y cárceles”, aseguró José Manuel Ramírez.

Los miembros de la asociación de gerentes advirtieron de que si esta situación no se resuelve cuanto antes, el riesgo de una ruptura en la cohesión y en la paz social es inminente. “No creo que se dé un estallido en forma de grandes protestas en la calle o violencia, aunque puede que sí, porque cuando no se tiene nada que perder... Lo más normal es que esto se traduzca en dramas familiares, uno tras otro, porque lo que lleva siendo un goteo constante desde hace unos años ya no es una anécdota”, avisó Gustavo García Herrero, buen conocedor de esta situación porque dirige el albergue municipal de Zaragoza.

“La red familiar se está rompiendo y en los próximos años veremos un mayor índice de suicidios, más enfermedades mentales, violencia doméstica, problemas escolares. Así es como se va a manifestar esta desprotección en la que se encuentran muchas familias que hasta su sobreendeudamiento eran perfectamente normales”, señaló Ramírez antes de llevar el documento que han elaborado al Congreso de los Diputados.

Los analistas dicen que
no amparar hoy saldrá caro en seguridad ciudadana
En la asociación conocen ya casos alarmantes de familias que han vuelto a vivir con los abuelos al abrigo de una magra pensión, “y alguno de estos abuelos salen a comer a comedores sociales porque no les llega para todos en casa”, dijeron. “O sencillamente se rompen en dos las familias, el marido se va con los suyos y la mujer y los hijos, por ejemplo, con sus parientes. Son siempre situaciones conflictivas”, añadieron.

García Herrero recordó cómo hace bien poco se anunció en Zaragoza la eliminación de la última chabola que quedaba. “Ojo”, advirtió, “nos ha costado muchos años ir consolidando un sistema social de protecciones y derechos. Puede que pronto estemos recorriendo el camino contrario”.

Para la asociación sería necesario que el Gobierno pudiera establecer un marco estatal a partir del cual las comunidades puedan articular sus propias normativas al respecto. “Nos consta que Ayuntamientos y comunidades autónomas están muy preocupados y que estarían dispuestos a reorganizar sus servicios sociales para atender estos procesos de mediación entre las familias y los acreedores, pero se necesita un marco legal previo”. “Puede que dentro de poco sea tarde”.