El tribunal noruego condena a 21 años de cárcel al terrorista de Utoya
El tribunal cree que el ultraderechista padece trastornos de la personalidad, pero no psicosis
Anders Behring Breivik a su llegada al tribunal para escuchar el veredicto donde ha sido declarado culpable. / ODD ANDERSEN (AFP)
Anders Behring Breivik, el ultraderechista noruego de 33 años que
conmocionó a su país el verano pasado al matar a 77 personas —casi todas
las asesinó a tiros una a una— estará 21 años prorrogables en prisión,
según acaba de anunciar este viernes la juez que preside el tribunal.
Tras el anuncio de la condena por "actos de terrorismo", ha comenzado la
lectura de la sentencia que ha detallado también su salud mental, pero
por la condena impuesta se entiende que le consideran responsable de sus
actos. Es la pena máxima en el país nórdico, una condena que puede
prorrogarse si el condenado es considerado un peligro para la sociedad.
Breivik sonrió ligeramente al escuchar el fallo, adoptado por unanimidad
y que no será recurrido por el terrorista, según ha anunciado su
abogado. La fiscalía tiene dos semanas de plazo para apelar.
Lo habitual en Noruega es que los tribunales estén compuestos por un juez profesional y un ciudadano, figura que se incorporó hace más de cien años porque aporta “buen juicio y sentido común”. El tribunal que ha juzgado y sentenciado a Breivik, autor confeso del asesinato de 77 personas en julio del año pasado, ha sido más amplio dada la magnitud del caso: dos profesionales de la judicatura, un maestro, un funcionario y un jubilado. Y la incógnita se ha despejado. Breivik no fue declarado enfermo mental, y por tanto, es responsable de sus actos y permanecerá encerrado durante al menos 21 años, la pena máxima en Noruega. La sentencia del tribunal ha complacido al ultraderechista, que esperaba evitar la "humillación" de ser menospreciado como "un loco". Quería por todos los medios que la condena lo considerara "criminalmente" responsable de las muertes.
El tribunal que ha juzgado a Breivik considera que el ultraderechista manifiesta trastornos de la personalidad, pero no una psicosis que justifique su internamiento en un psiquiátrico. "El tribunal estima que hay trastornos de la personalidad, rasgos antisociales y narcisistas", ha detallado la juez Elizabeth Arntzen para explicar el veredicto, tras haber subrayado que, a ojos de los jueces, el acusado no muestra síntomas de esquizofrenia. Arntzen ha señalado también que el criminal se define como "un ultranacionalista" que considera que "los indígenas noruegos están en peligro de extinción", y que lo que llamamos "democracia" es una "dictadura cultural marxista".
Acto seguido, el juez ha comenzado a leer una escueta semblanza de cada uno de los ocho muertos en Oslo y de los heridos más graves, porque Noruega se ha esforzado en que nadie olvide quiénes eran las 77 personas a las que Breivik mató. El juez ha precisado los nombres, la edad, qué hacía cada víctima en el lugar del atentado allí y las causas de sus muertes, antes de relatar que el asesino confeso llevaba un traje que él mismo se había hecho y que le daba aspecto de policía, y que usó 950 kilos de explosivos.
Así las cosas, Breivik regresará a la prisión de Ila, en las afueras de Oslo, donde fue internado tras ser detenido el 22 de julio de 2011 en Utoya después de detonar un coche bomba en el distrito gubernamental de Oslo, donde cuatro edificios inmensos siguen en obras, y asesinar después en la isla a 69 personas, la mayoría adolescentes. Habría permanecido en Ila en cualquier caso porque ninguno de los psiquiátricos del país tiene las medidas de seguridad necesarias para cogerlo, según las autoridades.
La fiscalía consideraba que no estaba en sus cabales cuando perpetró el doble atentado contra las sedes gubernamentales y las juventudes del partido gobernante, el laborista, pero el asesino, que preparó meticulosamente su plan durante años, ha insistido siempre en que está cuerdo y deseaba que los jueces lo consideren como tal. “Para él es lo más importante”, ha reiterado esta semana al diario Aftenposten su abogado principal, Geir Lippestad. Breivik considera sus ataques parte de una cruzada contra el multiculturalismo, la inmigración y los musulmanes.
El abogado recordó recientemente que los noruegos debían prepararse para la posibilidad de que Breivik quede libre algún día. Los sistemas penales escandinavos se basan en que el encarcelamiento de criminales o delincuentes persigue rehabilitación para la sociedad, no un castigo puro y duro. Un dolorosísimo debate en este país de cinco millones de habitantes que no había sufrido un ataque semejante en tiempos de paz. “Me da igual si va a la cárcel o a un psiquiátrico, pero que no salga”, decía una de sus víctimas, Tarjei Jensen Bech, de 20 años, en el primer aniversario.
Las víctimas de Breivik están especialmente satisfechas con que el veredicto haya sido unánime. “Es lo que esperábamos y queríamos, lo hace más sólido y más difícil de recurrir”, ha dicho en el vestíbulo de los juzgados Christin Bjelland, del Grupo Nacional de Apoyo a las Víctimas del 22 de julio, en uno de los recesos. Lo más importante para ellos es asegurarse de que nunca más se topan con él, con “este hombre que mató y traumatizó a nuestros familiares". "Nuestros miembros lo querían lejos y eso lo han conseguido”, ha añadido. Los afectados esperan que las prórrogas previstas en la ley noruega —cada cinco años prorrogables si el individuo es considerado peligroso para la sociedad— permitan que esté recluido el resto de su vida.
Los supervivientes y los allegados de los fallecidos también han agradecido al tribunal que el juicio se haya realizado de manera digna para las víctimas y que los hechos hayan quedado claros.
El juicio, que duró diez semanas y acabó en junio, ha costado al contribuyente 170 millones de coronas (23 millones de euros). Aunque también ha habido costes de otro tipo.
Inmediatamente después de la matanza, los partidos noruegos encomendaron una investigación a una comisión independiente. Sus conclusiones, presentadas el pasado día 13, fueron demoledoras para las autoridades, sobre todo, para la policía: el primer ataque se habría evitado aplicando medidas de seguridad tan sencillas como cerrar una calle bajo la oficina de primer ministro, Jens Stoltenberg, y el segundo atentado, el de Utoya, se pudo haber parado antes. Esa misma semana dimitió el jefe de la policía por la falta de confianza de la ministra de Justicia.
Lo habitual en Noruega es que los tribunales estén compuestos por un juez profesional y un ciudadano, figura que se incorporó hace más de cien años porque aporta “buen juicio y sentido común”. El tribunal que ha juzgado y sentenciado a Breivik, autor confeso del asesinato de 77 personas en julio del año pasado, ha sido más amplio dada la magnitud del caso: dos profesionales de la judicatura, un maestro, un funcionario y un jubilado. Y la incógnita se ha despejado. Breivik no fue declarado enfermo mental, y por tanto, es responsable de sus actos y permanecerá encerrado durante al menos 21 años, la pena máxima en Noruega. La sentencia del tribunal ha complacido al ultraderechista, que esperaba evitar la "humillación" de ser menospreciado como "un loco". Quería por todos los medios que la condena lo considerara "criminalmente" responsable de las muertes.
El tribunal que ha juzgado a Breivik considera que el ultraderechista manifiesta trastornos de la personalidad, pero no una psicosis que justifique su internamiento en un psiquiátrico. "El tribunal estima que hay trastornos de la personalidad, rasgos antisociales y narcisistas", ha detallado la juez Elizabeth Arntzen para explicar el veredicto, tras haber subrayado que, a ojos de los jueces, el acusado no muestra síntomas de esquizofrenia. Arntzen ha señalado también que el criminal se define como "un ultranacionalista" que considera que "los indígenas noruegos están en peligro de extinción", y que lo que llamamos "democracia" es una "dictadura cultural marxista".
Acto seguido, el juez ha comenzado a leer una escueta semblanza de cada uno de los ocho muertos en Oslo y de los heridos más graves, porque Noruega se ha esforzado en que nadie olvide quiénes eran las 77 personas a las que Breivik mató. El juez ha precisado los nombres, la edad, qué hacía cada víctima en el lugar del atentado allí y las causas de sus muertes, antes de relatar que el asesino confeso llevaba un traje que él mismo se había hecho y que le daba aspecto de policía, y que usó 950 kilos de explosivos.
Así las cosas, Breivik regresará a la prisión de Ila, en las afueras de Oslo, donde fue internado tras ser detenido el 22 de julio de 2011 en Utoya después de detonar un coche bomba en el distrito gubernamental de Oslo, donde cuatro edificios inmensos siguen en obras, y asesinar después en la isla a 69 personas, la mayoría adolescentes. Habría permanecido en Ila en cualquier caso porque ninguno de los psiquiátricos del país tiene las medidas de seguridad necesarias para cogerlo, según las autoridades.
La fiscalía consideraba que no estaba en sus cabales cuando perpetró el doble atentado contra las sedes gubernamentales y las juventudes del partido gobernante, el laborista, pero el asesino, que preparó meticulosamente su plan durante años, ha insistido siempre en que está cuerdo y deseaba que los jueces lo consideren como tal. “Para él es lo más importante”, ha reiterado esta semana al diario Aftenposten su abogado principal, Geir Lippestad. Breivik considera sus ataques parte de una cruzada contra el multiculturalismo, la inmigración y los musulmanes.
El abogado recordó recientemente que los noruegos debían prepararse para la posibilidad de que Breivik quede libre algún día. Los sistemas penales escandinavos se basan en que el encarcelamiento de criminales o delincuentes persigue rehabilitación para la sociedad, no un castigo puro y duro. Un dolorosísimo debate en este país de cinco millones de habitantes que no había sufrido un ataque semejante en tiempos de paz. “Me da igual si va a la cárcel o a un psiquiátrico, pero que no salga”, decía una de sus víctimas, Tarjei Jensen Bech, de 20 años, en el primer aniversario.
Las víctimas de Breivik están especialmente satisfechas con que el veredicto haya sido unánime. “Es lo que esperábamos y queríamos, lo hace más sólido y más difícil de recurrir”, ha dicho en el vestíbulo de los juzgados Christin Bjelland, del Grupo Nacional de Apoyo a las Víctimas del 22 de julio, en uno de los recesos. Lo más importante para ellos es asegurarse de que nunca más se topan con él, con “este hombre que mató y traumatizó a nuestros familiares". "Nuestros miembros lo querían lejos y eso lo han conseguido”, ha añadido. Los afectados esperan que las prórrogas previstas en la ley noruega —cada cinco años prorrogables si el individuo es considerado peligroso para la sociedad— permitan que esté recluido el resto de su vida.
Los supervivientes y los allegados de los fallecidos también han agradecido al tribunal que el juicio se haya realizado de manera digna para las víctimas y que los hechos hayan quedado claros.
El juicio, que duró diez semanas y acabó en junio, ha costado al contribuyente 170 millones de coronas (23 millones de euros). Aunque también ha habido costes de otro tipo.
Inmediatamente después de la matanza, los partidos noruegos encomendaron una investigación a una comisión independiente. Sus conclusiones, presentadas el pasado día 13, fueron demoledoras para las autoridades, sobre todo, para la policía: el primer ataque se habría evitado aplicando medidas de seguridad tan sencillas como cerrar una calle bajo la oficina de primer ministro, Jens Stoltenberg, y el segundo atentado, el de Utoya, se pudo haber parado antes. Esa misma semana dimitió el jefe de la policía por la falta de confianza de la ministra de Justicia.
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