jueves, 13 de diciembre de 2012

España habrá de recuperarse en 20 años.

España tardará 20 años en volver al nivel de bienestar previo a la crisis

Intermón Oxfam alerta de que las políticas de austeridad en el país amenazan la universalidad de derechos como la salud y la educación

Médicos del Mundo, Cáritas, Unicef y la red Compañía de Jesús respaldan estas conclusiones

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España corre el riesgo de perder tres generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia de continuar la política actual de recortes y austeridad. Según el informe Crisis, desigualdad y pobreza, publicado este jueves por Intermón Oxfam, en colaboración con Médicos del Mundo, UNICEF, Cáritas o la red de organizaciones de acción social de la Compañía de Jesús, el país está a punto de convertirse en una sociedad dual de ricos y pobres, en las que los primeros ingresarán 15 veces más que los segundos en solo diez años. Una desproporción que podría resquebrajar la paz social.
Los datos son contundentes. José María Vera, director de Intermón, alerta de que de seguir por la senda de los ajustes, "España llegará a los 18 millones de personas en riesgo de padecer exclusión social en 2022". Un 40% de españoles (dos de cada cinco) estaría en situación de pobreza. Una tasa tan elevada que harán falta dos décadas para recuperar los niveles de pobreza anteriores a la crisis, según cálculos de la ONG.
Para llegar a estas conclusiones, la organización ha comparado la situación española actual con la experiencia de países de América Latina durante la llamada Década Perdida, en los años sesenta y setenta, o la crisis de los Tigres asiáticos desatada en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa y rematada con la suspensión de pagos de Rusia un año más tarde, entre otras devastadoras consecuencias para el Este asiático, cuyos niveles de pobreza también se incrementaron exponencialmente. "Después de décadas denunciando la desprotección de las poblaciones pobres en esas regiones del mundo ante la imposición de la austeridad y el ajuste, con consecuencias terribles, vemos en España una situación idéntica", subraya el informe.
El trabajo de la organización basa sus temores en que América Latina y el Este asiático tardaron entre 15 y 25 años en recuperar sus niveles de pobreza previos a las crisis que padecieron. Su experiencia ha llevado a la organización a concluir que, si no se cambian las políticas que se están aplicando en España, puede llevar entre dos y tres décadas en recuperar el nivel de bienestar que existía antes del inició de la crisis, en 2008.
Vera añade que “las recetas que se están aplicando en España solo van a incrementar el desempleo, la pobreza y la desigualdad”. El director general de la organización subraya, al igual que lo hace el estudio, “que existen diferencias entre Europa y América Latina, y el este asiático, pero también hay muchas similitudes que puede llevar a España a una situación insostenible”. Y añade: "las mismas políticas de ajuste, que sometieron los organismos internacionales a ambas zonas, son iguales que las que está padeciendo España, solo que bajo otro nombre, austeridad”.
El informe sugiere tres líneas de cambio en el modelo de desarrollo necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas y su bienestar. La primera recomendación es la creación de un sistema recaudatorio más justo, "luchando contra los paraísos fiscales, estableciendo medidas fiscales progresivas, e imponiendo una tasa a las transacciones financieras que destine sus recursos a la lucha contra la pobreza doméstica e internacional", dice Intermón. La segunda es blindar las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes ajustes fiscales que se realizan. La organización también reclama una regeneración democrática, con una mayor transparencia de las instituciones.
Intermón Oxfam añade que, a pesar de los evidentes abusos de poder del sistema financiero, no se han exigido las responsabilidades a quienes crearon esta situación —como sí se hizo en Islandia— y que los cambios sociales que está sufriendo la ciudadanía llevarán a una redefinición de un nuevo contrato social entre la ciudadanía y el Estado.

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