El PSOE plantea una reforma de la Constitución para una España federal
Griñán trasladará a la Ejecutiva la propuesta base
El modelo del presidente andaluz y del PSOE defiende un Senado con más poderes
Plantea que se precise en la ley fundamental la financiación de las comunidades autónomas
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El PSOE
apuesta por una amplia reforma de la Constitución para dar cabida a un
Estado federal que supere las limitaciones que tiene el actual Estado de
las Autonomías, manteniendo la indisoluble unidad de la nación
española. Para impulsar ese proyecto, el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán,
presentará en la segunda semana de enero un documento en el que apuesta
por una España federal como punto de encuentro entre posiciones
recentralizadoras y tendencias independentistas. La propuesta ha sido
elaborada por catedráticos y profesores de Derecho Constitucional y
Financiero, junto a distintos exdirigentes socialistas.
“Los países con más estabilidad política son federales. Baste mencionar los casos de Estados Unidos, de Canadá o de Australia, y en Europa, de Alemania o de Suiza”, señala el documento para ensalzar las virtudes de este modelo de organización del Estado. En España, la apuesta independentista del Gobierno catalán de Artur Mas, con el apoyo de ERC, ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones territoriales que hace menos de diez años protagonizaban los Gobiernos nacionalistas de Euskadi.
El PSOE pretende buscar un camino intermedio para evitar el choque institucional. La idea de los socialistas es “clarificar el funcionamiento de las distintas instituciones” que forman el Estado español, al considerar que el modelo autonómico actual está agotado, especialmente después de la sentencia del Tribunal Constitucional que retocó algunos aspectos sustanciales del Estatuto de Cataluña, que había sido aprobado previamente por el Congreso de los Diputados y el Parlamento catalán, y ratificado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña.
El modelo federal que defiende el presidente del PSOE “ofrece soluciones más ventajosas” y garantizará “la igualdad de toda la ciudadanía española, pleno reconocimiento y respeto de la diversidad”, afirma el texto.
La propuesta pretende definir elementos de participación de las autonomías —o unidades federadas— para la toma de decisiones estatales, así como clarificar en la Constitución del reparto de competencias entre la federación (España) y las unidades federadas (comunidades autónomas). El Estado debería limitar al máximo sus competencias sobre legislación básica —que afecta a todos los territorios—, aunque la propuesta defiende que puede hacer leyes en materias compartidas como la educación, la sanidad, el mercado único o sobre la equidad en las prestaciones básicas.
En este aspecto, la idea de los socialistas andaluces supone un rechazo a lo que defienden sus hermanos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con un Estado federal que carecería de competencias sobre sanidad y educación (actualmente transferidas a las comunidades autónomas) y únicamente mandaría sobre las relaciones exteriores, el Ejército y una mínima fiscalidad.
El plan de Griñán propone un Senado totalmente nuevo —“Cámara de las nacionalidades y regiones que integran España”—, independiente del Congreso, formado por representantes de las autonomías exclusivamente (bien de los Parlamentos autónomos o bien de los Gobiernos de cada territorio). Esa cámara tendría capacidad legislativa sobre materias que afectasen a las comunidades o unidades federadas y el Congreso no tendría capacidad de veto, como hasta ahora, sino que en caso de discrepancia entre ambas cámaras se reuniría una comisión mixta para buscar un acuerdo que debería ser votado de nuevo.
Sobre la financiación autonómica, la propuesta de los socialistas andaluces plantea que se incluyan el máximo de detalles en la Constitución, garantizando un modelo que respete los principios de suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y estabilidad. Se trataría de que el Estado “federal, pluralista, social y cooperativo” que plantea el presidente del PSOE tenga un sistema de financiación autonómico regulado dentro de la Constitución.
En la actualidad, el modelo de financiación autonómica se regula a través de una ley orgánica que se ha cambiado al menos dos veces en los últimos 10 años y que no ha satisfecho a casi ninguna autonomía.
Lo que persigue el nuevo modelo de organización territorial, según el documento que presentará José Antonio Griñán en la segunda semana de enero, es “la igualdad de derechos y deberes de toda la ciudadanía en el conjunto del Estado, sin admitir que las singularidades se puedan esgrimir como excusa para cualquier clase de privilegio”.
La propuesta socialista de Estado federal también sugiere sacar de la
capital las sedes de algunos organismos cruciales para el
funcionamiento de la democracia, como el Tribunal Constitucional, el
Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos o la futura
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Las instituciones del Concierto y el Convenio, que suponen privilegios en la financiación de las comunidades de Navarra y Euskadi, deben “seguir manteniendo reconocimiento constitucional”, señala el texto. “La Constitución”, añade la propuesta socialista, “tiene que descender a precisar qué competencias normativas y de gestión tienen las unidades federadas sobre los impuestos y el modo de repartir su recaudación entre éstas y el Estado”. También defiende que la Constitución reconozca el derecho a crear impuestos de las entidades federadas, manteniendo las restricciones impuestas, como, por ejemplo, la prohibición de gravar hechos que ya tienen una figura fiscal estatal o municipal.
La dirección federal estudiará estos documentos del PSOE andaluz junto a otras aportaciones y la propuesta elaborada por Ramon Jáuregui, al que se la encargó Alfredo Pérez Rubalcaba. A finales de 2013, el PSOE quiere tener completamente definida su alternativa económica, territorial y fiscal.
“Los países con más estabilidad política son federales. Baste mencionar los casos de Estados Unidos, de Canadá o de Australia, y en Europa, de Alemania o de Suiza”, señala el documento para ensalzar las virtudes de este modelo de organización del Estado. En España, la apuesta independentista del Gobierno catalán de Artur Mas, con el apoyo de ERC, ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones territoriales que hace menos de diez años protagonizaban los Gobiernos nacionalistas de Euskadi.
El PSOE pretende buscar un camino intermedio para evitar el choque institucional. La idea de los socialistas es “clarificar el funcionamiento de las distintas instituciones” que forman el Estado español, al considerar que el modelo autonómico actual está agotado, especialmente después de la sentencia del Tribunal Constitucional que retocó algunos aspectos sustanciales del Estatuto de Cataluña, que había sido aprobado previamente por el Congreso de los Diputados y el Parlamento catalán, y ratificado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña.
El modelo federal que defiende el presidente del PSOE “ofrece soluciones más ventajosas” y garantizará “la igualdad de toda la ciudadanía española, pleno reconocimiento y respeto de la diversidad”, afirma el texto.
La propuesta pretende definir elementos de participación de las autonomías —o unidades federadas— para la toma de decisiones estatales, así como clarificar en la Constitución del reparto de competencias entre la federación (España) y las unidades federadas (comunidades autónomas). El Estado debería limitar al máximo sus competencias sobre legislación básica —que afecta a todos los territorios—, aunque la propuesta defiende que puede hacer leyes en materias compartidas como la educación, la sanidad, el mercado único o sobre la equidad en las prestaciones básicas.
En este aspecto, la idea de los socialistas andaluces supone un rechazo a lo que defienden sus hermanos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con un Estado federal que carecería de competencias sobre sanidad y educación (actualmente transferidas a las comunidades autónomas) y únicamente mandaría sobre las relaciones exteriores, el Ejército y una mínima fiscalidad.
El plan de Griñán propone un Senado totalmente nuevo —“Cámara de las nacionalidades y regiones que integran España”—, independiente del Congreso, formado por representantes de las autonomías exclusivamente (bien de los Parlamentos autónomos o bien de los Gobiernos de cada territorio). Esa cámara tendría capacidad legislativa sobre materias que afectasen a las comunidades o unidades federadas y el Congreso no tendría capacidad de veto, como hasta ahora, sino que en caso de discrepancia entre ambas cámaras se reuniría una comisión mixta para buscar un acuerdo que debería ser votado de nuevo.
Sobre la financiación autonómica, la propuesta de los socialistas andaluces plantea que se incluyan el máximo de detalles en la Constitución, garantizando un modelo que respete los principios de suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y estabilidad. Se trataría de que el Estado “federal, pluralista, social y cooperativo” que plantea el presidente del PSOE tenga un sistema de financiación autonómico regulado dentro de la Constitución.
En la actualidad, el modelo de financiación autonómica se regula a través de una ley orgánica que se ha cambiado al menos dos veces en los últimos 10 años y que no ha satisfecho a casi ninguna autonomía.
Lo que persigue el nuevo modelo de organización territorial, según el documento que presentará José Antonio Griñán en la segunda semana de enero, es “la igualdad de derechos y deberes de toda la ciudadanía en el conjunto del Estado, sin admitir que las singularidades se puedan esgrimir como excusa para cualquier clase de privilegio”.
El reparto de los impuestos entre el Estado y las “unidades federadas” debería fijarse en la Constitución
Las instituciones del Concierto y el Convenio, que suponen privilegios en la financiación de las comunidades de Navarra y Euskadi, deben “seguir manteniendo reconocimiento constitucional”, señala el texto. “La Constitución”, añade la propuesta socialista, “tiene que descender a precisar qué competencias normativas y de gestión tienen las unidades federadas sobre los impuestos y el modo de repartir su recaudación entre éstas y el Estado”. También defiende que la Constitución reconozca el derecho a crear impuestos de las entidades federadas, manteniendo las restricciones impuestas, como, por ejemplo, la prohibición de gravar hechos que ya tienen una figura fiscal estatal o municipal.
La dirección federal estudiará estos documentos del PSOE andaluz junto a otras aportaciones y la propuesta elaborada por Ramon Jáuregui, al que se la encargó Alfredo Pérez Rubalcaba. A finales de 2013, el PSOE quiere tener completamente definida su alternativa económica, territorial y fiscal.
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