viernes, 29 de abril de 2011

La trata de personas en España.

Una joven nigeriana lleva 29 días en la sala para inmigrantes rechazados del aeropuerto de Barajas. Aterrizó el 1 de abril procedente de Rumanía y aún no ha salido de la terminal, según ha adelantado la Cadena Ser esta mañana. La joven saldrá libre hoy y podrá circular por España durante 30 días. En ese plazo tendrá que denunciar a la red de trata de mujeres que, según la menor, la ha obligado a venir a España y a la que debía 50 mil euros, informa F. J. Barroso.


Llegó con un pasaporte español que no era suyo y se iniciaron los trámites para expulsarla inmediatamente. El abogado de oficio consiguió evitar la expulsión, después de que un forense de guardia de la Fiscalía determinara la edad de la joven. Según la versión de la chica, nació en 1995 por lo que tendría 16 años. Se le practicaron pruebas óseas y del bello en axila y pubis para concretar si es cierto.

El día tres de abril solicitó asilo con ayuda de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR, ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado) y el Defensor del Pueblo pidieron que se le concediera protección de la joven y la Delegación de Gobierno la admitió como víctima de trata. En la decisión ha mediado también el Ministerio de Igualdad. Su caso no tiene precedentes porque nadie había permanecido tanto tiempo en la sala de asilo del aeropuerto.

La historia que ha conducido a la joven nigeriana a trabajar para una mafia de mujeres en España comienza con la muerte de su madre. Así lo cuenta ella en una entrevista con una experta en estas redes. Al quedarse huérfana se va a vivir con su tía. Es expulsada de esa casa cuando se queda embarazada del hombre que convive con ellas como consecuencia de abusos sexuales. Queda en la indigencia y un hombre le ofrece ayuda. A cambio le pide que trabaje para él en España y antes de irse la someten a un ritual vudú y le informan de que ha contraído una deuda de 50.000 con la mafia.

A la joven se le ha concedido ahora el denominado periodo de reflexión para que denuncie a la red de explotación de mujeres, ya que si no lo hace será expulsada del territorio español. Mientras tanto, la menor permanecerá en un centro de los servicios sociales. Su salida de la sala de los inmigrantes rechazados es el resultado de un periplo administrativo y judicial en el que han participado la Oficina de Atención al Refugiado, la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional, la Comisaría de General de Extranjería y Fronteras, el Defensor del Pueblo y otras instituciones y organismos que han debatido si la joven merecía la protección por ser víctima de trata y si tenía menos de 18 años.

La Comisaría aseguró a la Delegación de Gobierno que no existía "indicio alguno" de que la chica hubiese sido explotada sexualmente, pero la Subdelegación de Gobierno atiende al Defensor del Pueblo y a CEAR para que se le realice una entrevista en profundidad. La Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad documental (UCRIF) se encarga de hacerlo y elabora un informe dando la razón a las organizaciones sociales y confirma los indicios de que la menor es víctima de una red de trata.

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