Primero de Mayo: ¿Qué exigir?

Qué priorizar el Primero de Mayo?

Por: Javier Ayuso



Como todos los años, los sindicatos mayoritarios de España, CCOO y UGT, han convocado las manifestaciones “reglamentarias” para celebrar el Primero de Mayo. Los líderes de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han elegido Valencia para marchar juntos y hay convocadas manifestaciones en todas las grandes ciudades españolas. Lo mismo sucederá en la mayoría de las capitales europeas.

Surgen varias preguntas en estos momentos: ¿Qué reivindicaciones deberían ser prioritarias en los tiempos de corren? ¿Cuál debe de ser el papel de los sindicatos en el siglo XXI? Y la respuesta que han dado UGT y CCOO se resume en el lema que presidirá los actos del Día de los Trabajadores: “Empleo con derechos contra los recortes sociales”.

En el manifiesto de convocatoria del Primero de Mayo, los sindicatos afirman que “celebramos el Día Internacional del Trabajo inmersos en un contexto de continuas tensiones financieras, económicas y políticas que provocan en los países más vulnerables mayores destrucciones de empleo, disminución de las rentas salariales, deterioro de las condiciones de trabajo y recortes significativos en las prestaciones sociales y los servicios públicos, a los que hay que hacer frente con la movilización social, reclamando para salir de la crisis otras políticas de mayor equidad y equilibrio en el reparto de los ajustes”.

Así, sobre el papel, las reivindicaciones sindicales pueden parecer razonables. Tiene sentido que los representantes de los trabajadores se opongan a los recortes sociales derivados de las políticas de ajuste y defiendan el mantenimiento del estado del bienestar conseguido tras largos años de lucha. No hay que olvidar que la fiesta del Primero de Mayo es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas ejecutados en Estados Unidos en 1888, por su participación en las huelgas iniciadas el 1 de mayo de 1886, para consolidar la jornada de ocho horas en ese país.

El problema es que, en la situación actual, los sindicatos (y también las organizaciones empresariales, de las que hablaremos otro día) quizá deberían replantearse sus políticas y adecuarlas a los nuevos tiempos. Muchas veces, el peso de la historia nos impide asumir la evolución de la sociedad en donde vivimos y se puede acabar perdiendo la perspectiva real de las cosas.

El ejemplo más claro es la pérdida de poder real de los sindicatos, medido en términos de afiliación sindical. En España, tan solo el 15% de los trabajadores están afiliados a un sindicato, dos puntos porcentuales menos de los que lo estaban en el año 2000. Y en el conjunto de la Unión Europea, la tasa de afiliación sindical ha caído del 27,8% en 2000, al 23,4% actual. Tan solo Francia, Estonia y Letonia están por debajo de nuestro país.

Otro dato a tener en cuenta lo pudimos leer el pasado 19 de abril en este periódico, dentro de la opinión pública de los españoles respecto a las principales instituciones o grupos sociales. Los sindicatos ocupaban el tercer lugar empezando por la cola de entre los grupos menos valorados, con una nota de 3,6 sobre 10, tan solo superado en negativo por las multinacionales y los partidos políticos.

Y todo ello sin olvidar la enorme brecha abierta en toda Europa entre los sindicatos y los partidos políticos de orientación socialista o socialdemócrata en los últimos años. La crisis iniciada en 2008 ha llevado a la Unión Europea, a los gobiernos de sus países miembros y a la mayoría de sus partidos políticos, a asumir políticas económicas basadas en duros ajustes fiscales para mejorar la competitividad y que llevan consigo recortes de prestaciones sociales y servicios públicos.

El caso de España es, probablemente, uno de los más claros de distanciamiento entre el Gobierno socialista y los sindicatos, a pesar de los intentos realizados por uno y otro lado para evitarlo. Después de una legislatura y media de “luna de miel” entre el Ejecutivo y los sindicatos, las relaciones se dieron la vuelta en mayo de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambio de rumbo económico y emprendió una política de ajustes que provocó un enfrentamiento frontal con los líderes sindicales.

Esa relación tortuosa llevó a la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre de 2010, que abrió una herida profunda entre el PSOE y UGT y CCOO. El llamado Acuerdo Económico y Social firmado el pasado 2 de febrero parece más una tregua, que se podría volver a romper en las próximas semanas cuando el Gobierno tenga que legislar sobre negociación colectiva, una vez que patronal y sindicatos reconozcan la imposibilidad de llegar a un acuerdo, cuyo plazo venció ya hace semanas.

El dilema con que se encontrarán los sindicatos españoles en las próximas semanas es qué hacer cuando el Gobierno presente un nuevo marco de negociación colectiva en el que se ponga en tela de juicio la indexación a la inflación de las subidas salariales y se planteen criterios de productividad, cláusulas de descuelgue y arbitraje forzoso que quiten poder a la ya famosa ultraactividad (extensión de los convenios más allá de la fecha acordada sin haberse llegado a nuevos acuerdos).

Mientras tanto, los países de la UE se levantarán el Primero de Mayo con 23 millones de parados, de los que 4,9 corresponden a España. Y, lo que es peor, esta misma semana el Ministerio de Economía ha augurado que hasta 2014 solo se generará la mitad de los puestos de trabajo perdidos desde que se inició la crisis.

Por todo ello, a la pregunta de cuáles deberían ser las prioridades el Primero de Mayo, creo que la respuesta es que todos (partidos políticos, empresarios y trabajadores) deberían colaborar en el establecimiento de un marco que ayude a la creación de empleo sostenido en España a medio y largo plazo.