Piden cárcel para Garzón.

La acusación por los cursos en Nueva York pedirá cárcel para Garzón
Los abogados que se querellaron contra él por cohecho solicitarán que se le juzgue por extorsión





Cifran en más de un millón de dólares el total obtenido por el magistrado de sus patrocinadores

El juez Garzón podría enfrentarse a la primera acusación contra él con una pena de cárcel. Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación particular en la causa abierta a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por su gestión presuntamente irregular de unos cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, tienen previsto recurrir el auto por el que el juez ha sido imputado de un delito de cohecho impropio (el mismo por el que ha sido juzgado Francisco Camps) para solicitar que sea también procesado por un delito continuado de extorsión, que conllevaría pena de cárcel.

Así lo señalan ambos letrados en un comunicado emitido este lunes, difundido en respuesta a la nota de prensa con la que Garzón volvió a defender su inocencia el pasado viernes, cuando expresó su "absoluto y contundente rechazo" a las conclusiones a las que ha llegado el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena para imputarle en esta causa.

A juicio de los querellantes, las conductas que Marchena describe en su auto de imputación, esto es, que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se habría valido del cargo para obtener fondos de grandes empresas que podrían ser posteriormente objeto de investigación penal a su vuelta a la Audiencia, podrían encajar en el tipo penal de extorsión de carácter continuado (artículo 243 del Código Penal), que está castigado con una pena prisión de uno a cinco años.

Según los abogados, Garzón "se coloca en una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios a grandes empresas, 'exclientes' o 'potenciales clientes' de la Audiencia Nacional, que constan acreditadas en el proceso". Los dos abogados, que ejercen la acusación popular en la causa abierta al juez por el patrocinio por parte de cinco entidades de sus cursos en Nueva York durante 2005 y 2006, insisten en que Garzón solicitó 2.595.375 dólares y obtuvo por sus gestiones 1.237.000.

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Garzón denuncia que Marchena no tiene prueba alguna para acusarle de cohecho Marchena imputa a Garzón un cohecho impropio por los cursos de Nueva York “La toga sucia y el culpable limpio” "Garzón está negando la evidencia olvidando las variadas pruebas que le incriminan, entre ellas la famosa carta de 'Querido Emilio' de enero de 2006, en la que pide al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que le autorice un presupuesto económico para los cursos que él dirige, y de cuyos fondos se pagó el salario de su asistente personal, así como otros gastos", indican.

A juicio de los querellantes, Garzón uso su cargo para pedir fondos a grandes empresas, como Telefónica, BBVA, CEPSA y ENDESA, que tuvieron o pueden tener casos en su juzgado, con lo que incurrió "en una conducta penalmente prohibida y no sólo a título de cohecho". En el comunicado, califican dicha conducta de "incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, por picaresca ocultación de su segundo sueldo".

El juez niega las acusaciones. En el comunicado hecho público el pasado viernes Garzón reiteró: “No he solicitado, administrado, ni recibido, personalmente o por tercero, ni directa o indirectamente, cantidad alguna en metálico o en especie, de ninguna de las entidades o corporaciones patrocinadoras de los seminarios y cursos de los que fui director académico en la New York University entre 2005 y 2006”.

El juez arremetió también contra el magistrado instructor de esta causa, Manuel Marchena, del que recordó que ya le juzga en otra, la de las escuchas de Gürtel, motivo por el que solicitó su recusación. En la nota, Garzón denunció que Marchena le ha denegado de forma “sistemática” la práctica totalidad de pruebas fundamentales” que propuso y que “pretendían demostrar, sin lugar a dudas, la falta de veracidad” y la “inconsistencia” de una acusación que ve “incomprensible desde el punto de vista del derecho”.