El largo brazo de los bancos no llega a Ecuador
Correa impide a las entidades españolas embargar bienes a sus ciudadanos
Olga Veloso, una de las afectadas por los desahucios, en su casa de Entrevías. / GORKA LEJARCEGI
Para que una entidad financiera española pueda reclamar bienes o rentas fuera es necesario un proceso judicial muy complejo. Aún así, ha sido un argumento utilizado para intentar lograr el cobro. “Cientos de ecuatorianos comentan que cuando ya no pudieron pagar las cuotas de sus hipotecas, producto de la crisis que vive España, algunos bancos pretendían amedrentarlos con argumentos como que sus deudas serían perseguidas en Ecuador”, afirma la embajadora, Aminta Buenaño.
De los 480.000 ciudadanos del país latinoamericano que viven en España, es difícil saber cuántos están amenazados por un desahucio. Como dato aproximado, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee) estima que si hace un año había 50 en Madrid cada día, una docena afectaba a compatriotas.
En este colectivo inmigrante, entre los primeros y más activos en la lucha contra los desalojos, se han escuchado comentarios sobre algún posible embargo al otro lado del Atlántico. “Siempre existió la leyenda urbana, pero no hay constancia de ningún caso”, asegura Rafael Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Si bien ni esta asociación ni la embajada tienen constancia de que en Ecuador se hayan iniciado procesos por estas causas, ambas destacan que hasta que allí se aprobó la nueva legislación respecto a las hipotecas, en vigor desde el 26 de junio, los bancos podrían haberlo pretendido.
Hace un año cundió el pánico cuando el banco Pichincha España compró préstamos de inmigrantes a Bankia y a un fondo de inversión español. El aumento de la incertidumbre y el empeoramiento de la crisis llevaron al presidente Rafael Correa a promover el citado cambio legal. Pero hay quien ve la nueva normativa con recelo. “No me fío. Estoy decepcionada”, dice Olga Veloso, quien teme que solo sea una estrategia para captar votos. Ecuador celebrará elecciones en febrero de 2013 y el jefe del Ejecutivo optará a la reelección. “Hay más confianza, pero existen dudas acerca de lo que pasará después: si el Gobierno será reelegido, si habrá cambios en la ley, hasta qué punto estamos respaldados”, comenta Deisy Silva. Ella, como afectada y miembro de la PAH, asesora a compatriotas perjudicados.
La embajadora quiere trasmitir a sus compatriotas que “sus bienes en territorio ecuatoriano no corren riesgo”. Su embajada fue la primera en abrir un servicio de asesoría jurídica para afectados por las ejecuciones hipotecarias. Desde su puesta en marcha a finales de 2011 ha registrado 5.000 consultas.
La presidenta de Conadee, Aida Quinatoa, sin embargo, califica la medida de Correa de “baño de agua tibia”. La coordinadora ha entregado al bloque de izquierdas de su país un texto para que lo presente en la Asamblea Nacional bajo un título muy específico: Ley de defensa de los trabajadores y trabajadoras migrantes, contra el fraude hipotecario cometido en España. La regulación de junio queda resumida en una de las disposiciones de una ley hipotecaria general. “Nuestro proyecto es más contundente”, afirma Quinatoa.
Varios ecuatorianos desahuciados o a punto de serlo protestan desde hace semanas con una acampada en la madrileña plaza de Celenque, ante la sede central de Bankia. La quiteña Olga Veloso rompe a llorar cuando relata que asiste desde el primer día, pero que a veces el cansancio y la enfermedad —es diabética y hace unos días tuvo que ser ingresada— pueden con ella. En el momento en el que atiende la llamada telefónica está en su casa del barrio de Entrevías, esa de la que quieren echarla. Le gustaría regresar a su tierra, pero no puede. Su hija de 19 años llegó a España con seis y tiene su vida hecha en Madrid. Ahora está en el segundo curso de Ciencias Químicas. “Pienso en que acabe la carrera e irme”, afirma la madre. “Me iré peor de lo que vine. Lo único bueno es que mi hija sea alguien en la vida”.
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