Guindos se compromete a que “ninguna familia de buena fe se quede sin techo”
El Ejecutivo va a proponer una moratoria de dos años para las ejecuciones en casos extremos
El PP saca pecho de que Rajoy sea el primer presidente en mover ficha
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca convoca caceroladas ante las sedes del PP
Rodríguez-Piñero (PSOE) avanza que buscarán una modificación legislativa "en profundidad"
El presidente del Poder Judicial pide que no haya "más demoras" en la solución del problema
Foto: ÁLVARO GARCÍA / Vídeo: ATLAS
Apremiados por la presión social y política y por la conmoción por dos suicidios en las últimas semanas, el Gobierno y el PSOE se reúnen hoy para negociar un acuerdo que trate de frenar el drama social de los desahucios.
Se trata del segundo encuentro entre el Ejecutivo y el principal
partido de la oposición en la búsqueda de soluciones para este asunto:
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron el pasado 7 de noviembre frenar "cuanto antes" la situación de los desahucios en España. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, ha puesto en valor hoy, mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
se manifestaba ante la sede nacional del partido, que “Mariano Rajoy
sea el primer presidente del Gobierno que quiera tomar decisiones” ante
una situación que “viene de lejos”. Sin concreción sobre “el abanico de
soluciones y de propuestas las que hay que poner encima de la mesa”,
Cospedal se ha remitido a lo que decida el Ejecutivo y ha insistido en
que cree que “se ha hecho lo más racional en este momento”. “Vamos a
solucionar el problema”, ha asegurado, y para ello se ha convocado al
principal partido de la oposición. “Hay muchas familias que están
perdiendo sus viviendas y el Gobierno, que lleva 11 meses en La Moncloa,
ha estudiado este tema con una sensibilidad social más allá del código
de buenas prácticas”, ha recalcado, informa Francesco Manetto.El
ministro de Economía, Luis de Guindos, también se ha pronunciado al
respecto desde la Eurocámara de Bruselas. Guindos ha anunciado que el
Gobierno adoptará medidas, de acuerdo con el PSOE, para que ninguna
familia "de buena fe se quede sin techo como consecuencia de la crisis".
La delegación del Ejecutivo estará encabezada por el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury, y la de los socialistas por la secretaria de Economía del partido, Inmaculada Rodríguez-Piñero. Rodríguez-Piñero ha avanzado esta mañana en la cadena SER que los socialistas acuden al encuentro con la intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno que contemple una moratoria (sobre la que no ha dado más detalles) y sobre una modificación legislativa "en profundidad" que cambie el procedimiento legal de desahucios, que considera "profundamente injusto". "Confiamos en que se produzca el acuerdo de forma más rápida posible", ha añadido.
El Gobierno propondrá en el encuentro una moratoria de dos años para las ejecuciones de hipotecas en casos extremos, tal y como se pedía también en la proposición de ley del PSOE. El acuerdo, no obstante, no tendrá carácter retroactivo y sería aplicable a hipotecas firmadas, pero no a las que están en proceso de ejecución.
Según fuentes del Gobierno y del PSOE, inicialmente había resistencia en algunos ministerios a acometer una reforma legal y se mantenía únicamente la opción de modificar el Código de Buenas Prácticas, flexibilizando los umbrales de exentos de desahucios. El Ejecutivo trasladó la opinión negativa de los bancos, que consideraban que al generalizar la limitación de los desahucios se corría el riesgo de provocar contagio de impagados que lastrara su situación. Ahora, el Gobierno acepta cambios de leyes, pero buscando la forma de evitar esa generalización de impagos.
El PSOE mantiene la necesidad de modificar cinco leyes por entender que es preciso equilibrar una situación que, en este momento, favorece al banco muy por encima del deudor. Los socialistas se han volcado en pedir a los bancos que frenen las ejecuciones de los desahucios. Para eso, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió sendas cartas a los responsables de la Asociación Española de la Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles “que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado para hoy protestas en forma de caceroladas ante las sedes del PP. Los activistas rechazan de antemano la solución que estiman van a acordar el Gobierno y el principal partido de la oposición según las declaraciones que han hecho estos días. La moratoria, dicen en su página web, es "inaceptable" porque no afectaría a las ejecuciones hipotecarias ya en marcha, y porque creen que las familias beneficiadas serán muy pocas si se siguen criterios similares al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno. La PAH reclama que se aplique para todas las familias siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se trate de vivienda habitual, y exige que se paralicen todos los desahucios de vivienda habitual cuando se trate de deudores de buena fe, la dación en pago retroactiva y la reconversión del parque de viviendas que acumulan las entidades financieras en un parque público de alquiler social.
La delegación del Ejecutivo estará encabezada por el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury, y la de los socialistas por la secretaria de Economía del partido, Inmaculada Rodríguez-Piñero. Rodríguez-Piñero ha avanzado esta mañana en la cadena SER que los socialistas acuden al encuentro con la intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno que contemple una moratoria (sobre la que no ha dado más detalles) y sobre una modificación legislativa "en profundidad" que cambie el procedimiento legal de desahucios, que considera "profundamente injusto". "Confiamos en que se produzca el acuerdo de forma más rápida posible", ha añadido.
El Gobierno propondrá en el encuentro una moratoria de dos años para las ejecuciones de hipotecas en casos extremos, tal y como se pedía también en la proposición de ley del PSOE. El acuerdo, no obstante, no tendrá carácter retroactivo y sería aplicable a hipotecas firmadas, pero no a las que están en proceso de ejecución.
Según fuentes del Gobierno y del PSOE, inicialmente había resistencia en algunos ministerios a acometer una reforma legal y se mantenía únicamente la opción de modificar el Código de Buenas Prácticas, flexibilizando los umbrales de exentos de desahucios. El Ejecutivo trasladó la opinión negativa de los bancos, que consideraban que al generalizar la limitación de los desahucios se corría el riesgo de provocar contagio de impagados que lastrara su situación. Ahora, el Gobierno acepta cambios de leyes, pero buscando la forma de evitar esa generalización de impagos.
El PSOE mantiene la necesidad de modificar cinco leyes por entender que es preciso equilibrar una situación que, en este momento, favorece al banco muy por encima del deudor. Los socialistas se han volcado en pedir a los bancos que frenen las ejecuciones de los desahucios. Para eso, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió sendas cartas a los responsables de la Asociación Española de la Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles “que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado para hoy protestas en forma de caceroladas ante las sedes del PP. Los activistas rechazan de antemano la solución que estiman van a acordar el Gobierno y el principal partido de la oposición según las declaraciones que han hecho estos días. La moratoria, dicen en su página web, es "inaceptable" porque no afectaría a las ejecuciones hipotecarias ya en marcha, y porque creen que las familias beneficiadas serán muy pocas si se siguen criterios similares al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno. La PAH reclama que se aplique para todas las familias siempre que la causa del impago sea sobrevenida y siempre que se trate de vivienda habitual, y exige que se paralicen todos los desahucios de vivienda habitual cuando se trate de deudores de buena fe, la dación en pago retroactiva y la reconversión del parque de viviendas que acumulan las entidades financieras en un parque público de alquiler social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario