La crisis no puede servir de pretexto para desmantelar la sanidad pública”
Miles de personas marchan desde los hospitales a Sol contra la política regional
El manifiesto leído al final recuerda que no se trata de un conflicto laboral
Asistentes a la "marcha blanca", que protestan por los recortes / SAMUEL SÁNCHEZ
Encierros en más de 20 hospitales, concentraciones y protestas
diarias… Con la sanidad madrileña incendiada desde que, el 31 de
octubre, el presidente regional, Ignacio González (PP), anunciara un
paquete de medidas para la “sostenibilidad” que incluyen privatizaciones
y cierres de laboratorios y hospitales, muchos intuían que la marcha de
la marea blanca de ayer se convertiría en tsunami.
Miles de personas inundaron en efecto el centro de la capital a
mediodía, procedentes de cuatro columnas que habían salido a primera
hora de la mañana de los hospitales más lejanos. Confluyeron en Cibeles
y, desde allí, subieron hacia Sol por una calle de Alcalá abarrotada de
batas blancas y pancartas a favor de la gestión pública.
El lema de la protesta fue “La sanidad no se vende, se defiende”, y el cántico más coreado, “Sanidad pública”. En la marcha participaron una mayoría de trabajadores sanitarios, pero también muchos ciudadanos que decían estar allí en apoyo de sus médicos y enfermeras. Y de su futuro como pacientes: “Llevo días yendo a las concentraciones de La Princesa, que es mi hospital y el de mi familia. Me avisaron de que había manifestación y hoy también quería estar aquí. Lo que quieren hacer en La Princesa no tiene nombre, pero que entren las empresas a gestionar hospitales tampoco. ¿Qué empresa no busca beneficio, no intentará ahorrar de donde pueda? Con nuestra salud no se debe ahorrar”, decía Luis, comercial de inmobiliaria en paro de 56 años, en la plaza de Cibeles.
Ya cuando la calle de Alcalá estaba llena, la cola de la marcha procedente del sur (hospitales de Getafe, Parla, 12 de Octubre, Severo Ochoa, Tajo) salía de Neptuno.
La manifestación fue el reflejo en la calle del rechazo prácticamente unánime que ha concitado el plan de medidas sanitarias del Gobierno regional. Incluye la privatización de la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008, en los que hasta hace apenas unos días los médicos que han aprobado la última oposición estaban eligiendo plaza.
Esos puestos desaparecen: los facultativos y otro personal sanitario con plaza serán trasladados a otros centros; los interinos y eventuales irán a la calle, aseguran los sindicatos. El Gobierno tiene previsto liquidar las empresas públicas que gestionan estos centros dentro de unos meses, y convocar concursos para adjudicar su gestión a empresas, que serán las que contraten a médicos, enfermeras, técnicos sanitarios, etcétera.
Aunque no figure en el documento que resume el llamado Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, la estrategia de la Comunidad incluye el cierre del primer hospital público desde que gobierna el PP: el Instituto de Cardiología, con 38 camas y que hasta ahora contribuía a aligerar las listas de espera de la región. También había trabajadores de este centro en la marcha de ayer, que criticaban la precipitación de la medida y el hecho de que el Gobierno regional intente, en su opinión, “esconder el cierre”. En el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de 2013 ya ni siquiera cuenta con una partida presupuestaria propia. La Comunidad lo cierra antes del 31 de diciembre, traslada a los trabajadores fijos al hospital Clínico y devuelve el edificio que lo acogía a la Universidad Complutense.
La oposición de los trabajadores —había en la marcha, a diferencia de otras manifestaciones anteriores del sector sanitario, muchos médicos, tanto de primaria como de especializada; entre ellos, bastantes residentes— y de muchos usuarios se suma así al rechazo que han expresado las sociedades médicas de la región y el Colegio de Médicos de Madrid al plan de Ignacio González, que también prevé reconvertir el hospital de La Princesa en centro especializado en mayores de 75 años; transformar el Carlos III en hospital de media estancia; concentrar todos los laboratorios en solo cuatro hospitales; y externalizar la gestión del 10% de los centros de salud.
El sábado, la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de España, respaldó al de Madrid en contra del vuelco sanitario del Gobierno regional. Un Ejecutivo que, además de los encierros y las protestas en la calle, se enfrenta a una huelga de cuatro días en todo el sector sanitario, convocada esta semana por los seis sindicatos —SATSE (enfermería), CC OO, AMYTS (médicos), CSIT-UP, UGT y USAE (auxiliares de enfermería)—, que integran la mesa sectorial y representan a los 75.000 trabajadores de todas las categorías del Servicio Madrileño de Salud. Serán los días 26 y 27 de noviembre, y 4 y 5 de diciembre; se solapará, en parte, con el paro convocado unos días antes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que en apenas unos meses de existencia ha reunido a cerca de 900 asociados. En una asamblea en el Colegio de Médicos, más de 500 asistentes votaron a favor de la huelga indefinida: empieza el día 26 y se hará de lunes a jueves todas las semanas.
Santiago Manzano, pediatra del hospital del Tajo, leyó el manifiesto en la Puerta del Sol hacia las tres de la tarde. Empezó: “Soy trabajador de la sanidad pública, como muchos de vosotros; y soy usuario de la sanidad pública, como todos vosotros”. Y continuó: “La aprobación definitiva de estas medidas llevará al desmantelamiento de la sanidad pública y afectará a la calidad de la asistencia”. La sanidad, añadió, “es un derecho en peligro”. “La crisis no puede servir de pretexto para reducir derechos a favor de intereses privados”.
El manifiesto insistía también en una de las características que distingue a esta movilización de otras anteriores: “No estamos ante un conflicto laboral; nos enfrentamos al desmantelamiento del Estado social”.
Durante toda la mañana, cuatro columnas de manifestantes habían ido acercándose a la plaza de Cibeles: desde el hospital 12 de Octubre, desde el Infanta Leonor de Vallecas, desde el Henares (Coslada) y desde La Paz.
La marcha del Henares se juntó en Manuel Becerra con las del hospital Santa Cristina, La Princesa, Gregorio Marañón, Niño Jesús y Príncipe de Asturias, y continuó hacia Cibeles. A la plaza, por tanto, llegaron las columnas por el paseo del Prado, la calle de Alcalá y la Castellana.
Muchas calles fueron cortadas, y varias líneas de autobuses vieron alterados sus recorridos.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, prácticamente desaparecido de actos públicos desde que se anunciaron las medidas y empezaron las movilizaciones, asegura en una entrevista publicada ayer en el diario Abc que “ni se privatizan hospitales ni se venden edificios. Es mentira”. También el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, opinó ayer desde su cuenta de Twitter: “Pero de verdad hay alguien q haya ido a un hospital y haya tenido q pagar por el servicio médico? Entonces por qué mienten? #TsunamiBlanco”.
El encierro emblemático de la marea blanca, el del hospital de La Princesa, vivió momentos de tensión el viernes pasado. El gerente se presentó hacia las once de la noche y ordenó retirar una pancarta enorme que cubría la fachada y que había sido colocada esa misma mañana, donde se leía: “Salvemos La Princesa”. Los trabajadores tienen previsto llevar las más de 350.000 firmas recogidas para pedir la retirada del plan de reconversión del hospital a la Consejería de Sanidad hoy a las 9.00. Entre ellas están las de la alcaldesa, Ana Botella (PP), y su yerno, Alejandro Agag, casado con una hija del expresidente del Gobierno José María Aznar.
El lema de la protesta fue “La sanidad no se vende, se defiende”, y el cántico más coreado, “Sanidad pública”. En la marcha participaron una mayoría de trabajadores sanitarios, pero también muchos ciudadanos que decían estar allí en apoyo de sus médicos y enfermeras. Y de su futuro como pacientes: “Llevo días yendo a las concentraciones de La Princesa, que es mi hospital y el de mi familia. Me avisaron de que había manifestación y hoy también quería estar aquí. Lo que quieren hacer en La Princesa no tiene nombre, pero que entren las empresas a gestionar hospitales tampoco. ¿Qué empresa no busca beneficio, no intentará ahorrar de donde pueda? Con nuestra salud no se debe ahorrar”, decía Luis, comercial de inmobiliaria en paro de 56 años, en la plaza de Cibeles.
Ya cuando la calle de Alcalá estaba llena, la cola de la marcha procedente del sur (hospitales de Getafe, Parla, 12 de Octubre, Severo Ochoa, Tajo) salía de Neptuno.
La manifestación fue el reflejo en la calle del rechazo prácticamente unánime que ha concitado el plan de medidas sanitarias del Gobierno regional. Incluye la privatización de la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008, en los que hasta hace apenas unos días los médicos que han aprobado la última oposición estaban eligiendo plaza.
Esos puestos desaparecen: los facultativos y otro personal sanitario con plaza serán trasladados a otros centros; los interinos y eventuales irán a la calle, aseguran los sindicatos. El Gobierno tiene previsto liquidar las empresas públicas que gestionan estos centros dentro de unos meses, y convocar concursos para adjudicar su gestión a empresas, que serán las que contraten a médicos, enfermeras, técnicos sanitarios, etcétera.
Aunque no figure en el documento que resume el llamado Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, la estrategia de la Comunidad incluye el cierre del primer hospital público desde que gobierna el PP: el Instituto de Cardiología, con 38 camas y que hasta ahora contribuía a aligerar las listas de espera de la región. También había trabajadores de este centro en la marcha de ayer, que criticaban la precipitación de la medida y el hecho de que el Gobierno regional intente, en su opinión, “esconder el cierre”. En el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de 2013 ya ni siquiera cuenta con una partida presupuestaria propia. La Comunidad lo cierra antes del 31 de diciembre, traslada a los trabajadores fijos al hospital Clínico y devuelve el edificio que lo acogía a la Universidad Complutense.
La oposición de los trabajadores —había en la marcha, a diferencia de otras manifestaciones anteriores del sector sanitario, muchos médicos, tanto de primaria como de especializada; entre ellos, bastantes residentes— y de muchos usuarios se suma así al rechazo que han expresado las sociedades médicas de la región y el Colegio de Médicos de Madrid al plan de Ignacio González, que también prevé reconvertir el hospital de La Princesa en centro especializado en mayores de 75 años; transformar el Carlos III en hospital de media estancia; concentrar todos los laboratorios en solo cuatro hospitales; y externalizar la gestión del 10% de los centros de salud.
El sábado, la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de España, respaldó al de Madrid en contra del vuelco sanitario del Gobierno regional. Un Ejecutivo que, además de los encierros y las protestas en la calle, se enfrenta a una huelga de cuatro días en todo el sector sanitario, convocada esta semana por los seis sindicatos —SATSE (enfermería), CC OO, AMYTS (médicos), CSIT-UP, UGT y USAE (auxiliares de enfermería)—, que integran la mesa sectorial y representan a los 75.000 trabajadores de todas las categorías del Servicio Madrileño de Salud. Serán los días 26 y 27 de noviembre, y 4 y 5 de diciembre; se solapará, en parte, con el paro convocado unos días antes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que en apenas unos meses de existencia ha reunido a cerca de 900 asociados. En una asamblea en el Colegio de Médicos, más de 500 asistentes votaron a favor de la huelga indefinida: empieza el día 26 y se hará de lunes a jueves todas las semanas.
Santiago Manzano, pediatra del hospital del Tajo, leyó el manifiesto en la Puerta del Sol hacia las tres de la tarde. Empezó: “Soy trabajador de la sanidad pública, como muchos de vosotros; y soy usuario de la sanidad pública, como todos vosotros”. Y continuó: “La aprobación definitiva de estas medidas llevará al desmantelamiento de la sanidad pública y afectará a la calidad de la asistencia”. La sanidad, añadió, “es un derecho en peligro”. “La crisis no puede servir de pretexto para reducir derechos a favor de intereses privados”.
El manifiesto insistía también en una de las características que distingue a esta movilización de otras anteriores: “No estamos ante un conflicto laboral; nos enfrentamos al desmantelamiento del Estado social”.
Durante toda la mañana, cuatro columnas de manifestantes habían ido acercándose a la plaza de Cibeles: desde el hospital 12 de Octubre, desde el Infanta Leonor de Vallecas, desde el Henares (Coslada) y desde La Paz.
La marcha del Henares se juntó en Manuel Becerra con las del hospital Santa Cristina, La Princesa, Gregorio Marañón, Niño Jesús y Príncipe de Asturias, y continuó hacia Cibeles. A la plaza, por tanto, llegaron las columnas por el paseo del Prado, la calle de Alcalá y la Castellana.
Muchas calles fueron cortadas, y varias líneas de autobuses vieron alterados sus recorridos.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, prácticamente desaparecido de actos públicos desde que se anunciaron las medidas y empezaron las movilizaciones, asegura en una entrevista publicada ayer en el diario Abc que “ni se privatizan hospitales ni se venden edificios. Es mentira”. También el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, opinó ayer desde su cuenta de Twitter: “Pero de verdad hay alguien q haya ido a un hospital y haya tenido q pagar por el servicio médico? Entonces por qué mienten? #TsunamiBlanco”.
El encierro emblemático de la marea blanca, el del hospital de La Princesa, vivió momentos de tensión el viernes pasado. El gerente se presentó hacia las once de la noche y ordenó retirar una pancarta enorme que cubría la fachada y que había sido colocada esa misma mañana, donde se leía: “Salvemos La Princesa”. Los trabajadores tienen previsto llevar las más de 350.000 firmas recogidas para pedir la retirada del plan de reconversión del hospital a la Consejería de Sanidad hoy a las 9.00. Entre ellas están las de la alcaldesa, Ana Botella (PP), y su yerno, Alejandro Agag, casado con una hija del expresidente del Gobierno José María Aznar.
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