El Salvador, El perdón a las víctimas.

Funes y El Mozote, el día después
Por: Salvador Camarena.




Cuando en marzo de 2009 ganó la presidencia de El Salvador, un asesor de Mauricio Funes le dijo a la prensa que el nuevo mandatario no buscaría revanchas, sino “perdón y la verdad”. En esa fecha, el asesor del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional también adelantó que no revocarían la polémica ley de amnistía de 1993.

Con su discurso del pasado lunes, al pedir perdón a nombre del Estado por la matanza de El Mozote, el presidente Funes podría estar abriendo la puerta a cumplir la primera parte de la oferta que hiciera su asesor, pero quizá de manera más importante da pie a la interrogante sobre si seguirá la línea marcada con su emotivo discurso de hace tres días, y bajo su conducción El Salvador avanzará en la agenda de profundizar en la revisión de la tragedia de la guerra civil, derogar la ley que ha servido de escudo a criminales acusados de matanzas y atrocidades, y dar a su país esa categoría que otras naciones han ganado al ajustar cuentas con el pasado.

“Funes pidió perdón por la matanza y dijo que ese era el inicio del camino hacia la justicia. Luego, en su discurso, hizo lo que ningún presidente había hecho antes: hablarle con autoridad a la Fuerza Armada para cuestionarle su cosmovisión. Pero a la vez que se la cuestionó, le ordenó desmontarla. Lo hizo en tres párrafos de su discurso. En primer lugar, recordó que el informe de la Comisión de la Verdad señalaba a personas específicas como las responsables de la matanza, entre ellas al coronel Domingo Monterrosa, como comandante del Batallón Atlacatl; el mayor José Armando Azmitia, como subjefe del batallón, y al entonces mayor Natividad de Jesús Cáceres, como jefe operativo del Atlacatl”, consignó El Faro. "Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos", expresó Funes al recordar que hace poco se cumplieron 30 años de la matanza de El Mozote en el acto donde se conmemoró la firma de la paz el 16 de enero de 1992.

El periodista Juan José Dalton, quien colabora en El País, ha dicho en otro texto, El perdón de El Mozote, publicado en confidencial.ni, que esta revisión no será fácil: “La Fuerza Armada tiene, sobre todo en Domingo Monterrosa, a un ‘héroe legendario’, cuando en realidad es el prototipo de un criminal de guerra”. Además, “la derecha salvadoreña creó sus mitos: Roberto D´Aubuisson, ya fallecido y quien ha sido señalado en investigaciones nacionales e internacionales como el autor intelectual del magnicidio del Arzobispo Oscar Romero, es un hombre al que se le erigen monumentos, plazas públicas y recibe todo tipo de homenajes, cuando también fue un criminal de lesa humanidad, fundador de los escuadrones de la muerte. No obstante, la acción de Funes en este aniversario de paz puede marcar un parte aguas y la impunidad realmente pudiera ser apartada de nuestra historia, si es consecuente en discurso y acción”.

Para que realmente ese discurso se convierta en un parte aguas, el periodista Carlos Ayala Ramírez destaca asuntos que el propio Funes se había tardado en atender en esta materia. Así lo dice en el artículo El Mozote, verdad, justicia y reparación: “el gesto del Presidente, por tanto, parece ser más que un acto simbólico, tiene características de ser un verdadero programa que repare, restituya, rehabilite y compense a las víctimas y sus familiares. No obstante, tiene algunos vacíos o ausencias. Citamos al menos tres: En primer lugar, la actitud pasiva del Presidente con respecto a las reiteradas recomendaciones y solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a realizar acciones para derogar la Ley de amnistía vigente desde marzo de 1993, que sigue siendo fuente de impunidad y negación de justicia para las víctimas; en segundo lugar, la ausencia de compromiso para promover la integración a la legislación interna de importantes tratados internacionales de derechos humanos que pueden garantizar la no repetición de hechos considerados de lesa humanidad; finalmente –y quizás más difícil de realizar– no pocos esperaban que el Presidente se comprometiera a abrir los archivos de la Fuerza Armada para que puedan ser examinados, por los representantes de las víctimas, que también reclaman verdad y justicia por violaciones de derechos humanos por parte de organismos del Estado”.

Cada uno por su lado, Dalton y Ayala recuerdan que los crímenes y las atrocidades no fueron de autoría exclusiva del Ejército y del gobierno, y que esta revisión también debería comprender lo que realizaron los insurgentes. El primero recuerda que hace apenas unos días quedó suspendido el juicio a dos de los señalados de haber participado en el asesinato y desaparición del poeta Roque Dalton. Mientras que Ayala recuerda que “no menos cierto es que en cantidad y en gravedad la mayor responsabilidad recae sobre los militares de esa época. Algunos preferirían que no se hablara de estos temas, menos en el contexto de la conmemoración de los Acuerdos de Paz. Siguen creyendo que el olvido y la Ley de amnistía son factores necesarios para superar las heridas del pasado”.

Las palabras de Funes del día 16 no dejan duda de que el llamado es para todos, no sólo para los militares. Hizo un pedido “al liderazgo político del país, a todos los partidos políticos para que no exalten nombres de personajes que pudieron haber estado vinculados a violaciones de los derechos humanos ni acciones que hubieren provocado muerte y sufrimiento y que, lejos de contribuir a la creación de una cultura de paz, fomentan la polarización y la división de la sociedad salvadoreña.
“En el país, amigos y amigas, no ha habido justicia porque quienes debieron plasmarla no lo hicieron por diversas razones. Ni los gobernantes, en lo que les correspondía, ni los jueces, que tenían la suprema responsabilidad de no dejar impune el crimen, cumplieron con su deber”.

Finalmente, Funes recordó a los salvadoreños, y a los que al leer sus palabras nos sintamos aludidos, que “si entendemos que la democracia es un sistema político que debe asegurar la equidad, la justicia, la convivencia pacífica, la igualdad de oportunidades. Un sistema en el que impera la libertad auténtica, la independencia de los poderes del Estado, la responsabilidad social del Estado, la garantía absoluta de los derechos humanos, pues entonces, estamos aún muy lejos de tener democracia real en nuestro país”.