El pago de la deuda de 424 millones a la banca asfixió la tesorería catalana
El pago de la deuda de 424 millones a la banca asfixió la tesorería catalana
Lluís Pellicer /
Ivanna Vallespín
Barcelona
1 AGO 2012 - 00:47 CET9
Ayuda a un asistente al centro de día Cuidem la Memòria. / E. BARAZZONI
Las arcas catalanas solo han dado este mes para devolver deudas. Los
vencimientos de los créditos en los dos últimos meses han acabado por
asfixiar a la tesorería de la Generalitat. La Ley de Estabilidad
obliga a las Administraciones a pagar sus créditos a la banca por
delante de cualquier otro gasto, ya sean nóminas o servicos públicos
esenciales. El Ejecutivo de Artur Mas
(CiU) llegó a finales de julio con unos compromisos pendientes con los
bancos de 424 millones de euros que esperaba que cubriera una línea de
liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Pero no fue así, según explicaron fuentes del Gobierno catalán, por lo
que finalmente tuvo que aplazar el pago de los conciertos con escuelas,
hospitales y centros asistenciales y sus proveedores, que ascendían a
cerca de 430 millones.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que CiU apoyó en el Congreso y luego trasladó a Cataluña para gobernar sus finanzas, deja poco margen de maniobra a la Generalitat para atender sus pagos. “La ley determina el orden de los pagos: primero las obligaciones de operaciones financieras y luego las nóminas”, resumió el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs. En la reunión de Gobierno de ayer incluso algún consejero se lamentó de esa norma que ha dejado prácticamente a cero el gasto de varios departamentos. Antes de su aprobación, explicaron fuentes cercanas al Ejecutivo, se cumplía primero con la devolución de la deuda para que la banca volviera a prestar, pero había más margen para negociar. El cierre de los mercados y la ley, sin embargo, han supuesto que las entidades —que no quieren cargarse de deuda autonómica— sean mucho más estrictas.
Los 424 millones de euros que espera la Generalitat son una cantidad mínima en comparación con los vencimientos que vienen para el segundo semestre, de 5.755 millones de euros. Pero han bastado, según fuentes del Ejecutivo, para crear una “punta de tesorería” que ha puesto patas arriba el calendario de pagos. Fuentes conocedoras de la situación de las finanzas catalanas se lamentaban ayer, además, de que muchos de esos vencimientos corresponden a créditos a muy corto plazo, incluso de seis meses, que se pidieron en crisis de liquidez anteriores. “La historia se repite y la bola se va haciendo grande”, admitieron.
Abocada a acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la Generalitat busca ahora fórmulas para poder pagar “en los próximos días o semanas” las nóminas de centros asistenciales que han quedado sin abonar. Fuentes del Gobierno explicaron que la Generalitat ha pedido una línea de liquidez del ICO para vencimientos de 442 millones de euros, de los cuales una parte está autorizada. Ese dinero daría oxígeno para hacer frente a lo que quedará pendiente de julio. El Ejecutivo catalán recordó, además, que el mes que viene los vencimientos son menores, lo cual dará más margen para otras obligaciones, y agregaron que el departamento dirigido por Andreu Mas-Colell busca “constantemente” fondos.
CC OO y UGT advirtieron ayer en un comunicado conjunto que el retraso de los pagos al sector de los servicios sociales no puede usarse como pretexto para rebajar las condiciones laborales de un colectivo que trabaja en condiciones “precarias”. Los sindicatos recordaron, además, que el sector ya estaba tocado por los recortes sociales de los sucesivos planes de austeridad del Ejecutivo catalán, lo que pueden llevar a los centros asistenciales al “colapso absoluto”.
El sector social es el que más maltrecho saldrá de la decisión de la Generalitat de no abonar los fondos para los conciertos y teme que la situación pueda repetirse en septiembre. Ayer, sus representantes pidieron que sea Mas-Colell quien se comprometa a pagar en agosto y cargaron contra la prioridad en los pagos de la Administración. Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) —que agrupa a 500 entidades y mil centros—, lamentó que sus asociados no hayan conseguido apoyo de los bancos para superar este bache. “Las entidades bancarias no están a nuestro lado en momentos tan delicados. ¡Y encima son los primeros en cobrar!”, se quejó.
El sector alertó de que el impago pone en jaque a muchas de las 7.500 entidades sociales y hace peligrar las nóminas de entre 50.000 y 100.000 trabajadores. La mayoría de las organizaciones del sector —muy atomizado, con decenas de asociaciones y federaciones— admitieron que para garantizar la continuidad del servicio deberán apelar a la vocación de servicio de sus empleados porque no podrán pagar todas las nóminas.
En una situación especialmente delicada se halla la atención a la infancia. El 80% de los centros de menores tutelados son concertados y dependen exclusivamente de la aportación económica de la Generalitat. “No podemos recurrir a nadie más, porque no hay familias para pedir ayuda: son niños desamparados cuya tutela está en manos de la Generalitat”, dijo Sonia Martínez, directora de la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la Adolescencia. Desde la Federación Catalana de Drogodependientes, su vicepresidenta, Mercè Cervantes, abundó en que los 67 euros por persona y día que paga la Generalitat no da para el tratamiento y la residencia de los pacientes y el sueldo del personal. Estas entidades se nutren también de fondos públicos, después de que el grueso de la gente a la que asiste se quedara sin ingresos por el recorte a la renta mínima de inserción. La patronal de los discapacitados intelectuales (Dincat), que atiende a 31.000 usuarios, explicó que el 40% de las entidades solo podrá pagar el 80% de las nóminas, el 56% abonará sueldos gracias a recursos propios, y el resto ha tenido que pedir el amparo de la Generalitat para salir del pozo.
Los 60 hospitales de la Red Hospitalaria de Utilización Pública, a los que el Ejecutivo catalán abona cada mes la factura del concierto, garantizaron que pagarán las nóminas tirando de líneas de crédito, dejando de abonar deudas a proveedores o aplazando el pago de cuotas a la Seguridad Social. La patronal Unión Catalana de Hospitales reclamó a la Generalitat que asegure que en agosto cobrarán sin problema y que en septiembre, o a lo sumo en octubre, recibirán el dinero que se ha dejado a deber con los intereses de demora correspondientes, según explicó una portavoz de la entidad.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que CiU apoyó en el Congreso y luego trasladó a Cataluña para gobernar sus finanzas, deja poco margen de maniobra a la Generalitat para atender sus pagos. “La ley determina el orden de los pagos: primero las obligaciones de operaciones financieras y luego las nóminas”, resumió el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs. En la reunión de Gobierno de ayer incluso algún consejero se lamentó de esa norma que ha dejado prácticamente a cero el gasto de varios departamentos. Antes de su aprobación, explicaron fuentes cercanas al Ejecutivo, se cumplía primero con la devolución de la deuda para que la banca volviera a prestar, pero había más margen para negociar. El cierre de los mercados y la ley, sin embargo, han supuesto que las entidades —que no quieren cargarse de deuda autonómica— sean mucho más estrictas.
Los 424 millones de euros que espera la Generalitat son una cantidad mínima en comparación con los vencimientos que vienen para el segundo semestre, de 5.755 millones de euros. Pero han bastado, según fuentes del Ejecutivo, para crear una “punta de tesorería” que ha puesto patas arriba el calendario de pagos. Fuentes conocedoras de la situación de las finanzas catalanas se lamentaban ayer, además, de que muchos de esos vencimientos corresponden a créditos a muy corto plazo, incluso de seis meses, que se pidieron en crisis de liquidez anteriores. “La historia se repite y la bola se va haciendo grande”, admitieron.
Abocada a acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la Generalitat busca ahora fórmulas para poder pagar “en los próximos días o semanas” las nóminas de centros asistenciales que han quedado sin abonar. Fuentes del Gobierno explicaron que la Generalitat ha pedido una línea de liquidez del ICO para vencimientos de 442 millones de euros, de los cuales una parte está autorizada. Ese dinero daría oxígeno para hacer frente a lo que quedará pendiente de julio. El Ejecutivo catalán recordó, además, que el mes que viene los vencimientos son menores, lo cual dará más margen para otras obligaciones, y agregaron que el departamento dirigido por Andreu Mas-Colell busca “constantemente” fondos.
CC OO y UGT advirtieron ayer en un comunicado conjunto que el retraso de los pagos al sector de los servicios sociales no puede usarse como pretexto para rebajar las condiciones laborales de un colectivo que trabaja en condiciones “precarias”. Los sindicatos recordaron, además, que el sector ya estaba tocado por los recortes sociales de los sucesivos planes de austeridad del Ejecutivo catalán, lo que pueden llevar a los centros asistenciales al “colapso absoluto”.
El sector social es el que más maltrecho saldrá de la decisión de la Generalitat de no abonar los fondos para los conciertos y teme que la situación pueda repetirse en septiembre. Ayer, sus representantes pidieron que sea Mas-Colell quien se comprometa a pagar en agosto y cargaron contra la prioridad en los pagos de la Administración. Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) —que agrupa a 500 entidades y mil centros—, lamentó que sus asociados no hayan conseguido apoyo de los bancos para superar este bache. “Las entidades bancarias no están a nuestro lado en momentos tan delicados. ¡Y encima son los primeros en cobrar!”, se quejó.
El sector alertó de que el impago pone en jaque a muchas de las 7.500 entidades sociales y hace peligrar las nóminas de entre 50.000 y 100.000 trabajadores. La mayoría de las organizaciones del sector —muy atomizado, con decenas de asociaciones y federaciones— admitieron que para garantizar la continuidad del servicio deberán apelar a la vocación de servicio de sus empleados porque no podrán pagar todas las nóminas.
En una situación especialmente delicada se halla la atención a la infancia. El 80% de los centros de menores tutelados son concertados y dependen exclusivamente de la aportación económica de la Generalitat. “No podemos recurrir a nadie más, porque no hay familias para pedir ayuda: son niños desamparados cuya tutela está en manos de la Generalitat”, dijo Sonia Martínez, directora de la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la Adolescencia. Desde la Federación Catalana de Drogodependientes, su vicepresidenta, Mercè Cervantes, abundó en que los 67 euros por persona y día que paga la Generalitat no da para el tratamiento y la residencia de los pacientes y el sueldo del personal. Estas entidades se nutren también de fondos públicos, después de que el grueso de la gente a la que asiste se quedara sin ingresos por el recorte a la renta mínima de inserción. La patronal de los discapacitados intelectuales (Dincat), que atiende a 31.000 usuarios, explicó que el 40% de las entidades solo podrá pagar el 80% de las nóminas, el 56% abonará sueldos gracias a recursos propios, y el resto ha tenido que pedir el amparo de la Generalitat para salir del pozo.
Los 60 hospitales de la Red Hospitalaria de Utilización Pública, a los que el Ejecutivo catalán abona cada mes la factura del concierto, garantizaron que pagarán las nóminas tirando de líneas de crédito, dejando de abonar deudas a proveedores o aplazando el pago de cuotas a la Seguridad Social. La patronal Unión Catalana de Hospitales reclamó a la Generalitat que asegure que en agosto cobrarán sin problema y que en septiembre, o a lo sumo en octubre, recibirán el dinero que se ha dejado a deber con los intereses de demora correspondientes, según explicó una portavoz de la entidad.
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