Compás de espera
La acción del Fondo y el BCE es un bálsamo para España e Italia, pero debe concretarse el jueves
El día decisivo será probablemente el jueves: una nueva subasta
española, con cuyos resultados podrá medirse mejor el grado de
convencimiento de los mercados en las palabras mágicas de Draghi o el
compromiso alemán, coincidirá con una nueva reunión del Consejo del BCE.
De ese consejo se espera alguna precisión sobre las acciones del Banco y
el Fondo y, por qué no, una declaración de que dicha acción será
rápida, puesto que, según Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo,
ya no hay tiempo para reflexionar. Si se cumpliera este escenario
óptimo (demorado casi hasta el último minuto) e Italia y España
obtuvieran el compromiso de una acción veloz, empezará a desatarse el
nudo de un coste asfixiante de refinanciación que atenaza a ambos
países.
Ahora bien, una acción como la que se preconiza requiere un pulso político y legal muy preciso para atar los cabos. Exige, por ejemplo, que la acción del Fondo esté respaldada ilimitadamente por el BCE; o aclaraciones complementarias sobre si tal acción modificaría el memorándum del rescate bancario y, en caso afirmativo, cuáles serían los cambios requeridos. Pero sobre todo obliga a una aclaración política a los ciudadanos. Cualquier acción del Fondo de Rescate, en su modalidad actual o en la renovada, se producirá a petición del Gobierno interesado, en este caso España, si llega el caso; la petición implica una condicionalidad macroeconómica estricta, más amplia y general que la impuesta a cambio del rescate bancario; por tanto, una intervención del Fondo para comprar deuda equivaldría a una suerte de intervención de la economía española.
Intervención matizada o blanda, si se quiere, puesto que el Tesoro español no queda retirado de los mercados, y España no quedaría en la misma situación que Grecia, Irlanda o Portugal. Pero la política económica del país estaría teledirigida desde las autoridades económicas europeas y su grado de ejecución, estrechamente vigilado. Así debería explicarse.
Ahora bien, una acción como la que se preconiza requiere un pulso político y legal muy preciso para atar los cabos. Exige, por ejemplo, que la acción del Fondo esté respaldada ilimitadamente por el BCE; o aclaraciones complementarias sobre si tal acción modificaría el memorándum del rescate bancario y, en caso afirmativo, cuáles serían los cambios requeridos. Pero sobre todo obliga a una aclaración política a los ciudadanos. Cualquier acción del Fondo de Rescate, en su modalidad actual o en la renovada, se producirá a petición del Gobierno interesado, en este caso España, si llega el caso; la petición implica una condicionalidad macroeconómica estricta, más amplia y general que la impuesta a cambio del rescate bancario; por tanto, una intervención del Fondo para comprar deuda equivaldría a una suerte de intervención de la economía española.
Intervención matizada o blanda, si se quiere, puesto que el Tesoro español no queda retirado de los mercados, y España no quedaría en la misma situación que Grecia, Irlanda o Portugal. Pero la política económica del país estaría teledirigida desde las autoridades económicas europeas y su grado de ejecución, estrechamente vigilado. Así debería explicarse.
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