Ventajismo político
Un jefe de Estado no puede usar a su antojo el poder de exigir a las emisoras la conexión en cadena nacional
SOLEDAD CALÉS
Cuando se ve la televisión en algunos países de América Latina, de
repente se interrumpe la programación y la emisora pasa a transmitir de
manera conjunta con todas las que existen en el país en cuestión, a las
órdenes de un mandatario político. Si el espectador se encuentra en
Venezuela, obviamente se trata de Hugo Chávez, que ya no hace el
programa Aló presidente, pero suma 75 horas de transmisión en
“cadena nacional” en lo que va de año —además de 9 horas y 49 minutos
con motivo de la presentación de las cuentas de su mandato—. Y continúa
haciéndolo, sin importarle que el país haya entrado en periodo electoral
desde el 1 de julio, aprovechándose de sus prerrogativas para ordenar
la retransmisión en cadena.
Chávez es el caso más extremo, pero no el único. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también recurre con frecuencia a ese procedimiento. Además, dispone de un programa todos los sábados, Enlace ciudadano, que dura tres horas y se retransmite a través de medios de comunicación estatales y algunos privados.
Los argumentos de Chávez y de Correa son similares. Para el venezolano, el objetivo de la retransmisión conjunta es responder a lo que él llama “estrategia burguesa” de ocultar los logros de su Gobierno. Esta misma semana ha contestado a las protestas de la oposición confirmando que no piensa renunciar a sus potestades. El presidente ecuatoriano también lo explica por la necesidad de “desvirtuar las mentiras repetidas y orquestadas por ciertos medios de comunicación”. En relación con estos mandatarios, la argentina Cristina Fernández de Kirchner se comporta como una moderada: en ocho meses, solo ha obligado a las cadenas de su país a conectar 11 veces.
Que un jefe de Estado exija una programación idéntica en todo su país es comprensible en casos de emergencia nacional u otra circunstancia excepcional. Pero eso debe estar regulado. Es un poder demasiado grande como para que el presidente lo use a su antojo a la hora de replicar a la oposición, refutar opiniones contrarias o jalear sus logros.
Chávez es el caso más extremo, pero no el único. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también recurre con frecuencia a ese procedimiento. Además, dispone de un programa todos los sábados, Enlace ciudadano, que dura tres horas y se retransmite a través de medios de comunicación estatales y algunos privados.
Los argumentos de Chávez y de Correa son similares. Para el venezolano, el objetivo de la retransmisión conjunta es responder a lo que él llama “estrategia burguesa” de ocultar los logros de su Gobierno. Esta misma semana ha contestado a las protestas de la oposición confirmando que no piensa renunciar a sus potestades. El presidente ecuatoriano también lo explica por la necesidad de “desvirtuar las mentiras repetidas y orquestadas por ciertos medios de comunicación”. En relación con estos mandatarios, la argentina Cristina Fernández de Kirchner se comporta como una moderada: en ocho meses, solo ha obligado a las cadenas de su país a conectar 11 veces.
Que un jefe de Estado exija una programación idéntica en todo su país es comprensible en casos de emergencia nacional u otra circunstancia excepcional. Pero eso debe estar regulado. Es un poder demasiado grande como para que el presidente lo use a su antojo a la hora de replicar a la oposición, refutar opiniones contrarias o jalear sus logros.
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