sábado, 29 de septiembre de 2012

Ego me absolvo

Ego me absolvo

Las disculpas de Nick Clegg por incumplir el programa electoral destilan aroma propagandístico

La petición de perdón no basta para cambiar la voluntad popular

Clegg aspira a revalidar su liderazgo entre los liberales. / REUTERS

Ante una puerta blanca y una cristalera abierta sobre un jardín luminoso, de pie y sin corbata, el viceprimer ministro británico y líder del Partido Liberal, Nick Clegg, se dirige a los ciudadanos de su país en un vídeo de dos minutos y medio de duración. La puesta en escena evita la solemnidad de las grandes ocasiones, pero contrasta con el gesto serio y las palabras graves y escrupulosamente moduladas, sin un titubeo ni un error, que va pronunciando el viceprimer ministro. La primera frase produce desconcierto. “Quiero aprovechar esta oportunidad”, dice Clegg, “para aclarar algunos asuntos”. La atención del espectador queda atrapada en el final, atraída por el suspense que desencadena la mención a esos asuntos que serán puestos en claro, y se desentiende del principio. Sin embargo, el principio de la frase podría resultar tanto o más significativo que el final. Porque, ¿cuál es esa oportunidad a la que se refiere Clegg y de la que dice que se dispone a aprovechar? No se trata de una cita institucional ni tampoco de un gran mitin de su partido. Ni siquiera de una entrevista en un medio de comunicación independiente, fijada de antemano. En realidad, la oportunidad no es sobrevenida sino creada; no es una cita cogida al vuelo para trasladar un mensaje sino escenificada para poder hacerlo. Es, en resumidas cuentas, un vídeo de propaganda.
Si el vídeo de propaganda de un partido político se ha convertido en noticia internacional pese a ser solo eso, uno más de los innumerables vídeos de propaganda que ponen en circulación los partidos políticos, es por la singularidad de su contenido. Nick Clegg no aparece enumerando los éxitos alcanzados durante su etapa como viceprimer ministro en el Gobierno de coalición con los conservadores de David Cameron, ni formulando más promesas que la de no repetir los errores cometidos. Para sorpresa general, Clegg pide perdón a los ciudadanos por no haber cumplido su programa electoral en un punto concreto, el rechazo a la subida de las tasas universitarias, que en el Reino Unido superan los 11.000 euros, y extrae las consecuencias para el futuro. No se deben hacer promesas electorales, dice el Clegg próximo y en mangas de camisa que aparece en el vídeo, hasta no tener la plena certeza de que se dispondrá de medios para sufragarlas. Como se espera de toda confesión, también en esta el reconocimiento de la culpa concluye con un propósito de enmienda. Clegg aspira a revalidar su liderazgo al frente del Partido Liberal, y a los efectos de esta intención importa más el propósito de enmienda que el reconocimiento de la culpa.
“La democracia exige explicar por qué
se hacen las cosas”,
dice un experto
En otros países que están padeciendo los rigores de la crisis y cuyos Gobiernos, como el británico, han incumplido puntos sustantivos de sus programas electorales, el gesto de Clegg ha servido a los partidos de oposición como modelo. También en España, donde el Partido Socialista ha articulado una parte de su estrategia de oposición en torno a la evidencia de que Mariano Rajoy está pasando por alto las promesas que le llevaron hasta La Moncloa. Y, sin embargo, las peticiones de perdón de los Gobiernos, o la exigencia de que lo pidan por parte de las fuerzas de oposición, quizá tenga menos que ver con un intento de moralizar la vida política que con una diferente apreciación de los efectos propagandísticos que puede tener un acto de contrición ante los electores. La alternativa no se presenta en abstracto, sino en un contexto crítico para la clase política en su conjunto, a la que los ciudadanos acusan, precisamente, de incumplir sus promesas.
Belén Barreiro, socióloga y directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas, considera que no todos los incumplimientos producen los mismos efectos ni las mismas reacciones en los ciudadanos. Depende de la naturaleza de las promesas y de las razones por las que han sido incumplidas. Para Barreiro, el incumplimiento de las promesas relacionadas con “políticas regulativas”, que no acarrean coste económico, suele ser severamente castigado por los ciudadanos. Otras promesas, relacionadas con la economía, se pueden revelar inviables debido a circunstancias sobrevenidas en tiempos de crisis. En el caso de estas promesas, “pedir perdón puede tener sentido”, puesto que responde a la necesidad de mostrar empatía con las consecuencias, muchas veces terribles, que ese cambio de circunstancias puede acarrear en la vida corriente de los ciudadanos. “Lo contrario de no pedir perdón”, asegura Barreiro, “sería tanto como gobernar con arrogancia”. Barreiro quiere introducir, con todo, un matiz en el caso del incumplimiento de las promesas electorales por parte del Partido Popular. Lo que los ciudadanos tienen dificultades para creer, asegura Barreiro, es que el Partido Popular no supiera que las circunstancias económicas impedían formular las promesas que incluyó en su programa. “Eso es lo que castigan ahora”, concluye.

Disculparse o exculparse

Nick Clegg se sintió forzado a pedir perdón por incumplir su programa electoral tras la decisión del Gobierno británico de coalición de casi multiplicar por tres el máximo anual de los costes de las matrículas hasta 9.000 libras (unos 11.000 euros) en Inglaterra y Gales. “No debería haberme comprometido a una política que era tan cara cuando no había dinero. Y menos cuando el modo más probable de llegar al Gobierno era en coalición con los laboristas o con los conservadores, que en ambos casos se habían comprometido a subir esas tasas”, declaró. “No hay un modo fácil de decir esto: hicimos una promesa y no la cumplimos, y, por eso, lo siento”.
La estrategia del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha sido bien distinta. Desde que tomó posesión de su cargo, en diciembre de 2011, ha incumplido, uno tras otro, los compromisos que adquirió con sus votantes. En contra de lo que dijo, ha subido el IVA y el IRPF, ha implantado el copago farmacéutico... “Hemos tomado medidas que en una situación normal no habría tomado. No teníamos alternativa si no queríamos colocarnos fuera de la realidad”, dijo durante su reciente entrevista en Televisión Española, donde tuvo que responder a las preguntas de cinco periodistas de los principales diarios. “Es verdad que no dije que iba a subir el IVA y el IRPF, pero eso son cosas que se pueden recuperar, y de hecho los bajaré en cuanto pueda, aún queda mucha legislatura. En cualquier caso esto no son ocurrencias, son cosas imprescindibles. Es que a mí nadie me dijo que el déficit se iba a ir a 90.000 millones y no 60.000 como estaba previsto. Si pudiera disponer de esos 30.000 millones las cosas serían diferentes”. ¿Y si ha hecho lo contrario de lo que anunció, no tendría sentido plantear una cuestión de confianza?, le preguntaron. “Eso no tiene ningún sentido en estos momentos”.
Una cosa son los efectos electorales que puede producir una petición de perdón y otra, sin embargo, sus consecuencias sobre el sistema democrático. Para Julián Santamaría, catedrático emérito de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es difícil predecir el comportamiento de los electores ante una petición de perdón por parte de los gobernantes que no han cumplido sus promesas; depende de los casos y depende, también, de la habilidad de los gobernantes. Por lo que respecta al sistema democrático, la reflexión tiene que ser más amplia, más general. “Se está insistiendo tanto en la eficiencia, en el hecho de que lo que se promete debe ser cumplido”, afirma Santamaría, “que se está perdiendo de vista que el sistema democrático exige, sobre todo, explicar por qué se hacen o se dejan de hacer las cosas”. En su opinión, pedir perdón carece de sentido si los dirigentes políticos no explican las razones que hay detrás de los incumplimientos de sus promesas. Y aquí enlaza con uno de los argumentos de Barreiro. No es lo mismo incumplir promesas por el coste electoral que pueda suponer llevarlas a cabo, que hacerlo porque se han producido circunstancias sobrevenidas. También introduce un matiz en el caso del Partido Popular: no estaría incumpliendo promesas, sino renunciando a principios políticos que ha defendido hasta ahora. Santamaría pone el ejemplo del IVA. Prometieron no subirlo y lo han subido. Pero, además, prometieron no hacerlo porque, según su planteamiento, “era un disparate subir los impuestos en situación de recesión”. No es solo una promesa incumplida; es también un principio político al que se ha renunciado.
Un gobernante democrático pide perdón y después, ¿qué? Si la respuesta es nada, como si en la petición ya se diera por descontado el perdón, Santamaría estima entonces que estos gestos “se convierten en una ridiculez”. El sistema democrático dispone de mecanismos que deberían entrar en funcionamiento cuando se producen graves incumplimientos de un programa, bien porque fue elaborado con intención oportunista o bien porque respondía a una incorrecta evaluación de las posibilidades de actuación. Con o sin petición de perdón, existe una responsabilidad política que exige ser sustanciada para preservar la credibilidad de las instituciones. Barreiro señala que no existen instrumentos públicos e integrados en el sistema democrático para evaluar objetivamente los incumplimientos de un partido en el Gobierno, y que esta carencia priva muchas veces a los ciudadanos de una información necesaria para decidir el sentido de su voto. Existen, sin embargo, incumplimientos que son flagrantes, y que, aunque no existan esos instrumentos, no están condenados a quedar sin respuesta en el sistema democrático. Podría darse el caso de que las peticiones de perdón por parte de los dirigentes políticos sirvan de coartada para escamotear la respuesta. En los casos más extremos, la imposibilidad de cumplir un programa debería, en principio, llevar a la convocatoria de elecciones para que los ciudadanos respaldaran el nuevo. En otros casos, bastaría con una remodelación de Gobierno. Si pedir perdón se plantea como una alternativa a estas u otras respuestas, que no forman parte de las leyes pero sí de los usos políticos democráticos, se multiplica el riesgo de que se ignore la voluntad de los ciudadanos y de que, por tanto, crezca la distancia entre ellos y los representantes electos.
El PP renuncia a sus principios: no subir el IVA fue el eje de su campaña
El filósofo Vladimir Jankélévitch publicó en 1967 un ensayo titulado, precisamente, El perdón. La reflexión que desarrolla Jankélévitch no se refiere al hecho de pedirlo sino al de concederlo, y el plano en el que la sitúa nada tiene que ver con la política. Sí ayuda, en cambio, a comprender las diferentes consecuencias que, en el ámbito de la política, puede tener el perdón. Cuando, recién liberado, Nelson Mandela declaró que perdonaba a sus carceleros abrió, mediante ese gesto, la posibilidad de una reconciliación en Sudáfrica y el establecimiento de un régimen político en el que la raza no determinara los derechos y los deberes de los ciudadanos. Pero, si en vez de haber sido Mandela quien concedió el perdón, hubieran sido sus carceleros quienes se lo hubieran pedido, el resultado no habría sido automática ni necesariamente el mismo. Habría dependido de la decisión de Mandela de concedérselo o no, puesto que, como escribe Jankélévitch, el perdón, “el verdadero perdón, al margen de toda legalidad, es un don gracioso del ofendido al ofensor”. Por descontado, los ciudadanos que han votado por un partido que acaba incumpliendo sus promesas no se encuentran con respecto a él en la misma relación que Mandela con sus carceleros. Pero, por la misma razón, tampoco los dirigentes de ese partido en relación con los ciudadanos que le han votado, y sus peticiones de perdón no pueden sustituir a las respuestas políticas.
“Si hemos perdido su confianza”, acaba diciendo Nick Clegg en el vídeo en el que se disculpa ante los ciudadanos por haber incumplido sus promesas respecto a las tasas universitarias, “espero que comencemos a recuperarla”. Según ha llegado a saberse por el propio Partido Liberal, los asesores de imagen estaban en contra de que Clegg grabara y difundiera este vídeo, quien adoptó la decisión personalmente y contra los consejos que recibía. Aún así, son los miembros del Partido Liberal quienes primero decidirán si lo perdonan y, a continuación, todos los ciudadanos, una vez que se convoquen elecciones en el Reino Unido y Clegg repita o no como candidato.

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