Cataluña examina el plan soberanista de Artur Mas
La victoria de CiU en las elecciones de hoy se da por descontada
El presidente necesita mayoría absoluta para mantener intacto el pulso por la autodeterminación
Miquel Noguer
Barcelona
25 NOV 2012 - 14:03 CET740
Los candidatos a las elecciones que se celebran hoy en Cataluña. Foto Joan Sánchez
Solo dos años después de las elecciones que dieron la presidencia de la Generalitat a Artur Mas, los catalanes vuelven hoy a las urnas. Lo hacen con la seguridad de que Convergència i Unió
saldrá victoriosa pese a haber firmado los recortes sociales más duros
que se han visto en cualquier comunidad autónoma. La pregunta que se va a
dilucidar esta noche es si también ganará su líder, Artur Mas. La
personalísima apuesta del presidente catalán para que Cataluña emprenda
la vía soberanista, con consulta de autodeterminación incluida,
dependerá de la ventaja que el nacionalismo conservador logre sobre sus
inmediatos rivales. Mas convocó las elecciones para lograr la mayoría
absoluta que él prefiere llamar “mayoría excepcional”. Por poco que se
aleje de este resultado, la victoria será tan amarga como peligrosa para
la estabilidad interna de CiU.
A Mas le gusta situar el inicio de esta convocatoria electoral en la multitudinaria manifestación independentista que recorrió Barcelona el pasado 11 de septiembre; una marcha en la que no participó. Sin embargo, el entorno del presidente llevaba esbozando el adelanto electoral como mínimo medio año. La jugada era convocar elecciones una vez se viera que la demanda catalana de equiparar la financiación de la Generalitat a la del País Vasco o Navarra, el llamado pacto fiscal, naufragaba por la negativa de Mariano Rajoy. Pero en el calendario catalán no se esperaba que este desencuentro llegara antes del verano de 2013. La manifestación de la Diada precipitó los acontecimientos. CiU la había alentado desde las bases pero la realidad, cientos de miles de personas en la calle, desbordó sus previsiones y obligó a Mas a dar el paso tras dos reuniones con Rajoy, una pública —el 20 de septiembre— y otra, privada, unos días antes.
Mas hizo de la necesidad virtud. Hacía un año que las encuestas comenzaban a ser desfavorables para CiU, algo que solo quedaba maquillado por la profunda crisis del Partit dels Socialistes de Catalunya, que amenaza con eternizarse. Los recortes comenzaban a pasar factura entre las bases de CiU y ni si quiera el discurso de focalizar todas las culpas en “Madrid” consiguió tapar el malestar social, con manifestaciones casi a diario frente al Palau de la Generalitat. Entre los colectivos más agraviados están los funcionarios, que han visto reducidos sus ingresos hasta un 20% por los recortes de todas las administraciones.
La habilidad de Convergència i Unió ha sido subirse al carro del clamor soberanista expresado en la Diada y multiplicado por los medios de comunicación próximos a CiU. De las expresiones de rechazo a la manifestación proferidas por algunos dirigentes de CiU se pasó en pocos días a una adhesión absoluta. Hasta el punto de utilizar la manifestación como argumento principal para convocar las elecciones. Y no solo para esto, sino para orientar a Convergència i Unió hacia el soberanismo tras décadas de calculada ambigüedad.
Todo esto volvió a insuflar aire al proyecto nacionalista. Pocos días después de la manifestación las encuestas volvían a indicar la posibilidad de una mayoría absoluta para Convergència i Unió. De ahí a la convocatoria electoral anticipada había solo un paso. De todo esto apenas hace dos meses, pero la campaña electoral se ha hecho más dura de lo que preveía Convergència i Unió. Y no solo por el barrizal en que se ha convertido la recta final de la campaña con nuevas y dudosas acusaciones de corrupción. El soberanismo, el aire que inflaba el velamen convergente, con dirección a la mayoría absoluta ha tenido que lidiar con asuntos que CiU pretendía dejar de lado.
No es que los nacionalistas previeran no hablar de crisis ni de recortes, pero pensaban que todo este debate jugaría a su favor desviando cualquier responsabilidad al Gobierno de Mariano Rajoy, que no ha cumplido muchos de los compromisos económicos que tenía con la Generalitat.
La huelga general de la semana pasada significó un punto de inflexión en la campaña, como también lo ha sido el debate sobre los desahucios. La izquierda, especialmente Iniciativa y el Partit dels Socialistes, que se mueven con dificultades por el debate nacionalista han aprovechado para abrir el foco. Y se ha hablado, aunque poco, de que un 30% de los catalanes viven bajo riesgo de exclusión social, de que el Gobierno de CiU ha reducido un tercio el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción —420 euros— o de que el paro ha aumentado en 170.000 personas en dos años. Más desapercibido ha pasado el hecho de que la Generalitat se encuentra intervenida de facto al haber requerido más de 5.400 millones del fondo de rescate autonómico.
Está por ver si la izquierda podrá sacar rédito de esta situación. El Partit dels Socialistes sigue lamiéndose las heridas que le dejaron siete años de gobierno tripartito y que le ha desangrado electoralmente. Si las últimas encuestas vaticinan que Mas aspira a mantener el resultado de 2010, éstas también auguran un nuevo hundimiento socialista respecto a los ya pésimos resultados de entonces. El candidato del PSC, Pere Navarro, ha explotado al máximo el debate de los recortes y ha conseguido que Alfredo Pérez Rubalcaba haya defendido con cierto ahínco el proyecto federalista que propugna el PSC. El problema es que los socialistas catalanes siguen sin tener una voz única sobre el debate nacional, algo que los nacionalistas, y también el PP, explotan hasta la saciedad.
A la espera de conocer la profundidad del voto oculto, que esta vez también afecta al PSC, el Partido Popular aspira al hito de convertirse en segunda fuerza en Cataluña, no tanto por méritos propios como por el desgaste socialista. Su candidata, Alicia Sánchez Camacho se ha desmarcado hábilmente del aznarismo para pedir una financiación “justa” para Cataluña a base de poner límites a la solidaridad”. También pide dotar a Cataluña de una “autonomía diferencial”.
Los populares aseguran que esta vez no habrá pacto con Artur Mas para garantizar la gobernabilidad. Se han roto los puentes, dicen unos y otros. Es por eso que Mas tendrá que apoyarse en Esquerra Republicana si no tiene mayoría absoluta y quiere mantener el proyecto soberanista. La confrontación con el Gobierno de Mariano Rajoy está garantizada. Lo que se vota hoy es hasta qué punto.
A Mas le gusta situar el inicio de esta convocatoria electoral en la multitudinaria manifestación independentista que recorrió Barcelona el pasado 11 de septiembre; una marcha en la que no participó. Sin embargo, el entorno del presidente llevaba esbozando el adelanto electoral como mínimo medio año. La jugada era convocar elecciones una vez se viera que la demanda catalana de equiparar la financiación de la Generalitat a la del País Vasco o Navarra, el llamado pacto fiscal, naufragaba por la negativa de Mariano Rajoy. Pero en el calendario catalán no se esperaba que este desencuentro llegara antes del verano de 2013. La manifestación de la Diada precipitó los acontecimientos. CiU la había alentado desde las bases pero la realidad, cientos de miles de personas en la calle, desbordó sus previsiones y obligó a Mas a dar el paso tras dos reuniones con Rajoy, una pública —el 20 de septiembre— y otra, privada, unos días antes.
Mas hizo de la necesidad virtud. Hacía un año que las encuestas comenzaban a ser desfavorables para CiU, algo que solo quedaba maquillado por la profunda crisis del Partit dels Socialistes de Catalunya, que amenaza con eternizarse. Los recortes comenzaban a pasar factura entre las bases de CiU y ni si quiera el discurso de focalizar todas las culpas en “Madrid” consiguió tapar el malestar social, con manifestaciones casi a diario frente al Palau de la Generalitat. Entre los colectivos más agraviados están los funcionarios, que han visto reducidos sus ingresos hasta un 20% por los recortes de todas las administraciones.
La habilidad de Convergència i Unió ha sido subirse al carro del clamor soberanista expresado en la Diada y multiplicado por los medios de comunicación próximos a CiU. De las expresiones de rechazo a la manifestación proferidas por algunos dirigentes de CiU se pasó en pocos días a una adhesión absoluta. Hasta el punto de utilizar la manifestación como argumento principal para convocar las elecciones. Y no solo para esto, sino para orientar a Convergència i Unió hacia el soberanismo tras décadas de calculada ambigüedad.
Todo esto volvió a insuflar aire al proyecto nacionalista. Pocos días después de la manifestación las encuestas volvían a indicar la posibilidad de una mayoría absoluta para Convergència i Unió. De ahí a la convocatoria electoral anticipada había solo un paso. De todo esto apenas hace dos meses, pero la campaña electoral se ha hecho más dura de lo que preveía Convergència i Unió. Y no solo por el barrizal en que se ha convertido la recta final de la campaña con nuevas y dudosas acusaciones de corrupción. El soberanismo, el aire que inflaba el velamen convergente, con dirección a la mayoría absoluta ha tenido que lidiar con asuntos que CiU pretendía dejar de lado.
No es que los nacionalistas previeran no hablar de crisis ni de recortes, pero pensaban que todo este debate jugaría a su favor desviando cualquier responsabilidad al Gobierno de Mariano Rajoy, que no ha cumplido muchos de los compromisos económicos que tenía con la Generalitat.
La huelga general de la semana pasada significó un punto de inflexión en la campaña, como también lo ha sido el debate sobre los desahucios. La izquierda, especialmente Iniciativa y el Partit dels Socialistes, que se mueven con dificultades por el debate nacionalista han aprovechado para abrir el foco. Y se ha hablado, aunque poco, de que un 30% de los catalanes viven bajo riesgo de exclusión social, de que el Gobierno de CiU ha reducido un tercio el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción —420 euros— o de que el paro ha aumentado en 170.000 personas en dos años. Más desapercibido ha pasado el hecho de que la Generalitat se encuentra intervenida de facto al haber requerido más de 5.400 millones del fondo de rescate autonómico.
Está por ver si la izquierda podrá sacar rédito de esta situación. El Partit dels Socialistes sigue lamiéndose las heridas que le dejaron siete años de gobierno tripartito y que le ha desangrado electoralmente. Si las últimas encuestas vaticinan que Mas aspira a mantener el resultado de 2010, éstas también auguran un nuevo hundimiento socialista respecto a los ya pésimos resultados de entonces. El candidato del PSC, Pere Navarro, ha explotado al máximo el debate de los recortes y ha conseguido que Alfredo Pérez Rubalcaba haya defendido con cierto ahínco el proyecto federalista que propugna el PSC. El problema es que los socialistas catalanes siguen sin tener una voz única sobre el debate nacional, algo que los nacionalistas, y también el PP, explotan hasta la saciedad.
A la espera de conocer la profundidad del voto oculto, que esta vez también afecta al PSC, el Partido Popular aspira al hito de convertirse en segunda fuerza en Cataluña, no tanto por méritos propios como por el desgaste socialista. Su candidata, Alicia Sánchez Camacho se ha desmarcado hábilmente del aznarismo para pedir una financiación “justa” para Cataluña a base de poner límites a la solidaridad”. También pide dotar a Cataluña de una “autonomía diferencial”.
Los populares aseguran que esta vez no habrá pacto con Artur Mas para garantizar la gobernabilidad. Se han roto los puentes, dicen unos y otros. Es por eso que Mas tendrá que apoyarse en Esquerra Republicana si no tiene mayoría absoluta y quiere mantener el proyecto soberanista. La confrontación con el Gobierno de Mariano Rajoy está garantizada. Lo que se vota hoy es hasta qué punto.
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