Condenados en Bolivia cinco jefes militares y dos exministros por la matanza de 2003
Las acusaciones se refieren a la represión de las protestas populares contra la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia condenó ayer con penas de entre tres a 15 años a dos exministros y cinco exjefes militares por su responsabilidad en la matanza de decenas de civiles en las ciudades de La Paz y El Alto en 2003. En octubre de ese año, el Ejército reprimió las protestas populares contra la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos. Los incidentes, conocidos como "octubre negro", se saldaron con 64 muertos y 500 heridos por la represión militar contra los manifestantes.
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años. Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
La revuelta estalló durante el segundo mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), que se vio forzado a abandonar el Gobierno. Sánchez de Lozada renunció a la continuidad de su segundo mandato (ya había gobernado entre 1993 y 1997) y abandonó Bolivia para irse a Estados Unidos, donde actualmente reside. Desde entonces Bolivia ha solicitado en reiteradas ocasiones a EE UU la extradición del ex presidente para juzgarle por esta matanza, entre otros delitos.
Durante la llamada "guerra del gas" se reavivó un período de crisis social y política, derivado en protestas que exigían la nacionalización de los hidrocarburos. Las protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes regiones del país. En la movilización popular destacó el líder indígena Evo Morales, por aquel entonces dirigente sindical cocalero de Cochabamba, que salió reforzado politicamente y en 2005 ganó las elecciones presidenciales de Bolivia.
"Se ha hecho justicia con las víctimas"
El proceso judicial contra los militares y ex ministros comenzó ese mismo mes de octubre de 2003. Apenas un año después el Congreso autorizó la celebración de un juicio, donde han declarado unos 320 testigos, entre ellos ex presidentes, ex viceministros y otras autoridades bolivianas.
La Fiscalía General, que había solicitado una condena de 25 años de cárcel para los militares, gestiona también la extradición de otros siete exministros que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, pero los trámites no han prosperado. El juicio para ellos quedó en suspenso hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
El fiscal general, Mario Uribe, expresó su satisfacción porque consideró que "se ha hecho justicia con las 64 personas fallecidas y más de 450 heridos". "Es importante la sentencia para el Ministerio Público porque permite seguir trabajando para que el resto de los acusados se hagan presentes ante la justicia boliviana y sean procesados en juicio oral para la imposición de la pena respectiva", agregó.
En declaraciones a la radio estatal, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, Denis Racicot, destacó la conclusión del juicio y agregó que será importante "insistir en cuanto a la próxima etapa para que haya reparación para las víctimas de estos hechos trágicos". Los siete condenados cumplirán la pena en la cárcel de San Roque, ubicada en Sucre, según informa la Agencia Boliviana de Información (ABI).
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