martes, 7 de febrero de 2012

Madrid: empleados contra los recortes.

Los empleados públicos salen a la calle contra los recortes de Aguirre
Unas 20.000 personas protestan por la ampliación de jornada y la reducción de sueldo en las bajas


Después de más de un mes de movilizaciones y concentraciones frente a sus lugares de trabajo, unos 20.000 empleados públicos de Madrid se han manifestado por las calles de la capital convocados por CC OO, UGT, CSIF y CSIT-UP. Bajo el lema Lo público es de todos. ¡No a los recortes!, los asistentes han protestado contra los recortes que el Gobierno regional incluyó en la Ley de acompañamiento de los presupuestos antes de Navidad. La marcha arranó a las seis y media de la tarde en la plaza de Neptuno y concluyó en la Puerta del Sol.

La protesta, que obligó a modificar el itinerario de 25 líneas de la EMT, fue muy heterogénea y tuvo varias cabeceras, ya que se sumaron maestros, bomberos con su uniforme -está prohibido-, policías de paisano con prótesis en el trasero y lemas como Nos han dejado con el culo al aire, agentes forestales, funcionarios de justicia, sanitarios, empleados de Metro... En las pancartas se vieron también ecos del 15-M y de su No nos representan. Algunos bomberos escalaron al andamio de la fachada de Alcalá 22, en obras, donde descolgaron una pancarta con el lema Bomberos quemados.

Manglano habla de huelga "política"
El consejero de Economía, Percival Manglano, ha declarado que los sindicatos "se equivocan gravemente al convocar huelgas políticas y no leer los resultados de las elecciones" y ha subrayado que las medidas que está tomando el Gobierno regional son "reformas", no recortes.

"Creemos que está plenamente justificada esta decisión en las circunstancias actuales de grave crisis y de perspectivas que nos llevan a una nueva recesión", ha dicho tras presentar los datos de la economía madrileña de 2011. "Los españoles han votado para que los gobiernos pongan en marcha reformas y para que ayuden a relanzar la economía y eso es lo que está haciendo el Gobierno", ha dicho, para después insistir en el "carácter reaccionario de respuesta de los sindicatos a esta voluntad de reforma".

UGT Madrid ha corregido a Manglano, al que ha recordado que la convocatoria es "una manifestación" y no una huelga y que estas "no son políticas" sino laborales y contra la política de vulneración de derechos y de destrucción de empleo público. El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, también ha dicho que la manifestación es "injustificada y fuera de lugar" en plena crisis y en la que "todos debemos arrimar el hombro".


El malestar era palpable entre los asistentes. “Hemos perdido todo lo que habíamos ganado. Echan la culpa a la crisis y como consecuencia de eso, nos quitan los derechos. Ya no podemos ni ponernos enfermos”, criticaban dos profesoras de unos 45 años con sendas bufandas de la marea verde. “Pretenden privatizarlo todo. El que tenga dinero tendrá médico, como en Estados Unidos”, añadía una joven con la bata azul destinada al quirófano. “Pretendemos que no recorten lo público y habrá más movilizaciones”, afirmaba Laura García, una empleada del Gobierno regional.

Los empleados públicos desafiaron las bajas temperaturas de la capital portando carteles con lemas como Educar es invertir, No a los recortes y Recortes completos a reyes y clero. "Menos voluntarios, más bibliotecarios" fue otro de los lemas coreados en relación con la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de utilizar voluntarios en lugar de profesionales del sector. En la manifestación aprovecharon para repartir folletos contra los desahucios. También se recogieron firmas para frenar el cierre del centro de especialidades de Fuencarral previsto para el 1 de marzo.

La marcha fue tan multitudinaria que, mientras la cabecera llegaba a la Puerta del Sol, el final de la protesta estaba todavía en la plaza de Cibeles. Tuvieron que pasar más de 45 minutos para que los que cerraban la manifestación accedieran a la zona donde estaba instalado el escenario desde el que se leyó un manifiesto contra los recortes en el sector público. En el cielo, lucía una radiante luna llena.

Javier López, secretario general de CC OO de Madrid, definió la marcha como la "marea de mareas de todos los colores", en referencia a la marea verde protagonizada desde septiembre por los profesores madrileños y a la blanca que acaban de iniciar los sanitarios. "Espero que tome nota el Gobierno de Esperanza Aguirre de esta manifesación", destacó por su parte el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, informa Efe.

Son dos las decisiones que han enfurecido a los empleados públicos, informan Pilar Álvarez y Elena G. Sevillano. Por un lado, el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, que según cálculos de EL PAÍS podría suponer la pérdida de 8.000 empleos al dejar de cubrirse esas horas con personal interino o eventual. Se trata de una estimación grosso modo resultante de dividir la ampliación de horas al año (12 millones) entre la jornada anual laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales: 1.533 horas. El resultado es el equivalente a la jornada completa de 7.827 trabajadores en un año. Según los sindicatos, supondrá la pérdida de 11.000 empleos: 5.000 puestos en sanidad, 3.000 en educación y otros 3.000 en el resto de la función pública.

Y por otro, la penalización a los funcionarios y demás empleados públicos que se pongan enfermos y estén de baja. Esta medida, que la Comunidad de Madrid ha justificado en el ahorro, pero sobre todo en reducir el absentismo -algo que nunca ha cuantificado-, provoca desigualdades entre las diferentes consejerías e incluso entre los centros de trabajo de los empleados. En algunos casos, dejarán de cobrar parte de su sueldo a partir del cuarto día de baja; en otros, a partir del cuarto mes; y finalmente habrá algunos que pierdan dinero a partir del séptimo mes.

La marcha es el colofón de toda una serie de movilizaciones y asambleas informativas que se han desarrollado en los centros de trabajo a lo largo del mes de enero contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -conocida como Ley de Acompañamiento o Ley Escoba- aprobada el pasado mes de diciembre y que contiene la ampliación de la jornada semanal y la penalización de las bajas.

Según el manifiesto elaborado por los convocantes de la manifestación, aprobar estas medidas en el marco de la Ley Escoba supone una "flagrante e intolerable invasión en el derecho a la negociación colectiva". "Todos estos recortes forman parte de la estrategia privatizadora de los servicios públicos que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre", sostiene el manifiesto.

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