El gran ajuste
Rajoy cumple las exigencias europeas en busca de una oportunidad para la economía española
El presidente del Gobierno anunció ayer un ajuste de grandes
proporciones con el que esquivar el rumbo al precipicio por el que se
encaminaba España desde hace demasiados años y que los errores de
política económica y la insuficiencia de las reformas financieras
intentadas no habían logrado evitar. Nadie puede asegurar que las
amargas y necesarias medidas anunciadas por Mariano Rajoy sean capaces
de evitar el desastre, pero sí suponen un conjunto de iniciativas que,
aunque tardías, configuran un verdadero plan cuyo éxito depende, en gran
parte, de que el Ejecutivo sea capaz de pactar con la oposición.
La economía española se estaba quedando sin posibilidades de financiarse ni de reducir el déficit público, lo cual condenaba al país a un grave deterioro económico y social. El proyecto anunciado ayer supone la voluntad de abordar la devaluación interna que los expertos creen indispensable —ya que es imposible devaluar la moneda común—, al precio de afectar la capacidad de compra y las retribuciones de millones de personas. A cambio de mejorar las perspectivas de estabilidad financieras, hay que contar también con los efectos recesivos de las medidas enunciadas por el jefe del Gobierno.
Este plan tiene su origen en las exigencias europeas para abordar la solución del principal problema de España, que es la deuda privada, que ha contaminado a la pública. Lo necesario y lo doloroso se habían convertido en inevitable. Se trata de repartir la carga entre los contribuyentes y el sector financiero. A los primeros, ya castigados por un Presupuesto restrictivo, se les exige una fuerte contribución impositiva en forma de tres puntos más en la tarifa general del IVA (18% a 21%) y otros dos puntos en la reducida (8% a 10%), apenas compensada por una reducción de cotizaciones sociales; junto con recortes del gasto público a base de reformas de la Administración, reducción de empresas públicas, disminución en la retribución a los funcionarios, recorte del seguro de desempleo y un hachazo del 30% en el número de concejales, entre otras medidas. Rajoy estima en 65.000 millones el monto del ajuste a conseguir en dos años y medio. Al tiempo que se carga ese fardo sobre las espaldas de la ciudadanía, se acomete una reforma financiera que pasa por apartar los activos tóxicos de los bancos y colocarlos en una estructura que debería ser operativa en unos meses.
La rectificación de Rajoy se produjo en el Congreso de los Diputados, lo cual representa otro cambio político básico. El Gobierno había ninguneado a la Cámara en asuntos como el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, despachado en su día con un debate de un par de horas. No hay que llamarse a engaño: da toda la impresión de que el Gobierno acude al Congreso porque no le queda otro remedio. No solo por la tradicional comparecencia después de cada reunión del Consejo Europeo, sino para ampliar la legitimidad de la que dispone en la decisión y gestión de la catarata de medidas anunciadas, en general problemáticas para el nivel de vida de las clases media y trabajadora. Era de todo punto imposible llevarlas adelante con la simple exhibición de la mayoría absoluta, el método utilizado hasta ahora para justificar las actuaciones unilaterales.
Más allá de socializar algunos de los datos más negativos de la economía y de preparar el terreno al fuerte ajuste, no cabe duda de que España ha llegado a una situación tal que no saldrá adelante sin ciertos consensos. Era de todo punto irregular, desde la defensa del sistema democrático, que un Gobierno se empeñara en bloquear a la representación de los españoles, so pretexto de crisis económica: el debate era obligado, precisamente a causa de ella. En la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba y Rosa Díez aceptaron el guante. Primero, con actitudes más moderadas de la que en su día observó el PP frente a las subidas de impuestos, recorte de retribuciones de funcionarios y congelación de pensiones adoptadas por el anterior Gobierno socialista. Y después, insistiendo en la necesidad de un pacto. Consciente de la gravedad del momento, Pérez Rubalcaba lo hizo no sin dejar claro que de entrada se opone a subir el IVA y sugiriendo un ataque más decidido al fraude y la implantación de un impuesto a las grandes fortunas. El PSOE y otros grupos se declaran también contrarios a la rebaja de la prestación por desempleo.
Rajoy no contestó a la oferta de Rubalcaba de abordar juntos un plan para 2013-2015, aunque en su intervención inicial reconoció que esto no lo puede resolver “un gobierno en solitario”. El futuro de posibles consensos sigue en el aire, pero a corto plazo conviene que los dos apoyen la reforma del sistema bancario. Otra cuestión de calado es la reducción de la autonomía financiera de España y la transferencia de soberanía que, de hecho, se está produciendo hacia ciertas instituciones europeas, a cambio de apoyo financiero y facilidades para el cumplimiento del objetivo de déficit. Los bancos, como destinatarios del rescate aprobado por el Eurogrupo, y la política económica en general quedan sometidos a la estricta vigilancia de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional). Perder autonomía y transferir soberanía no es algo que deba decidir unilateralmente un Gobierno, porque compromete al conjunto del país.
La otra gran pregunta es cuáles serán las consecuencias en la sociedad española. Las reformas propuestas por Rajoy son contrarias a los compromisos electorales adquiridos en noviembre pasado. Pero la gestión de la crisis desarrollada hasta la fecha no tenía credibilidad, y de ahí la desconfianza generada entre los inversores y las autoridades europeas. La combinación de tan importantes factores le ha obligado a una rectificación de sus propósitos. Debería completarla con una evaluación crítica del desempeño del titular del Ministerio de Hacienda y la designación de una cabeza del Ejecutivo que coordine la dispersión de mensajes y políticas: un vicepresidente económico.
Todo esto supone un desgaste enorme para Mariano Rajoy. Pero la sociedad española necesita ahora que sus dirigentes, en el Gobierno y en la oposición, establezcan los consensos indispensables para restablecer la confianza, en el bien entendido de que no todo depende de ellos, sino de que exista un verdadero proyecto tras la dureza de trato aplicada por las autoridades de la zona euro. Que la rectificación española sea tardía no implica que deba despreciarse, sino tratar de convertirla en una oportunidad.
La economía española se estaba quedando sin posibilidades de financiarse ni de reducir el déficit público, lo cual condenaba al país a un grave deterioro económico y social. El proyecto anunciado ayer supone la voluntad de abordar la devaluación interna que los expertos creen indispensable —ya que es imposible devaluar la moneda común—, al precio de afectar la capacidad de compra y las retribuciones de millones de personas. A cambio de mejorar las perspectivas de estabilidad financieras, hay que contar también con los efectos recesivos de las medidas enunciadas por el jefe del Gobierno.
Este plan tiene su origen en las exigencias europeas para abordar la solución del principal problema de España, que es la deuda privada, que ha contaminado a la pública. Lo necesario y lo doloroso se habían convertido en inevitable. Se trata de repartir la carga entre los contribuyentes y el sector financiero. A los primeros, ya castigados por un Presupuesto restrictivo, se les exige una fuerte contribución impositiva en forma de tres puntos más en la tarifa general del IVA (18% a 21%) y otros dos puntos en la reducida (8% a 10%), apenas compensada por una reducción de cotizaciones sociales; junto con recortes del gasto público a base de reformas de la Administración, reducción de empresas públicas, disminución en la retribución a los funcionarios, recorte del seguro de desempleo y un hachazo del 30% en el número de concejales, entre otras medidas. Rajoy estima en 65.000 millones el monto del ajuste a conseguir en dos años y medio. Al tiempo que se carga ese fardo sobre las espaldas de la ciudadanía, se acomete una reforma financiera que pasa por apartar los activos tóxicos de los bancos y colocarlos en una estructura que debería ser operativa en unos meses.
La rectificación de Rajoy se produjo en el Congreso de los Diputados, lo cual representa otro cambio político básico. El Gobierno había ninguneado a la Cámara en asuntos como el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, despachado en su día con un debate de un par de horas. No hay que llamarse a engaño: da toda la impresión de que el Gobierno acude al Congreso porque no le queda otro remedio. No solo por la tradicional comparecencia después de cada reunión del Consejo Europeo, sino para ampliar la legitimidad de la que dispone en la decisión y gestión de la catarata de medidas anunciadas, en general problemáticas para el nivel de vida de las clases media y trabajadora. Era de todo punto imposible llevarlas adelante con la simple exhibición de la mayoría absoluta, el método utilizado hasta ahora para justificar las actuaciones unilaterales.
Más allá de socializar algunos de los datos más negativos de la economía y de preparar el terreno al fuerte ajuste, no cabe duda de que España ha llegado a una situación tal que no saldrá adelante sin ciertos consensos. Era de todo punto irregular, desde la defensa del sistema democrático, que un Gobierno se empeñara en bloquear a la representación de los españoles, so pretexto de crisis económica: el debate era obligado, precisamente a causa de ella. En la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba y Rosa Díez aceptaron el guante. Primero, con actitudes más moderadas de la que en su día observó el PP frente a las subidas de impuestos, recorte de retribuciones de funcionarios y congelación de pensiones adoptadas por el anterior Gobierno socialista. Y después, insistiendo en la necesidad de un pacto. Consciente de la gravedad del momento, Pérez Rubalcaba lo hizo no sin dejar claro que de entrada se opone a subir el IVA y sugiriendo un ataque más decidido al fraude y la implantación de un impuesto a las grandes fortunas. El PSOE y otros grupos se declaran también contrarios a la rebaja de la prestación por desempleo.
Rajoy no contestó a la oferta de Rubalcaba de abordar juntos un plan para 2013-2015, aunque en su intervención inicial reconoció que esto no lo puede resolver “un gobierno en solitario”. El futuro de posibles consensos sigue en el aire, pero a corto plazo conviene que los dos apoyen la reforma del sistema bancario. Otra cuestión de calado es la reducción de la autonomía financiera de España y la transferencia de soberanía que, de hecho, se está produciendo hacia ciertas instituciones europeas, a cambio de apoyo financiero y facilidades para el cumplimiento del objetivo de déficit. Los bancos, como destinatarios del rescate aprobado por el Eurogrupo, y la política económica en general quedan sometidos a la estricta vigilancia de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional). Perder autonomía y transferir soberanía no es algo que deba decidir unilateralmente un Gobierno, porque compromete al conjunto del país.
La otra gran pregunta es cuáles serán las consecuencias en la sociedad española. Las reformas propuestas por Rajoy son contrarias a los compromisos electorales adquiridos en noviembre pasado. Pero la gestión de la crisis desarrollada hasta la fecha no tenía credibilidad, y de ahí la desconfianza generada entre los inversores y las autoridades europeas. La combinación de tan importantes factores le ha obligado a una rectificación de sus propósitos. Debería completarla con una evaluación crítica del desempeño del titular del Ministerio de Hacienda y la designación de una cabeza del Ejecutivo que coordine la dispersión de mensajes y políticas: un vicepresidente económico.
Todo esto supone un desgaste enorme para Mariano Rajoy. Pero la sociedad española necesita ahora que sus dirigentes, en el Gobierno y en la oposición, establezcan los consensos indispensables para restablecer la confianza, en el bien entendido de que no todo depende de ellos, sino de que exista un verdadero proyecto tras la dureza de trato aplicada por las autoridades de la zona euro. Que la rectificación española sea tardía no implica que deba despreciarse, sino tratar de convertirla en una oportunidad.
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