Crimen y castigo
La condena de Munar fortacele el principio de que no hay impunidad frente a la corrupción
Los jueces que la han condenado aportan un razonamiento muy
interesante: le imponen cinco años y medio de cárcel, así como
inhabilitación absoluta por nueve años y seis meses, atendiendo al “plus
de antijuridicidad” que representa su conducta por el cargo que
ostentaba, el más alto dentro de la corporación, a la sazón el Consell
de Mallorca; y atendiendo, igualmente, “al contexto social que
desgraciadamente vivimos y al perjuicio real y efectivo que se ha
provocado al administrado, tanto en su vertiente económica como de la
necesaria confianza en sus autoridades en la administración de los
caudales públicos que, no obviemos, se conforman con los impuestos
ciudadanos”.
Corromperse o dejarse corromper no es un delito que tenga consecuencias sobre la vida o la integridad física, pero no puede ser considerado un delito menor. Durante demasiados años se ha rodeado de una comprensión excesiva a este gravísimo fenómeno, valorado simplemente como una fea costumbre inherente a la clase política. Grave error el haber dejado correr esta interpretación, que mancha a los políticos en su conjunto. La culpa es de los principales partidos con responsabilidades de Gobierno, principalmente el PP y el PSOE.
Estos no solo permitieron la corrupción de sus propios responsables en el archipiélago, especialmente en el caso del PP (Gabriel Cañellas se salvó de la cárcel por la prescripción del caso Soller, y Jaume Matas ha sido condenado recientemente), sino que hipervaloraron el voto de la minoría representada por Unió Mallorquina. Con tal de llegar al poder, fuera en el Gobierno de las islas, en el Consell de Mallorca o en el Ayuntamiento de Palma, el partido de Munar actuaba como bisagra que favorecía a unos u otros, sin problemas políticos o ideológicos, porque se trataba simplemente de hacerse con las parcelas de influencia que permitían controlar las arcas públicas y enriquecerse. La patente de corso concedida a Unió Mallorquina por parte del PP y del PSOE ha sido una de las mayores contribuciones al desprestigio general de la política en España.
Corromperse o dejarse corromper no es un delito que tenga consecuencias sobre la vida o la integridad física, pero no puede ser considerado un delito menor. Durante demasiados años se ha rodeado de una comprensión excesiva a este gravísimo fenómeno, valorado simplemente como una fea costumbre inherente a la clase política. Grave error el haber dejado correr esta interpretación, que mancha a los políticos en su conjunto. La culpa es de los principales partidos con responsabilidades de Gobierno, principalmente el PP y el PSOE.
Estos no solo permitieron la corrupción de sus propios responsables en el archipiélago, especialmente en el caso del PP (Gabriel Cañellas se salvó de la cárcel por la prescripción del caso Soller, y Jaume Matas ha sido condenado recientemente), sino que hipervaloraron el voto de la minoría representada por Unió Mallorquina. Con tal de llegar al poder, fuera en el Gobierno de las islas, en el Consell de Mallorca o en el Ayuntamiento de Palma, el partido de Munar actuaba como bisagra que favorecía a unos u otros, sin problemas políticos o ideológicos, porque se trataba simplemente de hacerse con las parcelas de influencia que permitían controlar las arcas públicas y enriquecerse. La patente de corso concedida a Unió Mallorquina por parte del PP y del PSOE ha sido una de las mayores contribuciones al desprestigio general de la política en España.
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