La desesperanza
En crisis como esta se pone a prueba la eficacia de los Estados de bienestar, que se habían considerado hasta ahora la mayor conquista de la humanidad en materia de ciudadanía social
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El presidente del Gobierno y el ministro de Economía han reiterado
que las medidas adoptadas en estos meses no tendrán apenas efecto
inmediato, sino en el largo plazo. No piensan como Keynes (no es
precisamente su economista favorito), que recomendaba subordinar lo
lejano al periodo corto (a largo plazo, todos estaremos muertos, decía),
puesto que “nuestro poder de predicción es tan pequeño que raramente es
prudente sacrificar un mal actual a una ventaja dudosa en el futuro”.
Supongamos —solo a nivel dialéctico— que los dirigentes del PP tuviesen razón y que los sacrificios de hoy son la base del bienestar de mañana. Ello no arregla el problema de los muertos y heridos graves que deja en la sociedad, por millones de personas, la política de brutales recortes. ¿Qué se hace con las víctimas de una austeridad indiscriminada, en forma de paro, empobrecimiento, exclusión...?
En crisis como esta se pone a prueba la eficacia de los Estados de
bienestar, que se habían considerado hasta ahora la mayor conquista de
la humanidad en materia de ciudadanía social. En dificultades tan agudas
es cuando los ciudadanos —por el hecho de serlo— precisan de una
protección más aguda.
Sin embargo, nos hemos dado de bruces con algunas limitaciones sobre las que se había reflexionado poco en los tiempos del crecimiento. Primero, la crisis fiscal del Estado: la arquitectura de los welfare es la de sociedades jóvenes demográficamente, muy distintas de las actuales, en las que el pacto intergeneracional funcionaba de otro modo más solidario.
Segundo, están construidos para dificultades económicas menos prolongadas que las de ahora; los sistemas de protección eran efectivos en el corto plazo, pero conforme la crisis se agudiza, centenares de miles de personas se van quedando al margen de los mismos (por ejemplo, los parados de larga duración que todos los meses han de abandonar el seguro de desempleo). De ese modo se va quebrando su universalidad, que era una de sus características centrales. Los efectos de la reforma laboral del PP —sin duda, la medida más nociva de todas las adoptadas— contribuirán a acentuar esa marginalidad; al tener efectos procíclicos, en los próximos meses se verán sus efectos, de un modo aún más tangible que hasta ahora.
La tercera limitación de los Estados de bienestar es su heterogeneidad. El sociólogo Gosta Esping-Andersen ha teorizado sobre los distintos modelos del mismo existentes en el mundo (corporativista, liberal, socialdemócrata) y su extensión. En el caso de España, a pesar de su avance en las etapas de Felipe González y Zapatero, el porcentaje del gasto social en relación con el gasto público total ha sido menor que en los principales países de nuestro entorno. Con las actuales dificultades parece difícil pronosticar una convergencia real, lo que genera todavía más debilidad entre afectados por las dificultades económicas y explica, en parte, su indignación.
Supongamos —solo a nivel dialéctico— que los dirigentes del PP tuviesen razón y que los sacrificios de hoy son la base del bienestar de mañana. Ello no arregla el problema de los muertos y heridos graves que deja en la sociedad, por millones de personas, la política de brutales recortes. ¿Qué se hace con las víctimas de una austeridad indiscriminada, en forma de paro, empobrecimiento, exclusión...?
Si los recortes solo dan resultado a largo plazo, ¿quién recoge a los muertos y heridos de la austeridad lineal?
Sin embargo, nos hemos dado de bruces con algunas limitaciones sobre las que se había reflexionado poco en los tiempos del crecimiento. Primero, la crisis fiscal del Estado: la arquitectura de los welfare es la de sociedades jóvenes demográficamente, muy distintas de las actuales, en las que el pacto intergeneracional funcionaba de otro modo más solidario.
Segundo, están construidos para dificultades económicas menos prolongadas que las de ahora; los sistemas de protección eran efectivos en el corto plazo, pero conforme la crisis se agudiza, centenares de miles de personas se van quedando al margen de los mismos (por ejemplo, los parados de larga duración que todos los meses han de abandonar el seguro de desempleo). De ese modo se va quebrando su universalidad, que era una de sus características centrales. Los efectos de la reforma laboral del PP —sin duda, la medida más nociva de todas las adoptadas— contribuirán a acentuar esa marginalidad; al tener efectos procíclicos, en los próximos meses se verán sus efectos, de un modo aún más tangible que hasta ahora.
La tercera limitación de los Estados de bienestar es su heterogeneidad. El sociólogo Gosta Esping-Andersen ha teorizado sobre los distintos modelos del mismo existentes en el mundo (corporativista, liberal, socialdemócrata) y su extensión. En el caso de España, a pesar de su avance en las etapas de Felipe González y Zapatero, el porcentaje del gasto social en relación con el gasto público total ha sido menor que en los principales países de nuestro entorno. Con las actuales dificultades parece difícil pronosticar una convergencia real, lo que genera todavía más debilidad entre afectados por las dificultades económicas y explica, en parte, su indignación.
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