Los funcionarios pierden la paga extra de Navidad y parte de los moscosos
El recorte supondrá ahorrar este año un 14% del gasto pendiente en sueldos públicos
El ajuste también rebajará el número de liberados sindicales
Concentración de trabajadores del Hospital La Paz contra los recortes regionales el pasado 11 de junio. / CRISTOBAL MANUEL
Las tijeras de los recortes del Gobierno
se han cebado con los funcionarios. El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ha anunciado que los funcionarios y altos cargos no cobrarán la
paga de Navidad en 2012, pero que los empleados públicos podrían
recuperar parte de la misma a través del fondo de pensiones a partir de
2015. Rajoy ha hecho este anuncio en su comparecencia ante el pleno del
Congreso para informar de los nuevos y duros ajustes económicos y en la que ha avanzado que se reducirá también el número de días de libre disposición de los funcionarios, los llamados moscosos.
Estas medidas se incluirán en un decreto ley que el Gobierno aprobará
este viernes y que entrarán en vigor el lunes, tras su publicación en el
BOE.
La supresión de la paga de Navidad a los funcionarios supondrá una rebaja de entre el 5% y 7% en su nómina bruta anual, ya que en la extra no se cobran los complementos del salario. Esta medida permitirá al Ejecutivo ahorrar de forma inmediata hasta un 14% del gasto pendiente en sueldos públicos (unos 4.000 millones de euros).
Rajoy, que se ha justificado en que no hay libertad para elegir hacer o no sacrificios, ha explicado que es necesario adoptar esta medida "excepcionalmente y dadas las circunstancias de la economía". Ha concretado que se aplicará a los altos cargos de la administración central, autonómica y local y ha pedido que a ella se sumen diputados y senadores. Está por determinar si esta medida de suspender la paga extra será aplicable también en los próximos dos años.
El jefe del Ejecutivo ha considerado necesaria una revisión integral de la función pública porque considera que el empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento. En este sentido, también ha adelantado que se rebajarán los liberados sindicales, se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores y se facilitará la movilidad de los empleados públicos.
Para justificar el tijeretazo, que se suma al recorte de sueldos del 5% de 2010 o a la ampliación de la jornada laboral anunciada en diciembre, el presidente ha recordado que la partida de sueldos y salarios de la Administración es una de las de mayor cuantía de los presupuestos y el número de empleados públicos ha crecido desde 2007 en 289.000 personas mientras que en el sector privado se han destruido 2,9 millones de empleo. En Cataluña, el Gobierno autonómico de CiU ya había aprobado una reducción salarial del 5%.
Hacienda ha convocado a los sindicatos por la tarde para la mesa de la función pública, donde se negocian los asuntos relativos a los funcionarios, y les informará de las nuevas medidas de ajuste. El sindicato CSI-F, que ya había advertido de que no descartaba medidas de presión, ha expresado su "indignación y oposición frontal" a los recortes y ha convocado protestas en julio y agosto , con paros parciales en todas las administraciones públicas, así como no descarta una huelga para septiembre. También estudiará acudir al Tribunal Constitucional, según ha declarado su presidente, Miguel Borra.
Además, según han avanzado los secretarios generales de UGT y CC OO, estos sindicatos se reunirán de urgencia para concretar el momento de las protestas en la calle, aunque ya barajan la semana del 21 como fecha probable.
El Gobierno llevaba varios días avisando de estos ajustes. Hace unas semanas el secretario de Estado, Antonio Beteta, aseguraba que el Gobierno adoptaría “cualquier medida antes que la reducción de salarios”. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó el lunes que se estudiaba ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios, cosa que al final no se ha hecho. En diciembre, el Gobierno ya elevó la jornada laboral de los funcionarios de 35 a 37,5 horas. Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral ya que los funcionarios asumirían tareas realizadas por estos.
La supresión de la paga de Navidad a los funcionarios supondrá una rebaja de entre el 5% y 7% en su nómina bruta anual, ya que en la extra no se cobran los complementos del salario. Esta medida permitirá al Ejecutivo ahorrar de forma inmediata hasta un 14% del gasto pendiente en sueldos públicos (unos 4.000 millones de euros).
Rajoy, que se ha justificado en que no hay libertad para elegir hacer o no sacrificios, ha explicado que es necesario adoptar esta medida "excepcionalmente y dadas las circunstancias de la economía". Ha concretado que se aplicará a los altos cargos de la administración central, autonómica y local y ha pedido que a ella se sumen diputados y senadores. Está por determinar si esta medida de suspender la paga extra será aplicable también en los próximos dos años.
El jefe del Ejecutivo ha considerado necesaria una revisión integral de la función pública porque considera que el empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento. En este sentido, también ha adelantado que se rebajarán los liberados sindicales, se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores y se facilitará la movilidad de los empleados públicos.
Para justificar el tijeretazo, que se suma al recorte de sueldos del 5% de 2010 o a la ampliación de la jornada laboral anunciada en diciembre, el presidente ha recordado que la partida de sueldos y salarios de la Administración es una de las de mayor cuantía de los presupuestos y el número de empleados públicos ha crecido desde 2007 en 289.000 personas mientras que en el sector privado se han destruido 2,9 millones de empleo. En Cataluña, el Gobierno autonómico de CiU ya había aprobado una reducción salarial del 5%.
Hacienda ha convocado a los sindicatos por la tarde para la mesa de la función pública, donde se negocian los asuntos relativos a los funcionarios, y les informará de las nuevas medidas de ajuste. El sindicato CSI-F, que ya había advertido de que no descartaba medidas de presión, ha expresado su "indignación y oposición frontal" a los recortes y ha convocado protestas en julio y agosto , con paros parciales en todas las administraciones públicas, así como no descarta una huelga para septiembre. También estudiará acudir al Tribunal Constitucional, según ha declarado su presidente, Miguel Borra.
Además, según han avanzado los secretarios generales de UGT y CC OO, estos sindicatos se reunirán de urgencia para concretar el momento de las protestas en la calle, aunque ya barajan la semana del 21 como fecha probable.
El Gobierno llevaba varios días avisando de estos ajustes. Hace unas semanas el secretario de Estado, Antonio Beteta, aseguraba que el Gobierno adoptaría “cualquier medida antes que la reducción de salarios”. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó el lunes que se estudiaba ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios, cosa que al final no se ha hecho. En diciembre, el Gobierno ya elevó la jornada laboral de los funcionarios de 35 a 37,5 horas. Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral ya que los funcionarios asumirían tareas realizadas por estos.
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