Doble debilidad
El recorte en dependencia logrará poco ahorro y desprotege a las familias más necesitadas
Se trata de un ajuste de cuantía relativa: se economizarán 285
millones de euros. Pero sus efectos pueden ser devastadores para decenas
de miles de familias en dificultades, que ahora se verán menos
asistidas. El recorte en la paga a los cuidadores —mujeres en su
mayoría— y dejar de cotizar por 180.000 de ellos no sería un drama si
los dependientes dispusieran de centros adecuados para ser atendidos. No
es así. Si en España hay tantas personas cuidando en casa a los
dependientes es porque hay un clamoroso déficit de plazas geriátricas,
que el nuevo derecho a la dependencia —instituido en 2006— no ha logrado
resolver en un escenario de profunda recesión. Es la doble debilidad de
la ley, demasiado joven y nacida en circunstancias tan adversas que ni
siquiera el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que la impulsó, la dejó
fuera de los recortes. En 2010 retiró la retroactividad de las ayudas
hasta un periodo máximo de seis meses. Ahora, Rajoy amplía el plazo a
dos años: 24 meses de burocracia, durante los cuales miles de familias
verán incluso morir a los suyos sin haber accedido a la asistencia
pública.
A estas alturas del calendario y a medida que el escenario económico global se deteriora, se podría afirmar que la ley de dependencia corre el riesgo de agonizar. Por la vía de los hechos, ese nuevo derecho instituido por el Gobierno socialista no solo recibe hachazos, sino que se ha ido reduciendo. Ya entra menos gente en el sistema que la que causa baja.
La Ley de Dependencia, que nació lastrada por la ausencia de previsión presupuestaria, prometía grandes beneficios sociales y un nuevo nicho de empleo. Lejos de su objetivo, ha supuesto sin embargo un cierto avance social. El Gobierno y algunas comunidades autónomas deberían haber sopesado mucho más una decisión tan antisocial. Ahora están más obligados que nunca a imprimir toda la eficacia posible a un sistema tan deficiente, que también se puede mejorar sin más aportación presupuestaria, como ha demostrado Castilla y León: una comunidad gobernada por el PP en la que, cruzando datos y optimizando recursos, se ha logrado una buena gestión cuyos resultados son menos lista de espera y mayor bienestar para sus ciudadanos.
A estas alturas del calendario y a medida que el escenario económico global se deteriora, se podría afirmar que la ley de dependencia corre el riesgo de agonizar. Por la vía de los hechos, ese nuevo derecho instituido por el Gobierno socialista no solo recibe hachazos, sino que se ha ido reduciendo. Ya entra menos gente en el sistema que la que causa baja.
La Ley de Dependencia, que nació lastrada por la ausencia de previsión presupuestaria, prometía grandes beneficios sociales y un nuevo nicho de empleo. Lejos de su objetivo, ha supuesto sin embargo un cierto avance social. El Gobierno y algunas comunidades autónomas deberían haber sopesado mucho más una decisión tan antisocial. Ahora están más obligados que nunca a imprimir toda la eficacia posible a un sistema tan deficiente, que también se puede mejorar sin más aportación presupuestaria, como ha demostrado Castilla y León: una comunidad gobernada por el PP en la que, cruzando datos y optimizando recursos, se ha logrado una buena gestión cuyos resultados son menos lista de espera y mayor bienestar para sus ciudadanos.
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