El Gobierno estudia quitar la paga extra de Navidad a los empleados públicos
El Ejecutivo informará mañana en la mesa de la función pública del nuevo real decreto
Incluirá "medidas urgentes" para reducir el gasto tras las recomendaciones de Bruselas
El CSI-F advierte de que tomará medidas de presión si se confirman los recortes
El Gobierno lleva varios días avisando de estos ajustes. El propio
ministro responsable, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que estudia ampliar
las horas de trabajo semanales de los funcionarios. “Lo que haremos es
asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente
en el sector privado”. El Gobierno ya elevó la jornada laboral de los
funcionarios en diciembre pasado, de 35 a 37,5 horas, cuando aprobó el
primer decreto de medidas para reducir el déficit.
Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral si los funcionarios asumen tareas realizadas por estos. La Administración pública estatal cuenta con 592.531 trabajadores, de estos 135.404 no tienen plaza de funcionarios. El gasto en nóminas (33.151 millones) es el primero en importancia para la Administración central. En este apartado, suprimir la paga extra de Navidad supondría un ahorro de unos 4.000 millones para las arcas del Estado.
En caso de que se confirmen estas medidas, CSI-F, que ya ha mostrado su rechazo a los planes del Gobierno en una reunión técnica celebrada esta mañana, ha avanzado que planteará medidas de presión. Esta central ya convocó en 2010 una huelga en el sector público contra la rebaja de sueldos (del 5% de media) del anterior Gabinete dirigido Rodríguez Zapatero. En la mesa de la función pública están presentes, junto a CSI-F, CC OO y UGT.
Para evitar los ajustes, el CSI-F ofreció hace más de un mes al Gobierno y al resto de partidos un pacto "para modernizar la Administración, preservando el sistema de servicios públicos", y la calidad en el empleo público.
Coincidiendo con el anuncio de la reunión de mañana, la patronal catalana de la pequeña y la mediana empresa, PIMEC, ha presentado un informe en el que asegura que el número de funcionarios ha aumentado en 140.000 entre 2007 y 2011. A este respecto, en un acto de partido, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó ayer el incremento en los últimos 10 años de los empleados públicos en 440.000 personas, un 20%. En su opinión, esta es "una situación que hay que encarar y tomar medidas" ya que el aumento "no es normal ni sostenible", aunque no precisó cuáles eran estas medidas.
Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral si los funcionarios asumen tareas realizadas por estos. La Administración pública estatal cuenta con 592.531 trabajadores, de estos 135.404 no tienen plaza de funcionarios. El gasto en nóminas (33.151 millones) es el primero en importancia para la Administración central. En este apartado, suprimir la paga extra de Navidad supondría un ahorro de unos 4.000 millones para las arcas del Estado.
En caso de que se confirmen estas medidas, CSI-F, que ya ha mostrado su rechazo a los planes del Gobierno en una reunión técnica celebrada esta mañana, ha avanzado que planteará medidas de presión. Esta central ya convocó en 2010 una huelga en el sector público contra la rebaja de sueldos (del 5% de media) del anterior Gabinete dirigido Rodríguez Zapatero. En la mesa de la función pública están presentes, junto a CSI-F, CC OO y UGT.
Para evitar los ajustes, el CSI-F ofreció hace más de un mes al Gobierno y al resto de partidos un pacto "para modernizar la Administración, preservando el sistema de servicios públicos", y la calidad en el empleo público.
Coincidiendo con el anuncio de la reunión de mañana, la patronal catalana de la pequeña y la mediana empresa, PIMEC, ha presentado un informe en el que asegura que el número de funcionarios ha aumentado en 140.000 entre 2007 y 2011. A este respecto, en un acto de partido, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó ayer el incremento en los últimos 10 años de los empleados públicos en 440.000 personas, un 20%. En su opinión, esta es "una situación que hay que encarar y tomar medidas" ya que el aumento "no es normal ni sostenible", aunque no precisó cuáles eran estas medidas.
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