Los nuevos rescates
Los plazos más largos para Grecia y Portugal confirman que debe moderarse la austeridad
La realidad revela los errores de forma más diáfana que la mejor
doctrina. Los primeros rescates a los países periféricos de la UE fueron
un desastre. La más clara demostración no es que incumplieran el
calendario de reducción del déficit público; el de su retorno al acceso a
los mercados financieros; el de estabilizar sus finanzas públicas y su
crecimiento. No. La prueba del nueve de que la primera generación de
rescates no funcionó es que se ha tenido que orquestar una segunda y aun
una tercera.
El caso griego es paradigmático —la troika está estudiando una nueva quita de la deuda que afectaría a acreedores públicos—. La UE tuvo que reconsiderar radicalmente en julio de 2011 los plazos de los créditos a Atenas —ampliándolos— y sus tipos de interés reduciéndolos. Ese rescate de segunda generación se está replanteando ahora, mediante la más que probable concesión de un periodo adicional de dos años para el cumplimento del objetivo de déficit. También se ha alargado un año el calendario de Portugal, como se flexibilizó con España —y probablemente deba volver a suceder—, aunque sin estar sometida a un rescate formal.
El doble yerro que está en la base de ese deficiente diseño es relativamente sencillo de describir; sirve, con variantes, tanto para el caso griego como para el portugués o el irlandés. Por un lado, el recorte del gasto público y el resto de medidas de austeridad extrema han demostrado tener un impacto muy limitado en el empeño de reducir el déficit por culpa de la pertinaz recesión, que achica la recaudación impositiva a mayor ritmo que el recorte de los gastos reequilibra el saldo presupuestario. Se necesita más tiempo. Por otro, las reformas estructurales en Estados con carencias de estructuras modernas —inspección de Hacienda, universalidad de los impuestos, moral fiscal, calidad de los registros— necesitan también periodos más largos de despliegue para acreditar su eficacia.
Lo cierto es que se ha perdido un tiempo precioso hasta que algunos países más prósperos, singularmente Alemania, se han autoconvencido de la necesidad de una mayor flexibilidad. Han llegado a ella no tanto por la preocupación generada por la violenta fractura social en países como Grecia, cuanto por los primeros indicios o evidencias de los perjuicios causados a la zona euro y a sus economías líderes. Con la agravante de que van ribeteadas de crisis políticas, y en algunos casos, de violencia, populismo, xenofobia e irrupción de movimientos de extrema derecha.
Pero no es momento de lamentar la leche derramada, sino de abrir compuertas para compensar el rigor indispensable con el estímulo necesario: la discusión presupuestaria de la Unión que ahora empieza para el próximo septenio es una ocasión inmejorable para aprender de los errores pasados. Si se pretende no repetirlos, hay que aumentar la flexibilidad, la generosidad de los programas comunes y las cuantías destinadas específicamente a la cohesión social y territorial.
El caso griego es paradigmático —la troika está estudiando una nueva quita de la deuda que afectaría a acreedores públicos—. La UE tuvo que reconsiderar radicalmente en julio de 2011 los plazos de los créditos a Atenas —ampliándolos— y sus tipos de interés reduciéndolos. Ese rescate de segunda generación se está replanteando ahora, mediante la más que probable concesión de un periodo adicional de dos años para el cumplimento del objetivo de déficit. También se ha alargado un año el calendario de Portugal, como se flexibilizó con España —y probablemente deba volver a suceder—, aunque sin estar sometida a un rescate formal.
El doble yerro que está en la base de ese deficiente diseño es relativamente sencillo de describir; sirve, con variantes, tanto para el caso griego como para el portugués o el irlandés. Por un lado, el recorte del gasto público y el resto de medidas de austeridad extrema han demostrado tener un impacto muy limitado en el empeño de reducir el déficit por culpa de la pertinaz recesión, que achica la recaudación impositiva a mayor ritmo que el recorte de los gastos reequilibra el saldo presupuestario. Se necesita más tiempo. Por otro, las reformas estructurales en Estados con carencias de estructuras modernas —inspección de Hacienda, universalidad de los impuestos, moral fiscal, calidad de los registros— necesitan también periodos más largos de despliegue para acreditar su eficacia.
Lo cierto es que se ha perdido un tiempo precioso hasta que algunos países más prósperos, singularmente Alemania, se han autoconvencido de la necesidad de una mayor flexibilidad. Han llegado a ella no tanto por la preocupación generada por la violenta fractura social en países como Grecia, cuanto por los primeros indicios o evidencias de los perjuicios causados a la zona euro y a sus economías líderes. Con la agravante de que van ribeteadas de crisis políticas, y en algunos casos, de violencia, populismo, xenofobia e irrupción de movimientos de extrema derecha.
Pero no es momento de lamentar la leche derramada, sino de abrir compuertas para compensar el rigor indispensable con el estímulo necesario: la discusión presupuestaria de la Unión que ahora empieza para el próximo septenio es una ocasión inmejorable para aprender de los errores pasados. Si se pretende no repetirlos, hay que aumentar la flexibilidad, la generosidad de los programas comunes y las cuantías destinadas específicamente a la cohesión social y territorial.
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