La Holanda de Sudamérica
El presidente de Uruguay pretende legalizar la producción y venta del cánnabis
MARCOS BALFAGÓN
La preocupación por los altos niveles de delincuencia ha llevado a
José Mujica, uno de los políticos más originales de la historia, a optar
por una decisión aparentemente ajena a este problema: legalizar la
producción y venta del cánnabis. El proyecto de ley se aprobó en junio y
ahora debe ser analizado y sancionado en el parlamento. El Ejecutivo
del exguerrillero tupamaro no solo pretende legalizar esta droga.
También quiere que el Estado se quede con el monopolio de su
comercialización —como antiguamente detentaba el Estado el del tabaco—,
lo que le permitiría controlar el negocio y, de paso, hacer caja.
Si esta iniciativa saliera adelante, Uruguay se convertiría en un país pionero que podría cargar de razón —o no— a los teóricos que defienden la legalización de las drogas, entre los que ya no solo hay exmandatarios. En abril, en la VI Cumbre de las Américas, se sumaron los presidentes en activo de Colombia, Guatemala y Costa Rica. Sus argumentos los ha utilizado ahora el ministro del Interior uruguayo Eduardo Bononi: hace más daño la delincuencia vinculada al mercado negro de la marihuana que su consumo.
Es una apuesta arriesgada, pero hay muchos detalles ya más que perfilados, como ha informado Le Monde. Se quieren habilitar 150 hectáreas de plantaciones para cubrir la demanda y adjudicar la gestión a una empresa privada, bajo estricto control estatal. Las pocas experiencias anteriores aconsejan prudencia. Así que, para no convertir Uruguay en centro sudamericano de peregrinación de la droga —como le ocurrió a Holanda—, el Gobierno de Mujica quiere imponer restricciones similares a las que se acaban de implantar en los coffeeshops. No se podrá despachar marihuana a los no uruguayos y estos solo podrán adquirir 30 gramos por persona y año.
Si la experiencia da resultado, Uruguay podría estar señalando el camino a países vecinos que se desangran por el narcotráfico y ni siquiera obtienen beneficio económico de lo que producen. El mercado del cánnabis en Uruguay —3,5 millones de habitantes— mueve, según el Gobierno, 58 millones de euros al año. Las cifras de los demás son más tentadoras.
Si esta iniciativa saliera adelante, Uruguay se convertiría en un país pionero que podría cargar de razón —o no— a los teóricos que defienden la legalización de las drogas, entre los que ya no solo hay exmandatarios. En abril, en la VI Cumbre de las Américas, se sumaron los presidentes en activo de Colombia, Guatemala y Costa Rica. Sus argumentos los ha utilizado ahora el ministro del Interior uruguayo Eduardo Bononi: hace más daño la delincuencia vinculada al mercado negro de la marihuana que su consumo.
Es una apuesta arriesgada, pero hay muchos detalles ya más que perfilados, como ha informado Le Monde. Se quieren habilitar 150 hectáreas de plantaciones para cubrir la demanda y adjudicar la gestión a una empresa privada, bajo estricto control estatal. Las pocas experiencias anteriores aconsejan prudencia. Así que, para no convertir Uruguay en centro sudamericano de peregrinación de la droga —como le ocurrió a Holanda—, el Gobierno de Mujica quiere imponer restricciones similares a las que se acaban de implantar en los coffeeshops. No se podrá despachar marihuana a los no uruguayos y estos solo podrán adquirir 30 gramos por persona y año.
Si la experiencia da resultado, Uruguay podría estar señalando el camino a países vecinos que se desangran por el narcotráfico y ni siquiera obtienen beneficio económico de lo que producen. El mercado del cánnabis en Uruguay —3,5 millones de habitantes— mueve, según el Gobierno, 58 millones de euros al año. Las cifras de los demás son más tentadoras.
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