Nueva condena a Guatemala por una matanza de campesinos
Cinco masacres entre 1980 y 1982 acabaron con la comunidad de Río Negro
José Elías
Ciudad de Guatemala
20 OCT 2012 - 02:51 CET11
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH, con sede en San José de Costa Rica), ha anunciado este viernes
la condena contra el Estado de Guatemala por cinco masacres perpetradas
contra el pueblo indígena de Río Negro (Baja Verapaz, norte del país),
donde, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH,
patrocinada por la ONU) “murieron 500 personas, hay una cantidad no
especificada de desaparecidos, 16 niños y niñas fueron secuestrados,
mientras las mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales masivas”.
El fallo condena al Estado guatemalteco a reconocer públicamente su responsabilidad en este caso y a construir obras de infraestructura y servicios básicos para la comunidad. La Corte también considera que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordena al Estado a “investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva, los hechos que originaron las violaciones declaradas (…) con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables”. Añade que se debe efectuar una búsqueda efectiva del paradero de los desaparecidos, así como la localización e identificación de los ejecutados.
El abogado Manuel Conde, el primer negociador gubernamental del proceso que culminó con la firma de la paz entre Guatemala y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de diciembre de 1996, dijo a EL PAÍS que el espíritu de la Comisión de Esclarecimiento Histórico establece que su misión no es individualizar responsabilidades de lo ocurrido durante el enfrentamiento, por lo que sus conclusiones no podrían tener alcances penales. “Si la CIDH basa su resolución en tal informe, contraviene ese espíritu”, dijo Conde, quien subraya que lo que se pretendía era conocer lo ocurrido “para que no se olvide, para que no se repita”.
El analista añadió que el Estado guatemalteco está representado ante la CIDH por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Coprede), entidad que ha estado dirigida por personas que fueron parte del conflicto, por su militancia en la entonces guerrillera URNG. En todo caso, dijo, ahora está obligado a cumplir con los contenidos de la sentencia.
El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico respecto a la comunidad de Río Negro recoge que los secuestros de 16 niños fueron perpetrados por las tristemente célebres Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), quienes secuestraron a los menores y los obligaron a permanecer bajo su potestad en un régimen de trabajos forzados a favor de los verdugos de sus padres. Los varones debían realizar trabajos agrícolas, mientras las niñas trabajaban en labores domésticas, como cocinar y lavar la ropa.
El texto concluye que este caso no fue un hecho aislado. “El caso es ilustrativo de otras situaciones en que las PAC se hacen cargo de niños supervivientes a masacres, negándoles el derecho a una vida digna y a la posibilidad de gozar de las garantías mínimas otorgadas a los menores tanto por la legislación guatemalteca como por el derecho internacional”.
El fallo condena al Estado guatemalteco a reconocer públicamente su responsabilidad en este caso y a construir obras de infraestructura y servicios básicos para la comunidad. La Corte también considera que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordena al Estado a “investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva, los hechos que originaron las violaciones declaradas (…) con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables”. Añade que se debe efectuar una búsqueda efectiva del paradero de los desaparecidos, así como la localización e identificación de los ejecutados.
El abogado Manuel Conde, el primer negociador gubernamental del proceso que culminó con la firma de la paz entre Guatemala y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de diciembre de 1996, dijo a EL PAÍS que el espíritu de la Comisión de Esclarecimiento Histórico establece que su misión no es individualizar responsabilidades de lo ocurrido durante el enfrentamiento, por lo que sus conclusiones no podrían tener alcances penales. “Si la CIDH basa su resolución en tal informe, contraviene ese espíritu”, dijo Conde, quien subraya que lo que se pretendía era conocer lo ocurrido “para que no se olvide, para que no se repita”.
El analista añadió que el Estado guatemalteco está representado ante la CIDH por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Coprede), entidad que ha estado dirigida por personas que fueron parte del conflicto, por su militancia en la entonces guerrillera URNG. En todo caso, dijo, ahora está obligado a cumplir con los contenidos de la sentencia.
El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico respecto a la comunidad de Río Negro recoge que los secuestros de 16 niños fueron perpetrados por las tristemente célebres Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), quienes secuestraron a los menores y los obligaron a permanecer bajo su potestad en un régimen de trabajos forzados a favor de los verdugos de sus padres. Los varones debían realizar trabajos agrícolas, mientras las niñas trabajaban en labores domésticas, como cocinar y lavar la ropa.
El texto concluye que este caso no fue un hecho aislado. “El caso es ilustrativo de otras situaciones en que las PAC se hacen cargo de niños supervivientes a masacres, negándoles el derecho a una vida digna y a la posibilidad de gozar de las garantías mínimas otorgadas a los menores tanto por la legislación guatemalteca como por el derecho internacional”.
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