Rápidos y furiosos.

Rápidos y furiosos... contra los débiles

Víctor M. Quintana S.

Israel Arzate Meléndez reúne las dos características básicas para ser criminalizado en este proceso de militarización iniciado por Calderón con su guerra al narcotráfico: es joven y es pobre. Luego de la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 30 de enero de 2010, las autoridades se apresuraron en aprehender o fabricar a los presuntos responsables para presentarlos al Presidente antes de su visita a la frontera el 12 de febrero. Fue así como elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Israel, entonces de 24 años, quien vivía con su pareja y con su pequeño hijo, el 3 de febrero de aquel año. Lo torturaron física y sicológicamente para que se autoinculpara en la masacre.

Tres organismos defensores de derechos humanos, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, el Centro Juárez de Apoyo al Migrante, AC, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, AC, han retomado el caso.
Israel vendía discos en un puestecito afuera de la estética donde trabaja su esposa. Fue detenido por los soldados sin orden judicial alguna y conducido a las instalaciones militares, donde lo torturaron, lo vejaron y lo mantuvieron incomunicado por 36 horas. Un día después lo presentaron al agente del Ministerio Público por supuesta flagrancia en la posesión de un vehículo robado. Inexplicable e ilegalmente, en lugar de quedar retenido por las autoridades judiciales fue puesto de nuevo bajo custodia del Ejército. Otra vez lo torturaron; lo amenazaron con violar a su compañera si no se declaraba culpable de haber cometido homicidio en perjuicio de los 15 jóvenes de Salvárcar y en grado de tentativa contra 10 personas más. El 6 de febrero lo obligaron a reconocer a otros presuntos participantes en la masacre y la entonces procuradora general de Justicia los presentó de manera triunfal a los medios de comunicación. Todas las declaraciones de ley las hizo Israel con signos evidentes de tortura, posteriormente confirmada por la CNDH.
El 9 de febrero de ese año, Israel fue sacado del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez y entregado por agentes de la policía estatal a elementos del Ejército, quienes volvieron a torturarlo y lo regresaron al Cereso esa misma noche. Desde entonces, la historia de Israel ha sido una cadena de actuaciones inexplicables por parte de juzgadores y de los mismos defensores de oficio. El 11 de febrero, en la audiencia de vinculación a proceso, a pesar de que se desahogaron testimonios que demostraban que la noche de la masacre en Villas de Salvárcar, Israel se encontraba en una reunión a una distancia aproximada de 40 minutos del lugar de los hechos, y a pesar de que él volvió a declarar haber sido torturado para inculparse, la juez, dejando de lado la presunción de inocencia, lo vinculó a dos juicios: uno por homicidio y tentativa de homicidio y otro por posesión de vehículo robado. La juez nunca dio vista al Ministerio Público de la denuncia de tortura. A punto de cumplirse el año límite para la prisión preventiva, a Israel se le impuso la medida cautelar del arraigo domiciliario, por tres meses, pero de manera totalmente arbitraria, porque se le arraigó ¡en la Academia de Policía Estatal!
Gracias a la intervención de los centros de derechos humanos, a partir de febrero de 2011 se interpusieron demandas en razón de las graves violaciones procesales cometidas en agravio de Israel. La defensa presentó también la lectura del Protocolo de Estambul practicado por personal calificado de la CNDH, demostrando la tortura y la declaración bajo coacción de Israel. El 31 de agosto de 2011, la CNDH emitió la recomendación 49/2011 acreditando la tortura y la coacción perpetradas por elementos castrenses. En diciembre de 2011, Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento público señalando su preocupación porque las autoridades judiciales sigan aceptando como pruebas las confesiones obtenidas mediante tortura. Y Human Rights Watch en su informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, de noviembre de 2011, retomó el caso de Israel como paradigmático de las detenciones arbitrarias y torturas perpetradas por el Ejército. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en la opinión 67/2011 declaró arbitraria la detención de Israel y consideró grave que la juez de garantías no tomara las denuncias que Israel hizo valer en su audiencia de vinculación a proceso.

Contra todo esto, quienes defienden a Israel lograron una importante victoria el 23 de septiembre pasado cuando un juez estatal dictó orden judicial para que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo transfiriera a arresto domiciliario en casa de su madre en lugar de estar recluido en la Academia Estatal de Policía. A pesar de los pretextos esgrimidos por la Fiscalía de Ejecución de Penas para no trasladarlo ahí, arguyendo que la casa de la madre es insegura, y de que alegan que sus servicios de inteligencia les reportan que hay varias amenazas de muerte contra el joven, quienes defienden y apoyan a Israel lograron adaptar la casa y ya se le trasladó allí.
A lo largo de todo el proceso, como en muchos de estos casos, la madre de Israel, Guadalupe Meléndez, ha ido convirtiendo su dolor y su rabia en activismo, en preparación para litigar y defender los derechos humanos. Hace poco, se dirigió en estos términos a las víctimas de Villas de Salvárcar, a quienes no se les ha hecho justicia y se presiona para que no acepten la libertad de Israel: Ustedes han visto mucha violencia, pero sobre todo mucha injusticia en Ciudad Juárez. No les pedimos silencio ni resignación, sólo el beneficio de la duda. Porque lo más grave es que, siendo Israel inocente, eso quiere decir que el verdadero responsable sigue libre. Sólo unidos acabaremos con la violencia y la injusticia.
Si en Colombia se convierte en falsos positivos a jóvenes pobres, campesinos, a quienes se disfraza de guerrilleros y ejecuta para mostrar los avances del ejército contra la guerrilla, en México los falsos positivos son también los jóvenes pobres como Israel a quienes se criminaliza y se tortura para que el gobierno presuma de sus logros en su insensata guerra contra el narcotráfico.
Rápidos y furiosos actúan contra los jóvenes pobres, contra los débiles. Así deberían actuar –y no con la abulia calderoniana– contra las autoridades estadunidenses que introdujeron las armas con las que se asesinó a otros jóvenes pobres, también en Villas de Salvárcar.