Es el desastre perfecto. El joven oficial de aduanas y migración Jaime Zapata debería estar vivo. De uno de los enormes agujeros de la llamada justicia mexicana surgieron las balas que el pasado 15 de febrero le mataron en una carretera de San Luis Potosí (centro de México).
Decir que debería estar vivo no es licencia poética. No sólo fue absurda su muerte (los delincuentes han confesado que Jaime fue "confundido" con criminales rivales), sino que por principio de cuentas su homicida tendría que haber estado el día de los hechos en una cárcel: había sido detenido en 2009 con armas cuya posesión constituye un delito grave. Nadie atina a explicar aún cómo fue posible que fuera liberado hace más de un año.
Si el muerto hubiera sido un ciudadano mexicano, el caso difícilmente habría alcanzado las primeras planas (así de común se han vuelto los absurdos en este país). Pero hay que aclarar que a pesar de su castizo nombre, Jaime Zapata era un agente estadounidense adscrito a México. El desastre será no sólo perfecto, sino diplomático.
Salvo el Ejército Mexicano (que en las dos ocasiones detuvo al presunto delincuente), quizá nadie saldrá bien parado de este episodio. Quedará en duda, para empezar, la utilidad de la denuncia ciudadana. Desde que el Presidente Felipe Calderón inició el combate al crimen organizado en diciembre de 2006, el gobierno ha insistido en la necesidad de que la población denuncie actividades y personas "sospechosas".
La detención en diciembre de 2009 de Julián Zapata Espinoza (sí, comparte apellido con el asesinado) se logró gracias a una denuncia ciudadana. Se le detuvo, junto con otras seis personas, con "cuatro armas largas y tres cortas", según las crónicas periodísticas, además tenían en su poder 692 cartuchos de distintos calibres. El Ejército lo puso a disposición de la fiscalía federal y ahí comienza la bruma.
Un diario, El Universal, dice que Julián Zapata Espinoza dejó la cárcel gracias a que pagó una fianza. Otro diario, Pulso, dice que aun en libertad el inculpado tenía que acudir a firmar semanalmente, cosa que suspendió en enero de 2010, por lo que se ordenó la reaprehensión... Pero otra información publicada la mañana del jueves nos dice lo que ya intuíamos: hay más de 800 mil órdenes de aprehensión, entre ellas 120 mil de re-aprehensión, que no han sido ejecutadas por policías de todo el país. Quizá, y sólo quizá, una de ellas era la del acusado de asesinar a Jaime Zapata.
Otro de los absurdos de esta tragedia es que desde hace meses se sabe que San Luis Potosí está en poder de los delincuentes. La prensa vive bajo acoso, y los ciudadanos en la indefensión. Incluso, desde septiembre pasado transportistas han demandado seguridad ante la frecuencia de los asaltos que padecen en las carreteras potosinas. Ni más ni menos hace tres semanas, días antes de esta tragedia, de nueva cuenta los industriales de la transportación habían pagado anuncios en la prensa para exigir al gobierno protección.
El vehículo en que se transportaban los oficiales de aduanas (junto a Zapata iba el también agente Víctor Ávila, que resultó herido) contaba con blindaje, pero según ha trascendido al detenerse se abrieron los seguros de las puertas, lo que fue aprovechado por los asesinos. El incidente dará fuerza a las voces que desde Washington piden que se autorice a personal de EEUU a portar armas para su defensa (aunque también ha habido cuestionamientos en Estados Unidos sobre si no hubo errores de procedimiento de los agentes, que viajaban en una vistosa camioneta en la que es calificada por Milenio como la "carretera más peligrosa de México").
Me corrijo: quizá ni el Ejército salga bien librado de todo este asunto. En las redes sociales ya se reclama que tuvo que ocurrir la muerte de un estadounidense para que en cosa de una semana fueran capturados los presuntos implicados. Un éxito que palidece ante miles y miles de casos sin resolver. Qué pena con los vecinos americanos, pero sobre todo qué pena nuestro caso, sabíamos que San Luis vive asolado por los delincuentes, y poco o nada hemos hecho.
*Foto tomada de la portada del diario Pulso, de San Luis Potosí. En ella se exhibe la imagen del acusado Julián Zapata Espinoza, tanto el miércoles 23 de febrero cuando fue presentado a la prensa, como en la ocasión de 2009, cuando fue detenido originalmente.
Por Salvador Camarena.
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