Venezuela tiene hipotecado su futuro. Décadas de un imparable endeudamiento público interno y externo han puesto al país petrolero contra la pared, sobre todo en los últimos 10 años, cuando solo los compromisos públicos internos se han disparado más de un 1.000% ante la necesidad imperiosa del Gobierno del presidente Hugo Chávez de financiar sus programas sociales, y, en especial, el crecimiento descontrolado y desorganizado de un Estado que ha vuelto a depender casi en su totalidad del volátil precio del petróleo. "Estamos sobre una bomba de tiempo.
El Estado ha tenido que recurrir a un endeudamiento irresponsable que compromete esta y futuras generaciones", dice Leonardo Palacios, experto en temas fiscales y finanzas públicas.
El Gobierno de Chávez asegura que el endeudamiento público es "manejable" y está en niveles "adecuados". Según el Ministerio de Planificación y Finanzas, al cierre del tercer trimestre de 2010 la deuda pública interna alcanzó los 83.047 millones de bolívares fuertes (19.313 millones de dólares). En 2000, la deuda pública interna era de 7.254 millones de bolívares fuertes (1.686 millones de dólares): ha crecido un 1.045% en una década. La deuda externa pasó de 21.727 millones de dólares a 36.847 millones en el mismo periodo, un 69,5% más.
Si bien el endeudamiento interno venezolano comenzó a galopar sin freno a finales de los setenta, en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez, con una etapa de colocación desordenada de deuda, sobre todo externa, que se extendió durante los siguientes gobiernos socialcristianos y socialdemócratas, ha sido desde 2000, al comienzo del mandato de Chávez, cuando ha comenzado a crecer de forma exponencial.
"Se ha hecho cabalgar el socialismo del siglo XXI sobre el petróleo y la forma de control de las actividades es absolutamente inviable", afirma Palacios, que asegura que el incremento de la deuda pública interna obedece al afán del Estado de ocupar áreas económicas mediante mecanismos de intervención.
Desde hace unos años, el Gobierno ha comenzado un proceso de expropiaciones en áreas clave del sector privado -entre ellos el sector cementero, el bancario, los servicios petroleros y la producción y distribución de alimentos- que lleva al país a asumir unos compromisos para pagar esas intervenciones.
"Es una forma de estatalización a través de la apropiación de todo lo que es actividad privada y si se le aúna el compromiso laboral con los trabajadores de las entidades que se van expropiando, no existe capacidad de maniobra del Estado para que hacer frente a la reducción del gasto". A esto se suman los recursos destinados para suministrar divisas al sector importador a un dólar preferencial (actualmente a 4,30 bolívares por dólar) y a la financiación de proyectos sociales para paliar la pobreza.
Es paradójico que en el periodo más extenso de bonanza petrolera, Venezuela, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), parece no haberse beneficiado de los altos precios del crudo en los mercados internacionales. El economista Orlando Ochoa, en declaraciones al diario El Mundo de Venezuela, afirma que, incluso con un precio de petróleo de más del doble del fijado en el presupuesto, "los excedentes petroleros no son suficientes para cubrir el gasto público" por problemas en los niveles de exportación y de cobranza.
Según Palacios, Venezuela ha dilapidado muchos de sus ingresos tratando de aparentar que no se ve afectada por la crisis financiera internacional. Con los recursos petroleros, que representan más del 90% de los ingresos del Estado tras la intervención estatal en el sector privado de los últimos años, el Gobierno de Chávez financia plantas eléctricas en Cuba, carreteras en Nicaragua y diversas obras de infraestructura en Bolivia y Ecuador.
"Los compromisos internacionales del Gobierno para tratar de ganarse apoyo político de algunas naciones, para dar una imagen en el extranjero de que hay estabilidad económica y que no ha sufrido la crisis del capitalismo y la carencia de una planificación real de los ingresos petroleros no son paliativos de las necesidades del pueblo", asegura, por su parte, el analista Leonardo Chirinos, secretario del partido Piensa en Democracia.
Venezuela, con la inflación más alta del continente, tuvo que devaluar su moneda en 2010 y, en opinión de Palacios, no sería extraño "que se produjera otra devaluación para financiar gasto público a mitad de este año". El próximo año hay elecciones presidenciales, lo que es sinónimo de gastos extraordinarios si la intención de Chávez es mantenerse otros seis años en el poder, opinan algunos analistas.
Además, la inseguridad jurídica que existe con las medidas populistas de Chávez y sus ataques a la propiedad privada ha afectado seriamente a la imagen del país. "Venezuela ya no es el polo de atracción preferente para los inversores, ya no podemos competir con las economías emergentes latinoamericanas.
Venezuela ya no es un país destino de capitales de inversión fija o golondrinas [inversiones que se mantienen poco tiempo]", afirma Palacios. Según la agencia de calificación Moody's, el país cuenta con un ambiente político caracterizado por "la baja transparencia y una política económica heterodoxa que amenaza a largo plazo la sostenibilidad económica" del país.
Sin embargo, los analistas advierten de que Venezuela podría tener un respiro con la crisis en los países árabes, que ha disparado el precio del petróleo a niveles de hasta 120 dólares el barril. "La pregunta es hasta cuándo se puede ir posponiendo el problema", dice Palacios.
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