Causa polémica postura de Guatemala ante CIDH; propone limitar casos
El país centroamericano señaló
que notificará a la Corte que no se responsabilizará de condenas por
casos ocurridos antes de 1987, argumentando falta de presupuesto.
Notimex
Publicado: 04/01/2013 15:39
Publicado: 04/01/2013 15:39
Guatemala. Activistas reiteraron este viernes sus críticas
a la intención del gobierno de Guatemala de limitar los casos
juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por
denuncias de víctimas del conflicto armado interno.
Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) entidad que representa a familias de 45 mil desaparecidos en el pasado conflicto armado interno- lamentó que el gobierno busque que la corte interamericana se abstenga de juzgar denuncias de casos ocurridos antes de 1987.
El gobierno argumentó la falta de presupuesto para pagar "las millonarias sentencias" emitidas por la corte interamericana por numerosos fallos contra el Estado.
Por lo que señaló que notificará a la CIDH, con sede en Costa Rica, que no se responsabilizará de condenas por casos ocurridos antes de 1987.
Polanco indicó que el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado por ley y con presupuesto propio que se asigna cada año, vencerá en diciembre próximo tras 11 años de operar por un acuerdo del gobierno del presidente Alfonso Portillo (2000-2004).
El PNR es uno de los compromisos del acuerdo de paz suscrito el 29 de diciembre de 1996 por el gobierno y la guerrilla de Guatemala, avalado por Naciones Unidas, que finalizó un conflicto armado interno que en 36 años causó 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.
Por su parte, el director del PNR, Jorge Herrera, dijo a periodistas que gestionan la prórroga de la institución por un período de entre siete y 10 años a partir del 2014, y abogó por un fortalecimiento financiero de la entidad para que cumpla su función de manera más adecuada.
Precisó que en nueve años de funcionamiento, el PNR ha pagado un monto de 622 millones de quetzales (78 millones de dólares) para el "resarcimiento de manera directa" de 29 mil familias de víctimas o sobrevivientes del pasado conflicto armado interno.
Dijo que el pago en promedio por cada caso es de 24 mil quetzales (tres mil dólares), en tanto que las sentencias emitidas por la CIDH contra el Estado de Guatemala son de unos 25 mil dólares por cada afectado.
El funcionario señaló que el Estado de Guatemala, además de haber cumplido los compromisos en unos 14 fallos emitidos por la corte, tiene pendiente de cubrir el pago por otras 17 sentencias que ascienden a unos 21 millones de dólares, para lo cual "no se tiene presupuesto".
Polanco afirmó que pretender desconocer los fallos de la corte interamericana en relación a casos de la pasada guerra interna -ocurridos antes de 1987-, es "una forma de evadir responsabilidades y fomentar la impunidad" de parte del gobierno.
El dirigente del GAM sostuvo que los familiares de las víctimas secuestradas, desaparecidas o ejecutadas por las fuerzas de seguridad- "no buscan un resarcimiento o beneficio económico sino justicia para sus seres queridos".
Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) entidad que representa a familias de 45 mil desaparecidos en el pasado conflicto armado interno- lamentó que el gobierno busque que la corte interamericana se abstenga de juzgar denuncias de casos ocurridos antes de 1987.
El gobierno argumentó la falta de presupuesto para pagar "las millonarias sentencias" emitidas por la corte interamericana por numerosos fallos contra el Estado.
Por lo que señaló que notificará a la CIDH, con sede en Costa Rica, que no se responsabilizará de condenas por casos ocurridos antes de 1987.
Polanco indicó que el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado por ley y con presupuesto propio que se asigna cada año, vencerá en diciembre próximo tras 11 años de operar por un acuerdo del gobierno del presidente Alfonso Portillo (2000-2004).
El PNR es uno de los compromisos del acuerdo de paz suscrito el 29 de diciembre de 1996 por el gobierno y la guerrilla de Guatemala, avalado por Naciones Unidas, que finalizó un conflicto armado interno que en 36 años causó 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.
Por su parte, el director del PNR, Jorge Herrera, dijo a periodistas que gestionan la prórroga de la institución por un período de entre siete y 10 años a partir del 2014, y abogó por un fortalecimiento financiero de la entidad para que cumpla su función de manera más adecuada.
Precisó que en nueve años de funcionamiento, el PNR ha pagado un monto de 622 millones de quetzales (78 millones de dólares) para el "resarcimiento de manera directa" de 29 mil familias de víctimas o sobrevivientes del pasado conflicto armado interno.
Dijo que el pago en promedio por cada caso es de 24 mil quetzales (tres mil dólares), en tanto que las sentencias emitidas por la CIDH contra el Estado de Guatemala son de unos 25 mil dólares por cada afectado.
El funcionario señaló que el Estado de Guatemala, además de haber cumplido los compromisos en unos 14 fallos emitidos por la corte, tiene pendiente de cubrir el pago por otras 17 sentencias que ascienden a unos 21 millones de dólares, para lo cual "no se tiene presupuesto".
Polanco afirmó que pretender desconocer los fallos de la corte interamericana en relación a casos de la pasada guerra interna -ocurridos antes de 1987-, es "una forma de evadir responsabilidades y fomentar la impunidad" de parte del gobierno.
El dirigente del GAM sostuvo que los familiares de las víctimas secuestradas, desaparecidas o ejecutadas por las fuerzas de seguridad- "no buscan un resarcimiento o beneficio económico sino justicia para sus seres queridos".
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